Isa Lozano: "Estamos viendo procesos desaforados de especulación en barrios insospechados" 

VALÈNCIA. Isa Lozano (València, 1974) se encuentra ahora mismo al frente de la concejalía de Vivienda y Bienestar Social del Ayuntamiento de València. A su juicio, dos de los principales retos a los que se enfrenta en estos momentos la ciudad. Y es que, la crisis del coronavirus ha azotado con fuerza a todas las patas de la sociedad y ha dejado en situación de vulnerabilidad a muchas familias que hasta el momento sí eran autosuficientes: "2020 fue un reto para nosotros porque nunca se habían gestionado tantas ayudas", relata la responsable del área. "Sin embargo, lo conseguimos".

Pero si hay un tema que ahora mismo ocupe el centro del debate, ese es la vivienda: "Uno de los mayores problemas que estamos viviendo ahora mismo es la especulación de los fondos de inversión, que están comprando de manera desaforada en muchos barrios de la ciudad y dejando a personas sin hogar, cuando son zonas que a priori no tienen interés turístico ni alto rendimiento de alquiler", denuncia Lozano durante su entrevista con Valencia Plaza. En este sentido, una de sus principales preocupaciones es la regulación del mercado para evitar los grandes procesos de especulación, aunque también pone el foco en la movilización de la oferta por parte de los pequeños propietarios. 

"Tenemos que incentivar que la gente quiera poner su vivienda en alquiler. La oferta pública no es suficiente para atender toda la demanda y además ciertas campañas publicitarias no hacen más que generar un miedo que es totalmente falso. A que te ocupen la vivienda, a que no la puedas recuperar. Y todo eso es mentira, el 95% de los alquileres son satisfactorios", recalca. Y es que, el lento proceso de ampliación del parque público obliga a exprimir al máximo la oferta privada. Sobre este y otros temas habla Isa Lozano en el encuentro. 

- La crisis del coronavirus ha acentuado las dificultades para acceder a una vivienda. Sin ir más lejos, las últimas cifras apuntan a que en 2021 solicitaron un alquiler social más de 500 nuevas familias. ¿Puede el Ayuntamiento hacer frente a esta situación?

- Nosotros tenemos ahora mismo en el registro de alquiler general a unas 2.000 familias apuntadas, y luego otras 630 para alquiler asequible. El alquiler social es más complejo porque atiende las situaciones de mayor necesidad, y por lo tanto lleva todo un proceso de intervención para valorar el perfil de los solicitantes. Luego, el alquiler asequible es mucho más sencillo porque va dirigido a colectivos con unos ingresos mínimos pero que aun así tienen dificultades para acceder a la vivienda, como por ejemplo los jóvenes. Pero en su caso es simplemente comprobar unos ingresos mínimos y máximos. Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. 

- Exactamente, ¿cuánta vivienda social tiene ahora mismo el Ayuntamiento bajo su gestión?

- Ahora mismo tenemos 130 viviendas sociales, que cuando llegamos solo había 90. Las de alquiler asequible se empezaron a poner en marcha en 2020, y tenemos 29, la mayoría en el Cabanyal. 

- En este año de crisis, también se ha notado un aumento considerable de las ayudas relacionadas con el pago del alquiler. 

DURANTE MUCHOS AÑOS LAS ADMINISTRACIONES NO han generado POLÍTICAS SERIAS DE VIVIENDA, Y afrontar ahora EL PROBLEMA ES COMPLICADO

- En 2020 ha habido un incremento muy importante de las solicitudes, y hemos atendido cuestiones diversas: cubrir hasta el 40% de la mensualidad, pago de suministros, gastos de entrada como la fianza... Pero, en realidad, lo que se ha disparado es el pago de deudas, porque hay muchas familias que antes eran autosuficientes y que ahora han perdido el empleo por culpa de la pandemia. Además, este año hemos creado la Oficina del Derecho a la Vivienda, que ejerce de intermediación en caso de conflicto como por ejemplo desahucios. Cuenta con siete profesionales y se han atendido más de 100 familias. En números, este año hemos atendido 931 solicitudes.

- Las ayudas se han incrementado y atendido, pero lo que sigue atascado es el acceso a las viviendas públicas que maneja el Ayuntamiento de València...

