VALÈNCIA. Marcos Benavent, ex gerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia, ex ‘yonqui del dinero’ y ex colaborador de la Fiscalía, regresó este lunes a la Ciudad de la Justicia como principal acusado en el primero de los juicios de Imelsa, subtrama del ‘caso Taula’. Lo hizo con su nueva 'identidad' que, cambio de abogado mediante, reniega de todo lo que desveló en el pasado. De querer sacar "mierda a punta pala", a negar que existiera tanta y tratar de taparla.
Pero la primera jornada del juicio no le acabó de salir bien. Su abogado no consiguió anular las grabaciones que él mismo hizo y que después ha desacreditado y los primeros testimonios de otros acusados ratificaron su desfalco mediante facturas falsas y empresas interpuestas y detallaron como, entre otras cosas, se compró un apartamento en Xàbia con ese dinero.
Tras haber asegurado recientemente en una entrevista que él y su suegro manipularon las grabaciones que sostienen este y otros casos y haber dejado de colaborar con la Fiscalía, el panorama es complicado para el que fuera estrecho colaborador de Alfonso Rus en la época en la que el barón del PP presidía la administración provincial y así lo reconoció su letrado. "Soy consciente de la poca credibilidad de mi cliente, que un día dice una cosa y otro otra”, señaló Juan Carlos Navarro.
Aunque su turno para declarar llegará este miércoles, Benavent comentó a la salida de la sesión que han sido seis años “muy duros” a la espera de juicio en los que recordó que ha habido “familias destrozadas, empresarios arruinados y gente que se ha suicidado”. “No se lo deseo a nadie”, apuntó. "Pero os he dado juego ¿eh?", comentó a los periodistas. Y avanzó al menos un nurvo capítulo: "El miércoles sabréis cosas".
Inmerso en la partida como secundario pero en el banquillo de los acusados como responsable civil está también el Partido Popular, puesto que la Fiscalía sostiene que con el dinero saqueado sirvió para pagar algunas campañas electorales en las municipales de 2007 y algunos actos de las generales en 2008.
Tanto la defensa de Marcos Benavent (y todas las demás) como la Fiscalía saben que las grabaciones son la clave que sustenta casi todo. En su día las hizo el exgerente de Imelsa. Después, en 2015, su suegro, en cuya casa las guardaba, se las dio a la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, y arrancó la investigación. Buena parte del juicio girará en torno a ellas pero el primer intento de Bevanent por anularlas se quedó en nada.
“La prueba alrededor de la que va a girar todo necesita un plus de credibilidad”, apuntó Navarro, que trató de sembrar dudas sobre el número de pendrives que se entregaron inicialmente, sobre su transcripción e incluso sobre la custodia. “Estamos ante una causa que se alimenta de una prueba que no sabemos si se ha practicado con la debida diligencia”, deslizó.
Preparada para este ataque, la Fiscalía presentó una defensa global de las grabaciones, tanto de su autenticidad, como de la manera en la que se han incorporado al caso. “Las cintas han estado a disposición de todas las defensas y nadie ha dicho que estuvieran manipuladas ni Marcos Benavent, que en su primera declaración dijo que no habían sido manipuladas”, recordó el fiscal Pablo Ponce. Lo hizo con Mariano López, el exsuegro de Benavent, en la puerta de la sala dispuesto a declarar como testigo, puesto que su exyerno dice que juntos manipularon las grabaciones. No hizo falta que entrara en esta jornada inaugural pero su nombre se ha añadido a la lista de testigos que hablarán.
“Fue él quien entregó el pendrive y el ordenador porque era quien lo tenía en su domicilio. Él (Benavent) sabrá por qué tenía eso en casa de sus suegros. Su suegro no se mete en su domicilio para sacar las grabaciones sino que las tiene en su casa, así que no hay violación de derechos”, destacó. “Se entrega a la UCO un pendrive y un ordenador. El pendrive es único y lo que hace la secretaría sin copías”, apuntó el fiscal.
Tras unos minutos de deliberación, la sección quinta de la Audiencia Provincial validó de momento el uso de las grabaciones. “La exclusión de la prueba no pueden hacerse en este momento procesal con independencia o no de lo que después se diga en la sentencia”, señaló una de las jueces que componen el tribunal.
Solucionadas las cuestiones previas, empezaron los testimonios de quienes han colaborado con la Fiscalía. El primero fue el marido de la secretaria de Benavent, que confesó que se convirtió en su testaferro como administrador de dos empresas. Lo hizo, dijo, por problemas económicos y confesó después, aseguró, por puro arrepentimiento. “Buscaba dejar de hacer las cosas mal, no quería así mi vida”, afirmó José Esterlich, que reconoció haberse llevado a cambio de su colaboración con Benavent un contrato de Imelsa sin funciones ni necesidad de asistencia.
Las sociedades que pasó a administrar, explicó, no tenían “ningún trabajador” ni realizaron “ningún trabajo real”. Aún así dijo que había “facturas falsas” y otras que se “engordaban”. Nadie de Imelsa le preguntó nunca por ninguna de las facturas. “Yo no hablaba con ningún departamento, todo era con Benavent”, señaló. Eso sí, todo el dinero iba a la cuenta de Berceo, una de las empresas que había pasado a administrar. Y de ahí al bolsillo de Benavent. “Utilizaba el dinero que se ingresaba en las cuentas”, aseguró.
Pero formalmente era él quien lo hacía, como pasó, según dijo, en julio de 2010, cuando compró con una de las empresas un apartamento en Xàbia para Benavent por 172.000 euros. “Estaba adosado a uno que había comprado anteriormente Marcos. Los quería unir. Se sacó un préstamo y con Berceo y se iba pagando poco a poco”, señaló. En 2015, ya con Benavent fuera de la Diputación y sin ingresos, tuvo que venderlos porque no se podían pagar “las letras y los gastos”. El dinero, aseguró, volvió a la cuenta de Berceo “excepto el de una plaza de garaje”.
No fue el único testimonio contrario a Benavent. El consejero delegado de la sevillana Cyan Animática reconoció que les contactaron desde Thematica Events, de un socio de benavent, para hacer un trabajo para el MUVIM, el museo de la Diputación, y que tras cobrar una primera parte del mismo, de quince mil euros, se le pidió que para cobrar la segunda, de otros 15.000, hiciera una factura añadiéndole 41.000 euros más y que fuera directamente a nombre de Imelsa, para después pasarles bajo mano esos más de cuarenta mil euros mediante otra factura. A ver qué dice el miércoles Benavent de todo eso.