Historia de una escalera 

VALÈNCIA. Todo comenzó hace once meses. El 31 de mayo la empresa Barcelona Ocean View, que forma parte del conglomerado Grupo Vértice, compró un bloque de viviendas en Canyamelar, en el 88 de la calle Vicente Brull. La compra se realizó sin avisar a sus inquilinos. Estos no tuvieron noticia hasta cinco meses después. Una carta fechada el 13 de octubre les informaba de que todo el bloque había sido adquirido por la empresa que pasaba a regentar a partir de ese momento la propiedad del edificio. La carta, firmada, iba acompañada de un número de cuenta corriente donde, a partir de ese momento, los vecinos deberían ir pagando sus alquileres.

El inmueble, ubicado en los lindes entre el Canyamelar y el Cabanyal, muy próximo a la avenida del Mediterráneo y a apenas un par de centenares de metros del mercado del Cabanyal, es un edificio de cuatro alturas y bajo. Construido a mediados de los años cincuenta, apenas ha tenido mantenimiento y no tiene ascensor. De hecho tres viviendas aún tienen la corriente a 125 voltios, aseguran los residentes. Según explica el responsable del grupo Vértice Alberto Giménez que se ocupa de este edificio, su intención cuando lo compraron es “hacerle obras de mejora [al edificio], modernizarlo y poner los apartamentos a la venta o en alquiler”.

En el bajo se encuentra ubicada Girasol, una tienda de ropa regentada por una familia de origen chino que tiene justo enfrente, en el número 97, otro local: Girasol Kids. Tras la compra, los nuevos propietarios negociaron con los responsables del negocio, que quieren adquirir el bajo. La situación con los alquileres de los apartamentos, empero, es bien diferente. Dos de los inquilinos del inmueble, una anciana de 92 años y una mujer de 77, son de renta antigua. A ellas, como admite Giménez, “no se les puede tocar”. A los otros cuatro, sí.

Una de las primeras cuestiones que realizaron los nuevos propietarios del edificio fue informar a algunos de estos inquilinos de que no querían renovarles el alquiler. De los cuatro pisos que no son de renta antigua a los que no se les quería renovar, dos estaban ocupados por la ONG Casal de la Pau. Esta organización facilita vivienda a personas en riesgo de exclusión social, ex convictos o con riesgo de internamiento. Según relata el director de la asociación, Vicente Serrano, Giménez se puso en contacto con ellos y “muy educado” les anunció su decisión y les pidió que desalojaran el edificio.

Serrano explica que les dieron más tiempo, y así uno de los inquilinos se marchó 20 días después de vencido el plazo y los otros mes y medio más tarde de la fecha convenida. A pesar de que han pasado algo de “estrés” y de que ha causado desarraigo porque “llevaban 18 años en el barrio”, Serrano admite que la expulsión “ha sido un proceso dialogado” y que “dentro de eso [el conflicto que ha causado, los nuevos propietarios] han sido bastante comprensivos”. Las personas que ocupaban las dos viviendas ya están realojadas en sendos apartamentos, en La Plata y en Ciutat Fallera, en el barrio de Benicalap.

En el caso de los dos vecinos que según la empresa no tienen renta antigua, Carmen Zaragoza y Jesús Bellido, la situación es dispar. Bellido, que lleva 56 años vinculado al edificio ya que ésa fue la casa de su madre, no ha recibido ninguna comunicación aún por parte de la empresa al margen de la carta y, por lo tanto, oficialmente no sabe nada; “sólo lo que me cuentan las vecinas”, explica. Es más, él sigue pagando el alquiler en la misma cuenta corriente que antes de la compra; “nadie me ha dicho nada”. Mientras, Zaragoza dice que dispone hasta abril del año que viene porque este mes vencía su alquiler y al no producirse comunicación ha renovado por un año por defecto.

Zaragoza, en paro desde hace cinco años, de 54 años, sin hijos, llegó al barrio a finales de los años ochenta siguiendo los pasos de la que entonces era su pareja. “Encontré lo que no he visto en toda la ciudad”, explica en la Plaza de la Cruz del Canyamelar. Originaria de Ademuz pero vinculada a Aldaia, habla del barrio, de sus antiguas acequias, y hace apología del Canyamelar frente al Cabanyal. En la actualidad subsiste gracias al apoyo de su entorno, de su gente, como ella los define, un red de relaciones que va desde sus familiares directos a amigos (uno de ellos le regaló su coche), y que incluye también a una vecina del bloque de Vicente Brull, Isabel Mas, con la que comparte muchas horas. “Ella fue la primera en venir a vivir aquí, en el año 55. Ella me cuenta que cuando vino estaba aquí sola, que no había nada, sólo árboles. Para tener luz tuvieron que empalmarse con los cables de tendido eléctrico”, explica.

