Imagen del pleno de la Diputación celebrado este martes. Foto: DIVALLa oposición pregunta al presidente de la Diputación si contratará a José Luis Vera tras el cierre de la empresa, pero evita responder
VALÈNCIA. La Junta General de Divalterra, equivalente al pleno de la Diputación de Valencia, aprobó ayer martes, con los votos a favor del PSPV, Compromís y La Vall Ens Uneix, la propuesta del presidente de la corporación, Toni Gaspar, para la disolución de la empresa pública y el nombramiento de sus liquidadores.
Tras su funcionamiento desde 1989, centro –a su pesar– de varios casos de corrupción y tras varios años de que se hablara de cierre sin que se ejecutara, éste salió adelante en apenas 20 minutos de sesión y sin apenas debate con los partidos de la oposición.
Como resultaba previsible, el texto llevado por Gaspar obtuvo luz verde. En él también se incluía, tal como informó Valencia Plaza, que se encargue de la liquidación la firma madrileña Afianza Asesores por una retribución de 210.000 euros sin impuestos para el primer año (aprobado sin votos en contra); y el cese del Consejo de Administración de Divalterra, algunos de cuyos miembros han estado en el puesto menos de tres meses.
Tras este paso, faltará por saber la fecha en la que se producirá el traspaso de personal y competencias desde la mercantil hacia el Consorcio Provincial de Bomberos y la propia Diputación. De todo ello se encargarán los liquidadores.
La manera en la que se está produciendo la disolución de la empresa ha generado duras críticas desde la oposición y los sindicatos. El portavoz del PP, Vicente Mompó, lamentó la "falta de transparencia y motivación real" de un cierre que cree que se produce "sin negociación y con varios asuntos bajo investigación". "Ustedes, con su mayoría, disuelven su buque insignia, el que cambiaron de nombre, y el que querían que fuera icono de la 'nueva Diputación'. Sólo ustedes saben el porqué lo van hacer realmente", reprochó.
Así, remarcó que todo esto se produce tras un "tremendo lío en el proceso de selección de la jefa de personal por el que intentaron que el Consejo adoptara una decisión que no le competía, tratando de revocar la decisión del tribunal de selección y que sólo un juez puede cambiar". "Como consecuencia de esta irregularidad, dimitió medio Consejo", indicó Mompó, quien añadió que Gaspar "amagó con disolver Divalterra en los medios de comunicación "pero luego reculó y se nombraron nuevos consejeros en un último intento de revocar la elección de la jefa de personal". En esta línea, comentó que la Fiscalía decidió archivar la denuncia al respecto del nombramiento de la jefa de Recursos Humanos pero "dejó abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial", lo cual están "explorando".
Para Mompó, ahora surgen tres grandes dudas. La primera, "qué pasará con el jefe de prevención de riesgos penales de Divalterra, José Luis Vera, que sigue en el cargo tras su presunta implicación en el caso Azud y al que sostiene que "le están haciendo ustedes un puente de plata para que termine integrándose en la Diputación". La segunda, "cuál ha sido el proceso para nombrar a los liquidadores", ya que ha cuestionado que se haya adjudicado ya a la empresa por 210.000 euros en un proceso "sin transparencia". Y la tercera, la "falta de justificación" de los 40.000 euros que transfirió Divalterra a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la constitución de la fundación Cical, impulsada por el que fuera número tres del PSPV José Manuel Orengo.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, instó a los liquidadores de Divalterra a cesar a José Luis Vera. "La Junta General debería advertir a los liquidadores de su situación procesal y apartarlo de su cargo como responsable de asuntos jurídicos y prevención del delito de la empresa pública", señaló.
En este sentido, confirmó que han presentado un recurso de reposición para que se declare nulo el acuerdo de disolución de la empresa del pasado 4 de junio". "Se cometió un error de forma, no estaba la documentación disponible en el momento de la convocatoria del pleno, y se incumplió así la ley; por lo tanto, el acuerdo adoptado es contrario a derecho", defendió.
Gaspar lamentó las afirmaciones "inciertas" del PP y, sobre Vera, respondió a Ciudadanos que a él le importan todos los trabajadores. Aun así, los portavoces de la oposición no tuvieron turno de réplica, por lo que todo se solucionó de manera exprés ante el enfado que siguen acumulando los sindicatos por el modo en el que se integrará el personal en la Diputación.