- Claro, ese es otro concepto. Nosotros podemos apoyar con ayudas, pero es cierto que el parque público de vivienda no da para atender toda la necesidad que hay de alquiler público. Pero aquí podemos hacer una reflexión mucho más profunda: las administraciones públicas durante muchos años no han generado políticas serias de vivienda porque no era algo que les preocupara, y ahora intentar paliar todo eso es muy complicado, porque tú no puedes crear un parque público de la noche a la mañana. Son proyectos a medio y largo plazo. 

Las ayudas son como una tirita, para poder ir curando una herida que realmente es mucho más grande y más profunda. Por suerte este año hemos incorporado ocho nuevas viviendas al parque público que irán directamente para alquiler social, y luego también esperamos poder adquirir más a través del derecho de tanteo y retracto, pero es un goteo. 

- ¿Y qué sucede mientras las administraciones amplían el parque público?

- Pues precisamente uno de los mayores problemas que estamos viviendo ahora es la especulación de los fondos de inversión, que están comprando de manera desaforada en muchos barrios de la ciudad y dejando a personas sin hogar, cuando a priori esos barrios no tienen interés turístico ni alto rendimiento para el alquiler. Todo eso provoca más presión sobre la vivienda que obviamente la administración no puede atender solo con el parque público, que además crece a un ritmo muy lento y no abarca la demanda real. 

Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es implantar mecanismos para evitar esas prácticas abusivas y garantizar el acceso a un derecho social como es la vivienda. 

- Y si, como decía, las ayudas no son suficiente, ¿quiere decir eso que ha llegado el momento de pasar a medidas más ambiciosas en materia de vivienda?

- Las ayudas son sistemas de contención, tiritas que le ponemos al sistema. Pero el verdadero problema es la falta de oferta en el mercado del alquiler, especialmente privada. Y eso es por las prácticas de algunas empresas, sí, pero también porque los pequeños propietarios tienen miedo. Estamos viendo que determinadas campañas publicitarias llevan a la gente a pensar que en el momento en el que alquilen su vivienda se la van a okupar, destrozar o no pagar, o que luego va a ser imposible recuperarla. Y eso no es así. Yo tengo una relación muy estrecha con la Federación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana y siempre dicen que el 95% de los alquileres son satisfactorios, pero el clima de miedo ya se ha creado. 

Alquilar una vivienda en el sector privado se ha convertido en un proceso imposible, casi que solo puedes hacerlo si eres funcionario

Esto lleva a que las personas no quieran sacar sus viviendas al mercado del alquiler, a que prefieran tenerlas vacías y en deterioro antes de sacarles rendimiento. Eso por una parte. Y por la otra, es que ahora alquilar una vivienda se ha convertido en un proceso de selección casi imposible. En la oferta privada, prácticamente solo puedes alquilar si eres funcionario. Por ejemplo, la gente con Renta Valenciana de Inclusión lo tiene imposible, lo cual no tiene sentido porque son personas con unos ingresos fijos y una estabilidad garantizada.

- Ante esta falta de iniciativa dentro del sector privado, ¿está València preparada para políticas de regulación en los precios del alquiler? ¿Podría esto desincentivar todavía más la salida al mercado?

- Yo creo que sí que lo está. Si como Ayuntamiento recibimos la competencia y vemos que determinadas zonas están tensionadas a nivel de precios, ¿por qué no? Es otra de las muchas tiritas que podemos poner para solucionar el problema de la vivienda, uno de los más grandes que tiene ahora mismo España. 

De todos modos, nosotros como administración también queremos hacer nuestra parte y estamos avanzando en políticas que nos permitirán poner en marcha vivienda pública. Por ejemplo, vamos a poner a disposición de la conselleria cuatro parcelas para sacar una convocatoria de derecho de cesión, que es que nosotros no perdemos la titularidad del suelo pero cedemos un determinado número de años para que una promotora construya y luego explote con unos precios tasados y mayor accesibilidad para familias con pocos recursos. 

- ¿Pero establecer topes sobre los precios del alquiler no podría desincentivar la salida al mercado de viviendas?

- Claro, también. Es un tema muy delicado y cada vez que tocas un factor estás incidiendo en otro. Pero yo creo que sí que debería intentarse a la larga, sobre todo en zonas donde el precio está totalmente desbocado. Después de todo, aquí vemos que el mercado está impidiendo el acceso a un derecho fundamental y como tal debemos intervenir para protegerlo. 

