Foto: TIM SAMUELS/PEXELSVALÈNCIA (EFE).La aplicación española de la normativa de envases generará unos costes de miles de millones de euros y lastrará la competitividad del gran consumo, cuyas organizaciones han alzado este jueves la voz para exigir al Gobierno armonizar sus obligaciones y plazos con el resto de la Unión Europea (UE).
Las principales organizaciones de la distribución -Anged y Asedas-, la patronal de la industria de alimentación y bebidas (FIAB), la asociación Aecoc y otras organizaciones sectoriales han aunado sus reclamaciones ante un riesgo común, cuyo impacto económico están cuantificando en un informe que verá la luz en los próximos meses.
Aunque les preocupa más que es un "sin sentido", como han manifestado este jueves en un acto en Madrid.
La reutilización de envases, regulada en España en un real decreto, obliga a que los establecimientos minoristas de alimentación tengan, en función de su superficie comercial, un determinado número de referencias de bebidas en envases reutilizables a partir del próximo año, mientras que el Reglamento europeo no impone objetivos vinculantes hasta 2030.
Según han subrayado, España va a adelantar cinco años, a enero de 2025, las obligaciones de reutilización de envases, sin tener la infraestructura necesaria y forzando unas inversiones millonarias que impactarán en los costes de toda la cadena y puede terminar pagando el consumidor.
Han alertado de los problemas de unidad de mercado que generan las discrepancias entre la normativa nacional y europea, cuyo texto ya se conoce desde abril, por lo que piden un marco regulatorio "bien orientado", basado en estudios técnicos, que facilite la adaptación de las empresas al proceso de "transición sostenible" con el que, han insistido, las empresas del sector está comprometidas.
El director general de Aecoc, José María Bonmatí, ha pedido acompasar las normativas comunitarias para no perder competitividad y no adoptar medidas por "planteamientos ideológicos y no realistas", tras afear la falta de diálogo "fluido con algunas administraciones" como el Ministerio de Transición Ecológica, a quien nos cuesta trasladar que es un "tema urgente".
Según Bonmatí, "el impacto de esta medida no se ha medido por los ministerios competentes, a pesar de nuestras advertencias", pues "no existe la infraestructura para acometer una revolución de tan gran calado para las tiendas y la logística".
En este punto, el director general de la patronal Asedas (Mercadona, DIA, Lidl, Aldi y otras enseñas regionales), Ignacio García Magarzo, ha apuntado que "hoy en día, no es obligatorio para todas las tiendas en ningún país de Europa".
Actualmente, los sistemas de reutilización de envases domésticos en los supermercados no existen y las empresas tendrán que hacer inversiones millonarias -entre 50.000 y 150.000 euros en los 25.000 locales que hay- para adaptar sus líneas de producción y envasado a los envases reutilizables, ha explicado.
A su juicio, es imposible gestionar esta norma que apunta a los comercios como responsables para recoger los envases reutilizables que les devuelvan los clientes.
Otro aspecto sobre el que se ha alertado es el etiquetado, sobre el director general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha recordado que en España será obligatorio que indiquen en qué contenedor deben depositarse los residuos desde enero, "a pesar de que el Reglamento europeo marca un calendario más amplio".
España no permite el uso de medios electrónicos para informar al consumidor, mientras que el Reglamento europeo deja la puerta abierta al código QR, por el que ha abogado García de Quevedo para mejorar la recogida separada de los envases.
Por su parte, la presidenta de Anged, Matilde García Duarte, ha cuantificado en 600 las regulaciones medioambientales que afectarán al sector la próxima legislatura, según Eurocommerce.
Según su criterio, "el exceso de regulación y la fragmentación del mercado generan unos altos costes para las empresas", por lo que cree "más necesario que nunca adaptar la regulación a la realidad de las empresas, crear un marco estable y seguro, coordinado entre Administraciones y con unos plazos de adaptación razonables".
"Ser los primeros de la clase tiene un coste altísimo", ha concluido.
El acto también ha contado con la participación de la secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe), Irene Zafra; la directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), Beatriz Blasco, el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, y el respaldo de ACES.
