Pleno de la Diputación de Valencia celebrado este martes.VALÈNCIA. El secretario y el interventor de la Diputación de Valencia, además de su presidente, Toni Gaspar, defendieron este martes la legalidad del acuerdo de 2016 que establecía el sistema de contratación en las empresas públicas dependientes de la corporación. Una decisión que propició la designación de los altos cargos en Divalterra -antigua Imelsa- que actualmente se investigan en el conocido como caso Alquería ante las sospechas de irregularidades.
Las afirmaciones se produjeron durante el pleno al que los grupos del equipo de Gobierno llevaron por la vía de urgencia -mecanismo criticado por el PP- una moción para modificar ese acuerdo de hace 4 años cuando Jorge Rodríguez se encontraba al frente. Una suerte de autoenmienda al criterio que establecieron entonces y que, reconocieron tanto los cargos técnicos como los políticos, contenía "deficiencias". Precisamente en ese momento, Toni Gaspar, como diputado de Hacienda, fue el encargado de llevar el mencionado acuerdo a la comisión y al pleno para que saliera adelante.
El debate para la acelerada luz verde a estos cambios tuvo lugar escasos días después de que la Fiscalía Anticorrupción, avalada por el juez que investiga los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en estas contrataciones, solicitara a la corporación la relación de asesores que trabajaron para todos los partidos políticos desde julio de 2015 y hasta 2019 inclusive. El objetivo es averiguar si se superó el cupo legal y si algunos de ellos fueron nombrados directivos porque antes habían trabajado para determinados partidos.
La moción aprobada con los votos a favor de PSPV y Compromís, la abstención de Ciudadanos, Vox y La Vall Ens Uneix (partido que lidera Rodríguez) y el rechazo del PP, reduce los altos cargos de sus entidades dependientes. También sus retribuciones e indemnizaciones. El texto establece que las empresas de la Diputación clasificadas como grupo 1, caso de Divalterra, Egevasa y el Consorcio Provincial de Bomberos, podrán tener un máximo de tres altos cargos, con una retribución básica de 48.000 euros que, sumando los complementos de puesto y variables no podrán superar los 72.000 euros.
La modificación incorpora, además, una mayor fiscalización y supervisión. Los contratos de directivos del sector público local se someterán, antes de formalizarse, al control de legalidad que establece la ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Qué órgano será el responsable, no lo especifica ante las discrepancias entre el secretario y el interventor. Del mismo modo, serán nulas las cláusulas de contratos mercantiles o de alta dirección que se opongan a establecer el acuerdo.
A lo largo del debate la atención la centró el caso de Divalterra. Tanto Toni Gaspar como el interventor recordaron que en 2019, Presidencia dio validez a lo acordado por la Junta General del ente público a finales del año anterior, que suponía un nuevo organigrama del Consejo de Administración de Divalterra con un consejero delegado, un gerente y un responsable del área jurídica. Es decir, sólo dos directivos frente a los diez que permitía el acuerdo de 2016 y que se encuentran investigados en Alquería.
Aun así, el sistema establecido ese año, aseguraron, era "legal". En él se clasificaron en categorías las empresas "de acuerdo al régimen que figuraba en la normativa estatal" y la heredera de Imelsa pasó a formar parte del Grupo I, en el cual podía nombrarse hasta esa decena de altos cargos.
El entorno de Jorge Rodríguez cree que todas estas argumentaciones pueden favorecer a los imputados en el procedimiento.
La modificación aprobada este martes contempla igualmente que los directivos serán nombrados con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en gestión pública o privada, teniendo en cuenta la responsabilidad profesional y personal directa sobre su gestión y el control y evaluación de su gestión por parte de un órgano superior. Precisamente sobre el modo de elección de las personas que ocuparon los puestos de alta dirección en Divalterra, los investigadores de Alquería sostienen que únicamente respondió a la afinidad política.
