VALÈNCIA. Los municipios con costa de la Comunitat Valenciana volverán a contar este verano -si la pandemia lo permite- con vigilantes que se encarguen de controlar el acceso y aforo a las playas, así como de garantizar que se respete la distancia de seguridad entre los bañistas. Una medida que el Gobierno valenciano puso en marcha el año pasado y que ahora, un año después y con la covid-19 aún condicionando el día a día de todos los ciudadanos, la Generalitat volverá a repetir para que las zonas costeras cumplan estrictamente con las recomendaciones sanitarias.
El programa piloto puesto en marcha en los meses de julio y agosto del año pasado tendrá, a grosso modo, las mismas condiciones que en su primera edición. Pero sí sufrirá cambios en lo que respecta al menos a su puesta en marcha; como ejemplo, en esta ocasión será Labora quien gestione el plan y los ayuntamientos los que contraten al personal. En 2020, por contra, fue la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) la que dirigió el programa, si bien las contrataciones finalmente también dependían del servicio de empleo de la Generalitat.
Desde hace unos días la Conselleria de Economía, y en particular la Secretaría Autonómica de Empleo, trabaja en los detalles del nuevo decreto de los vigilantes de la playa. Entre otras cuestiones, se analiza que la duración de las contrataciones oscile entre tres meses y medio o cuatro, algo que todavía está por definir. Un plazo que en cualquier caso supondría ampliar el periodo de contratación respecto al ejercicio anterior, dado que en 2020 estos auxiliares trabajaron un total de dos meses y medio -del 24 de junio al 7 de septiembre-. Ahora, por tanto, supondría prorrogarlo como mínimo un mes más de lo que duró en su primera edición.
Respecto a los detalles que ya están cerrados, según ha podido saber este diario, destaca que la cantidad de vigilantes de playa volverá a ser la misma y los sueldos serán similares a los percibidos entonces. El año pasado, conviene recordar, se contrataron a un total de 1.000 personas para cubrir todo el litoral valenciano y se creó una bolsa con 500 reservas más por si se producían bajas o renuncias. De hecho, apenas dos semanas después de comenzar el verano, un centenar de los seleccionados rechazaron su plaza.
Este millar de personas percibieron un salario de 1.384,95 euros mensuales, y al finalizar el contrato se les liquidó la parte proporcional de las pagas extra y las vacaciones, lo que sumaba 574,64 euros. En total, 4.037 euros brutos por los dos meses y medio de empleo. Con estos mimbres, la Generalitat estima que la puesta en marcha de este programa supondrá ahora una inversión de entre 4,5 y 5 millones de euros aproximadamente, si bien el año pasado se alcanzaron los 7,4 millones de euros.
Otra diferencia significativa respecto al programa piloto, es que en esta ocasión las personas que se contraten no serán nombrados funcionarios interinos de grupo C2 de la Generalitat, sino que serán personal laboral, por lo que los contratos que suscriban con los ayuntamientos serán por obra o servicio y no formarán parte del cuerpo de funcionarios de la Administración valenciana.
En este sentido, en los próximos meses Labora publicará la convocatoria en su página web y se encargará de recibir las solicitudes y hacer la preselección de los aspirantes. Una fase en la que no solo se tendrán en cuenta que los candidatos cumplan los requisitos de acceso -ser mayor de 18 y menor de 30, entre otros-, sino que también se valorará la formación adecuada. Es decir, si el parado o parada detalla que su empleo anhelado es de docente, no será dirigido hacia esta programa, sino que se fijarán en perfiles profesionales que se encaminen hacia el turismo o el sector servicios.
Una vez la preselección se haya realizado, serán los ayuntamientos los que indiquen a la Generalitat las necesidades que tengan. Esto es, que detallen la cantidad de vigilantes de playa que requieren. Y, como último paso, el Gobierno valenciano trasladará una subvención a estos consistorios para sean estos los que se encarguen de contratar al personal. En el primer programa, sin embargo, directamente lo hacía el servicio de empleo autonómico.
El motivo por el que se ha decidido cambiar ahora la forma de gestionar el programa radica en que, a raíz de la experiencia del año pasado, el Consell detectó que varios aspirantes se apuntaron a la oferta de empleo pero tras publicarse la resolución que asignaba a cada uno de ellos un destino, decidían rechazar el puesto porque el municipio costero que les había tocado se encontraba excesivamente lejos de sus domicilios, lo que les obligaba a alquilar una vivienda para poder trabajar. Algo que, no obstante, no salía tampoco rentable. Ahora, por tanto, la intención es que sean los ayuntamientos los que contraten al personal a través de sus espacios Labora.
La puesta en marcha de la contratación de vigilantes de la playa se ha iniciado este año con mayor antelación que en el ejercicio anterior, cuando el programa piloto se diseñó a principios del mes de junio ante la gran incertidumbre que imperaba en los municipios costeros, que no sabían cómo afrontar el periodo estival y hacer de sus playas un lugar seguro.
Entre los deberes que tendrán estos auxiliares, destaca la de hacer cumplir con la nueva normativa sobre el uso de las mascarillas en las playas. A pesar de que en la llamada ley de 'nueva normalidad' aprobada hace unas semanas en el Congreso de los Diputados se obligaba a utilizar las mascarillas aún cuando existiera distancia de seguridad, este miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud realizó una nueva interpretación por el que limita su uso en estos espacios a cuando no se pueda respetar la distancia de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes en momentos de descanso.
Con todo, conviene recordar que el fin del estado de alarma se prevé para el próximo 9 de mayo, según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una fecha a partir de la que podrá comprobarse cuál es la evolución de la pandemia después de Semana Santa y Pascua y cómo afrontan las zonas costeras el fin de la primavera y el inicio de las vacaciones estivales.
Otro de los factores que podrían condicionar el verano de 2020, será el ritmo de vacunación que lleve el país. Aunque el jefe del Ejecutivo anunció que el calendario de vacunación permitirá que el 70% de la población esté vacunada a finales de agosto, queda por ver cómo afecta a esta previsión la suspensión de Astrazeneca a los menores de 60 años.