- Dentro de la limitación de los precios de los alquileres, la conselleria ya está trabajando en el recargo del IBI del 30% a las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. Sin embargo, la lista de propietarios no llegará hasta el año que viene, por lo que el Ayuntamiento de València no podrá cobrarlo hasta 2023. ¿Cómo acogen la noticia?

- Yo creo que es una iniciativa buena. Ahora bien, ¿cuántas viviendas hay realmente en la ciudad de València que puedan acogerse a esto? Porque estamos hablando de un grupo muy concreto, que son los pisos vacíos en manos de propietarios con más de diez viviendas. Yo no tengo los datos, y por eso se los he pedido a la conselleria, pero es posible que estemos hablando de cuatro o cinco entidades bancarias y nada más. Al fin y al cabo, las personas físicas que son propietarias de grandes masas de vivienda lo que les interesa es tenerlas habitadas para sacarles rendimiento. Entonces, todas esas ya sabemos que desocupadas seguramente no están. 

El recargo del IBI es interesante pero, ¿tendrá tanto alcance? Porque a lo mejor solo entran en esto tres o cuatro entidades bancarias

En este listado, potencialmente aparecerán entidades bancarias y fondos de inversión. Entonces, yo creo que el impacto no va a ser tan grande para como parece, pero sí que es verdad que tendrá un efecto positivo y por eso lo valoro favorablemente. Después de todo, forzará a que estas entidades deban sacar sus pisos al mercado del alquiler, especialmente ahora que estamos asistiendo a importantes movimientos especulativos en la ciudad. Vemos que hay fondos que no hacen más que comprar y comprar, y que eso está generando la expulsión de los vecinos que estaban alquilados, como pasa por ejemplo en Orriols o Fuensanta. 

- ¿Se queda corta entonces, la medida?

- No, pero a lo mejor ha llegado el momento de plantearse otras cosas. Por ejemplo normativas a nivel estatal que limiten la venta de un bien esencial como es la vivienda a un fondo de inversión. Porque al final, por muy dueño que seas tú de tu casa, la situación es grave y hay que tomar grandes decisiones. 

- ¿Se está produciendo una burbuja de la vivienda ahora mismo?

- No sé si puedo responder a esa pregunta, pero sí que es cierto que ahora mismo con la pandemia y la pérdida del turismo, han bajando un poco los precios del alquiler. 

- Pero sí que se está viendo movimientos preocupantes de compra masiva de vivienda.

- Así, se está produciendo. Vemos que los fondos de inversión están yendo a los propietarios tradicionales y están comprando viviendas para usos como pisos de estudiantes, hoteles... 

- ¿Son suficientes las medidas que se están tomando a nivel estatal y autonómico sobre la vivienda, o tendrían que ser más ambiciosas?

- Sí, aunque creo que hay que poner todavía más el foco sobre la prevención, para evitar las tensiones de mercado. Es importante frenar los movimientos especulativos, pero también hay que poner el foco en el pequeño propietario: campañas para incentivar la salida al alquiler de las viviendas, garantizar que vas a tener la vivienda tal y como la alquilaste, dar garantías, dejar de poner tantas pegas, romper el clima de miedo...

- Hace unos meses el Ayuntamiento de València recibió el derecho de tanteo y retracto, ¿se está haciendo uso ya de él?

- Desde septiembre hasta mediados de diciembre hemos recibido 200 transacciones, pero ninguna ha sido objeto del derecho de tanteo y retracto porque no hemos visto que tenga interés para la administración local. Así que no, no lo hemos ejercido por el momento. También cabe resaltar que la conselleria de Vivienda tiene derecho prioritario, por lo que todo lo que nos llega ya ha pasado un primer filtro. De todos modos, es una herramienta muy útil porque nos permite detectar movimientos especulativos, como por ejemplo las compras de edificios enteros. 

- Además de la compra, la concejalía también tiene la capacidad para construir viviendas, aunque hasta ahora solo se ha abierto un proceso de obra, ¿por qué se avanza tan lento en esta materia?

- Ahora mismo tenemos abierto un proceso en la calle Juristas, que en 2022 arrancará con las labores de excavación para el estudio arqueológico. Y luego, tenemos voluntad de construir en una parcela de Quatre Carreres, que se financiará con los fondos Next Generation. Es un proceso complejo y entiendo que desde fuera se ve como algo lento.

- ¿Pero hay alguna explicación para esta lentitud?

