Ahora bien, el proyecto, que se tramitará en comisión y pleno del consistorio esta misma semana, no se aprobará definitivamente hasta el mes de abril, según los plazos con los que trabajan en la delegación, dados los períodos necesarios para presentar y resolver alegaciones. Pero al mismo tiempo, el área de Urbanismo continúa trabajando en otros proyectos, como el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP). Ahora mismo los técnicos municipales están valorando las alegaciones presentadas y ultiman la redacción del proyecto final para presentarlo en el pleno municipal de febrero, dos años después de anunciarlo y a cuatro meses de los comicios.
El pasado verano se presentó la versión preliminar, en la que lo más destacable quizás es qué mecanismos se prevén para poner coto a las viviendas turísticas. En los barrios de El Carmen, El Pilar, El Mercat, La Seu y La Xerea, la implantación del uso hotelero estará generalmente restringida. Tendrá libertad en el barrio de Sant Francesc y puntualmente en la calle de La Paz y en la Avenida de Guillem de Castro, donde se podrán instalar viviendas turísticas con la restricción de mantener entre ellas siempre una distancia mínima de 150 metros.
El edil de Urbanismo estimó que estas limitaciones salvarían unos 2.250 inmuebles de transformarse en viviendas turísticas. Sin embargo, aunque el vecindario ve con buenos ojos esta medida, hay quien pide más. Amics del Carme ha pedido que la distancia de 150 metros aplicable a las viviendas turísticas de Sant Francesc, La Paz y Guillem de Castro, se imponga también a los hoteles. Asimismo, una de sus alegaciones versa sobre un tipo de piso turístico: las viviendas turísticas ocasionales, las que particulares deciden alquilar pocos días al año hasta un máximo de 60. La asociació reclama que este límite se reduzca a la mitad.
Sobre la cosa turística, si un asunto ha motivado màs de una disensión entre una parte de vecinos y el consistorio, ese ha sido el de los edificios singulares. El PEP prevé que edificios religiosos y palaciegos, cuya rehabilitación y mantenimiento son inviables para el Ayuntamiento, puedan dedicarse a un uso terciario. Es decir, a oficinas, comercios, espacios dotacionales, o a hoteles. La intención del consistorio es que los gestores recuperen las edificaciones y eviten su degradación mediante su explotación, siempre y cuando se respeten los valores establecidos en la normativa.
De todas las posibilidades existentes, lo que más preocupa al vecindario es la implantación de hoteles porque teme que, al ser la "actividad más rentable", sea la que cope estas edificaciones. La pega, según las alegaciones, reside en que el PEP permite a los gestores anexionar otros edificios contiguos a estos singulares, propiciando lo contrario que pretende el Plan, regenerar la vida residencial de la zona. Y esto, considera el vecindario, es una "fagocitación del uso residencial".
Tema al que el vecindario quiere desicarle especial atención es el de la movilidad en el distrito, donde se han manifestado varías quejas por algunos bucles e itinerarios aplicados por la concejalía delegada de esta materia, dirigida por Giuseppe Grezzi. Se quiere que el PEP ahonde mucho más en detalle y que se apliquen medidas singulares en esta zona por su condición de casco histórico residencial, puesto que hasta el momento, el Plan únicamente se remite a las normas de movilidad generales en la ciudad.
A la concejalía de Espacio Público, de Carlos Galiana, también se le requiere mayor presencia en el documento. El edil ya ha emprendido controvertidas acciones para la reducción de las terrazas en favor del caminar de los viandantes, pero el vecindario pide que las terrazas no puedan ocupar más de la mitad de las plazas. Asimismo, entiende que, como mínimo, debe permitirse un ancho de espacio libre mínimo de 3 metros para el paso de peatones, y de un metro y medio entre terraza y terraza.
Exigencias restrictivas que pretenden impedir la "invasión" de la hostelería. A todo ello, la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) respondió que estas medidas podrían significar la desaparición de terrazas emblemáticas del centro. En la misma linea de estas alegaciones, la asociación vecinal quiere prohibir que se establezcan terrazas a menos de 15 metros respecto a la fachada de Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Relevancia Local (BRL), y también a menos de 8 metros de las fachadas laterales.
Respecto a la conservación del comercio tradicional, en zonas muy concretas de Ciutat Vella, el Plan prevé una restricción para la implantación de cafeterías o bares: una distancia mínima entre ellos de 100 metros. Esto agrada, pero la asociación ha pedido que se incluya en la ecuación también a los restaurantes, y que se aplique a la totalidad de Ciutat Vella, también al área más comercial y hostelera del centro de la capital, el barrio de Sant Francesc.
Estas son solo algunas de las alegaciones al PEP que hay sobre la mesa. Será la delegación de Urbanismo la que decida cuáles aceptar e incluir o rechazar, para lleva el texto finiquitado al pleno de febrero, donde se pretende aprobar de forma provisional.
