"El Gobierno quiere que ahorremos pero nos quita clientela y además exige gastos adicionales"

VALÈNCIA. El Consejo de Ministros aprobó este lunes un primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética que afecta a grandes almacenes, edificios públicos, centros comerciales y grandes almacenes, pero también concierne a la hostelería y al pequeño comercio, dos sectores que todavía se encuentran en plena fase de recuperación tras los estragos de la pandemia, que sin duda también ha hecho mella en la capacidad adquisitiva de la clientela.

Tanto es así que estos establecimientos están haciendo esfuerzos por mantenerse a flote y tratan de captar la atención de los transeúntes manteniendo sus puertas abiertas, con luces llamativas en los escaparates o con el interior climatizado a una temperatura mucho más baja y agradable que la que los termómetros marcan en pleno centro de València.

No obstante, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique las nuevas medidas, estas tiendas y bares tendrán una semana de plazo para limitar el uso del aire acondicionado a 27 grados y en invierno la calefacción deberá estar en torno a los 19 grados. Para dar cuenta de que cumplen con esta orden tendrán que implementar un termómetro a la vista del público. Además, será obligatorio a partir del 30 de septiembre que las puertas en locales y edificios sean de cierre automático, lo que impedirá que se pierda el frío o el calor del interior.

La aprobación de este paquete ha llegado al mismo tiempo que el mes de agosto y ha cogido por sorpresa a algunos propietarios de establecimientos en la zona de Colón, que no esconden su descontento. “Con el sol que hace, lo único que desea la gente es acercarse para que pedir un refresco o una tapa; tenemos puesto el aire acondicionado porque si no tienes o lo tienes muy bajo, no entran”, sostiene Isaac, copropietario del bar Mi Tierra en la calle Pérez Pujol, con quien ha podido hablar Valencia Plaza.

Pablo, su compañero, señala la puerta de cristal abierta de par en par y niega con la cabeza: “Nosotros, por ejemplo, no podríamos instalar una puerta con cierre automático porque no tenemos espacio, es muy pequeño. Y una de estas nos costaría entre 5.000 y 6000 euros”, añade. Además, asegura que tener un cierre automático dificultaría la entrada y salida del lugar a los camareros que atienden y sirven a los comensales de la terraza. “El Gobierno quiere que ahorremos pero nos quita clientela y además nos exige gastos, no tiene ningún sentido”,  apostilla Isaac.

Por su parte, Marta -nombre ficticio para preservar el anonimato- encargada en la tienda de ropa Ventura de la calle Roger de Lauria, expresa su preocupación por si los futuros cambios pudiesen repercutir en el nivel de ventas: “Una puerta cerrada no invita a los clientes a entrar. Yo no la tengo abierta por gusto, sino por necesidad. La tendría cerrada para no gastar energía, pero no entraría gente. No me podría permitir una con cierre automático”, señala.

La propietaria del establecimiento insiste en que para llevar a cabo la propuesta del Gobierno es necesaria la "ayuda" económica: “Lo único que hace es pedir que realicemos cambios, el pequeño comercio ya de por sí está perjudicado después de la pandemia que hemos pasado, cuesta mucho seguir con la puerta abierta como para que encima nos la cierren”, concluye. 

"No se sabe si se va a producir ese ahorro"

El presidente de Confecomerç, la Confederación de Comercio de la Comunitat Valenciana, Rafael Torres, explica a este periódico que el Gobierno central ha tomado esta decisión sin consultar previamente a las confederaciones autonómicas. “Llevamos más de dos años esperando la creación de una Mesa de Comercio para acordar este tipo de medidas; hace falta más diálogo, más concienciación y menos imposiciones que sean por decreto ley. No se sabe si se va a producir ese ahorro”, determina. 

Torres recuerda que el pequeño comercio “representa solo un 13% del gasto energético en la Comunitat Valenciana” y hace hincapié en la necesidad de tomar en consideración “el tamaño y las características” de cada espacio para aplicar las medidas. “No tiene sentido que sea el mismo traje para todos; el empresario es el que mejor sabe cuál es la temperatura idónea para su establecimiento”, asegura. 

Además, alerta sobre el escaso margen de maniobra de los comercios tras la crisis de la covid: “Tenemos un problema con la demanda porque el consumidor compra menos y, por otro lado, está la subida de costes. Es absurdo poner en riesgo estos negocios y obligarles a hacer unas inversiones que quizá no pueden permitirse, además sin darles ninguna compensación a cambio”. 

Valora la medida de implementar termómetros en el interio como "una forma de control para comprobar si eres bueno o malo". "Es como si fuéramos un niño sin conocimiento y no supiéramos llevar nuestros negocios y cómo tratar a los trabajadores y clientes", sentencia.