Zaragoza también se ha ofrecido a comprar el piso, como los comerciantes chinos, pero “a precio actual de mercado, con su tasación”. Un ofrecimiento que no ha recibido respuesta por parte de la empresa, ni negativa ni positiva. Al menos según sostiene Giménez en conversación telefónica, quien asevera que a día de hoy no están cerrados a un posible acuerdo. “En ningún momento le he dicho que no pero”, matiza para exponer sus reparos, “es algo ilógico que diga que no tiene dinero y quiera comprar piso”. Un comentario que para la afectada demuestra el poco interés que tiene la empresa en negociar. “Si me preguntaran sabrían que mi familia y mis amigos me pueden ayudar y lo harían”, replica. 

La familia de Bellido, al que sus amigos llaman tutti, también llegó al barrio por esas fechas. En concreto en el 56. Bellido, huérfano de padre desde los 9 años, lleva toda la vida en el barrio y ha vivido la mayor parte de ella en el número 88 de Vicente Brull. Tras un matrimonio fallido, en la actualidad paga la mitad de la hipoteca de la casa donde viven su ex mujer y sus dos hijas, dos pensiones de manutención, y su único domicilio de referencia es ese apartamento ahora propiedad de Vértice, donde está prácticamente toda su vida. 

Allí se acumulan sus vinilos, con una selección variada que incluye ejemplares de The Jam de los años 70, así como su colección de DVD’s, entre los que se encuentran clásicos recientes como El pianista o Match Point, y una librería también nutrida que va de Cien años de soledad a Los pilares de la Tierra. En las paredes de la que es su habitación cuelga un cartel de Ceesepe de ARCO de 1984. Bellido sigue aguardando algún tipo de comunicación por parte de la empresa, aparte de la carta ya mentada. “Decirme no me han dicho nada”, repite sentado en el comedor de su casa. Desde las estanterías miran los retratos sonrientes de sus padres, congelados en imágenes contemporáneas a la construcción del edificio.

Inquieto por la falta de información, Bellido, activo en redes sociales, se puso en contacto con miembros de Espai Veïnal, una asociación que fue la que denunció esta semana su situación, y que ya es conocida en el colectivo Entrebarris. Allí les explicó lo que estaba pasando, cómo se había echado a los inquilinos del Casa de la Pau y lo que estaba ocurriendo. Como quiera que el grupo Vértice es tristemente conocido entre los colectivos contra la gentrificación, ya que por ejemplo ha expulsado a todos los inquilinos de un edificio en el barrio de Saïdia, se dispararon todas las alarmas.

Algo a lo que contribuyó la actitud de los nuevos propietarios, desde el “siempre amable y encantador” Alberto, como lo describe Zaragoza, hasta otros visitantes desconocidos. “Estás aquí en casa y ves como van subiendo tres, cuatro tíos”, relata Bellido, “miran la terraza, miran el patio de luces, te vas al Mercado y cuando vuelves les escuchas hablar en el portal. Y uno le decía al otro: ‘Quítate el concepto de vivienda; aquí son habitaciones. Cada casa tiene cuatro habitaciones, y cuatro por ocho son 32’. ¿Más claro?”, pregunta Bellido.

El rapero Guillem Beltrán forma parte del grupo de personas que están apoyando a Bellido y Zaragoza para que no sean expulsados de las que consideran sus casas. “Es un nuevo proceso [de gentrificación]. La cuestión es exigir unas demandas concretas al grupo Vértice”, explica. “Ellos [Zaragoza y Bellido] estarían dispuestos a que se les subiera un poco el alquiler, pero de manera razonable”, comenta. “Yo si me ponen un precio lógico me quedo”, interviene Bellido dándole la razón. La cuestión de fondo, advierte Beltrán, es que tanto para Zaragoza como para Bellido no se trata de un piso, sino de “su modo de vida”. “No tienen posibilidad de moverse y ellos lo que quieren es quedarse”, insiste.

