La Intervención advierte de que El Rogle trabaja sin contrato para el Ayuntamiento desde abril de 2017  

VALÈNCIA. La Cooperativa El Rogle presta el servicio de intermediación hipotecaria para el Ayuntamiento de València sin contrato desde abril de 2017. Es lo que se traduce de las objeciones que la Intervención municipal hace cada vez que el consistorio realiza el pago a la cooperativa. El organismo avisa en cada ocasión de que "el encargo", por parte del área de Vivienda, dirigida por María Oliver, "se ha realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Añade el interventor que en el momento de realizarse el encargo "existía crédito adecuado y suficiente, si bien no fue debidamente autorizado y dispuesto". Y finaliza así: "El presente informe se emite con independencia de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir".

Así pues, el Consistorio realiza los pagos a El Rogle mediante reconocimientos de obligación que autoriza la Junta de Gobierno a petición de la concejala. Según los documentos a los que ha tenido acceso Valencia Plaza, la edil argumenta que "es necesario que se continúe prestando" el servicio "de forma temporal y provisionalmente hasta la formalización de un nuevo contrato".

Desde marzo de 2016 y durante un año, la mercantil prestaba la mediación en virtud de un contrato menor de 21.719,50 euros, IVA incluido, que venía a sustituir un convenio firmado en noviembre de 2015 por el Ayuntamiento presidido por Joan Ribó con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) de 11.000 euros, la mitad. El convenio y el contrato con similar objeto coincidieron en el tiempo hasta que el del ICAV fue rescindido por ser "coincidentes" sus servicios con los de El Rogle.

Cuando finalizó el mencionado contrato, el consistorio impulsó dos procesos de contratación que, como relató este diario, la Intervención municipal y el Servicio Económico Presupuestario frustraron al alertar de un posible fraccionamiento de contrato y de un aumento injustificado del importe. Desde entonces, la mercantil continúa dando los servicios con las mismas condiciones que establecía el contrato menor. 

Cerca de 50.000 euros sin concurso público

En total, el área de Vivienda destinó hasta enero de este año cerca de 16.700 euros mediante la fórmula de los reconocimientos de obligación a razón de unos 1.800 euros mensuales -excepto agosto, 450 euros-. Si la cantidad no ha variado, hasta junio se habrán desembolsado o adquirido obligaciones de pago por un montante de casi 26.000 euros sin contrato.

Sumando los más de 21.000 euros del primer contrato menor, suman más de 47.000 euros pagados desde el consistorio sin que haya habido un concurso público.

Fuentes del departamento de Vivienda han asegurado a este diario que la intención inicial era sacar a concurso el servicio, pero que la necesidad de prestarlo mientras se preparaban los pliegos motivó el primer contrato menor y su intento frustrado de prórroga. Asimismo, Oliver trasladó que dos cambios en jefaturas de su área habrían contribuido a retrasar el proceso. Lo cierto es que el expediente apenas avanzó entre abril de 2017 y marzo de 2018.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa de contratación pública, en marzo de 2018, se archivó el anterior expediente y se inició otro para poner en marcha el concurso de acuerdo con la nueva normativa. Tres meses y medio después aún no se ha licitado, aunque, según apuntan en el área de Vivienda, la idea es sacarlo a concurso en agosto y adjudicarlo en otoño.