El abogado Alberto Aznar Traval, investigador en temas de vivienda y Turismo de ECONCULT-Universitat de València, explica que casos como el de los vecinos de Vicente Brull son especialmente preocupantes porque ponen en evidencia que “en España apenas hay una política pública de vivienda capaz prevenir o dar respuestas habitacionales a estas situaciones”. En un momento en el que “demasiada” vivienda está pasando del alquiler convencional al turístico, con estudios que sostienen que el 90% de compras de vivienda en barrios como el Cabanyal las realizan extranjeros, las carencias de un parque público prácticamente inexistente quedan más de manifiesto. Aznar cita los datos recopilados por Amnistía Internacional para su informe Derecho a la vivienda y desalojos en España, de 2015, donde se apunta que la vivienda y el alquiler social oscila en el conjunto del país entre el 1,1% y el 2%, frente al intervalo que va del 9 al 11% (según estudios) de la media europea.

Paradójicamente, vecinos como Zaragoza creen que las obras que se han realizado para rehabilitar el Cabanyal se han convertido en un acicate para los especuladores, que han visto como el barrio mejoraba considerablemente a niveles urbanísticos, con nuevas canalizaciones y espacios más amables. Este acción regeneradora se ha traducido en que los alquileres se han encarecido. “Los datos indican que nos encontramos en un contexto de precariedad continuada y aumento del precio de la vivienda”, comenta Aznar, “donde el empleo y los salarios no acaban de recuperarse y el precio del alquiler no deja de dispararse”. En València en 2017 el precio del alquiler aumentó entre un 9% y un 21%, según los portales Idealista y Pisos.com. “La pregunta es, en ese mismo periodo ¿cuánto han aumentado los salarios y cuánto empleo se ha generado?”, formula Aznar.

En teoría, y por su proximidad al mar, son muchos los que creen que los apartamentos de Vicente Brull tendrán finalmente un destino turístico. Los datos que maneja Turismo de la Generalitat muestran también la presión de los apartamentos turísticos en el mercado inmobiliario, aunque no tan evidente. El número total de viviendas registradas por la Generalitat a fecha de 27 de abril de 2018 es de 66.755 de las cuales casi dos terceras partes se concentran en Alicante (40.326 contabilizadas), y Castellón (13.727) supera a València (12.702). Oficialmente, en el Cabanyal sólo hay 567 viviendas turísticas registradas, una cifra demasiado pequeña para ser creíble y que invita a pensar según Aznar en “cuál será el numero de pisos no registrados que operan al margen de la legalidad y el control administrativo”.

“La cuestión concreta de los alquileres vacacionales y el turismo es algo frente a la que existen medidas conocidas y que se están aplicando en otras ciudades europeas, pero los procesos de gentrificación y la incorporación de residentes españoles o extranjeros con mayor capacidad adquisitiva, que no debería ser un problema, con la presión al alza sobre los precios que supone, es difícilmente reversible si no hay una política pública de vivienda adecuada”, apunta Aznar. Así, aunque recuerda que “la competencia en materia de política pública de vivienda es estatal”, cree que, ante la ausencia de medidas del gobierno de Mariano Rajoy y el “más que insuficiente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021”, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían “reaccionar”. Como ejemplo de ello cita la Ley de Función Social de la Vivienda impulsada por el Govern del Botànic, que ha sido recurrida y paralizada por el Gobierno Central, o los esfuerzos que está realizando la Generalitat con los planes de rehabilitación o retomando promociones de vivienda pública parada, “cuando antes no había nada”, ejemplos que contrapone a la inacción del Gobierno Central. 

Los pasos administrativos, premiosos, no alcanzarán para los residentes de la calle Vicente Brull, que siguen buscando soluciones para no abandonar las que consideran sus casas. Bellido ni se plantea otra opción. Y Zaragoza, por su parte, advierte: “Llevo 29 años aquí. No puedo deshacer esto. ¿Dónde me voy si no tengo trabajo estable, si apenas me da para mal comer y mal vivir? Es mi casa, es mi vida. No quiero una indemnización. No quiero dinero. Yo vine aquí y me enamoré del Canyamelar. Nosotros somos un barrio. Esto es un barrio. Tiene que seguir siendo un barrio. No quiero marcharme de aquí. Yo no me voy a ir sin luchar”.