- Falta de recursos, fundamentalmente. 

- Igualmente, la empresa pública Aumsa, que depende en este caso de la concejalía de Urbanismo, anunció la construcción de más de 300 viviendas para alquiler asequible. También ha sido un proceso lento

- Es verdad que desde fuera siempre desearíamos que todo fuera más rápido, pero ahora mismo se podría decir que las promociones de Aumsa están bastante desbloqueadas y que en los próximos años se podrían ver avances. 

- ¿Para cuándo se esperan esos avances?

- No podemos dar fecha, pero entre los fondos europeos y los Next Generation eso tiene que salir en los próximos tres años. 

- ¿Es complicado gestionar el problema de la vivienda cuando las competencias van a caballo entre los concejalías, que además pertenecen a partidos diferentes?

- Nosotros construimos poco porque la herramienta potente para eso, que es Aumsa, ya la tiene Urbanismo. Entonces, nosotros nos dedicamos a otras líneas de trabajo. Por ejemplo, ahora Vivienda se encarga de la rehabilitación y mantenimiento de todo el parque público, de manera que los servicios sociales ya reciben los pisos en condiciones óptimas y no tienen que buscar contratas como sucedía antes. Y luego, nosotros también nos ocupamos de las ayudas, temas como el tanteo y retracto, etcétera, pero construir menos. 

- Otro tira y afloja entre Urbanismo y Vivienda ha sido el veto a los bloques exclusivos de uso terciario. Vivienda presentó una propuesta definitiva con las distintas zonas en las que había que implantar la medida, pero Urbanismo ha decidido ahora emprender un nuevo estudio. ¿Cómo avanza la materia?

- La propuesta, para empezar, siempre tuvo que ver con los usos terciarios. Los bloques turísticos, por supuesto, pero también otras cuestiones como los hoteles, las oficinas o lo que sea. En su momento yo presenté una propuesta que albergaba once barrios, es decir, casi toda la ciudad, pero ellos me dijeron que había que hilar más fino para evitar que nos lo tumbaran en los tribunales a la primera de cambio. Por eso hice un nuevo estudio y llevé una propuesta más reducida con cuatro. 

La más interesada en proteger el uso residencial de los edificios soy yo, y por eso presenté esta medida que lo que busca es evitar que un edificio entero pueda cambiar de residencial a terciario. Y eso es algo que se puede regular perfectamente con el PGOU, pero llevará tiempo y por eso se plantea una moratoria. 

- ¿Cuándo se podrá ver el veto?

- La idea es que Urbanismo tenga su estudio acabado en el año 2022 y marque la moratoria dentro de los términos que salgan de ese informe, aunque no soy yo quien tiene que hacerlo. Igualmente, hay que tener en cuenta que la moratoria es de un año ampliable a dos, pero para prorrogar tienes que demostrar que ya han iniciado los cambios en el PGOU y que estás trabajando en ello.  

- Cada día que no se implanta la moratoria, existe el riesgo de que se pida una licencia para cambiar el uso sin que el Ayuntamiento pueda hacer nada, ¿cuántas se han pedido este año?

- Hasta mayo de 2021 tenemos constancia de 25, tres de ellas en Ciutat Vella. 

CADA DÍA SIN VETO ES UN DÍA EN EL QUE SE PUEDE PEDIR UNA LICENCIA. HASTA MAYO TENEMOS CONSTANCIA DE 25

- ¿Se ha percibido algún cambio en la situación de la vivienda en los barrios con normativas específicas para pisos turísticos? Como Ciutat Vella y, pronto, el Cabanyal. 

- No lo hemos estudiado todavía, pero sí que es verdad que no podemos funcionar a base de planes especiales. Lo que tenemos que hacer es regular en toda la ciudad, para que no se den situaciones como por ejemplo la del barrio de Saïdia y la residencia de estudiantes. Ahora mismo, nada impide que se pueda construir en una manzana interior, pero con cambios sólidos en el PGOU sí que podríamos frenar determinadas prácticas constructivas. 

- El barrio del Cabanyal está siendo objeto ahora mismo de un proceso de recuperación muy importante. Sin embargo, el Ayuntamiento es propietario de diversos inmuebles en estado ruinoso, ¿cómo se va a gestionar esto en el futuro?

- Este 2021 hemos hecho un estudio muy detallado de nuestro patrimonio en el Cabanyal para reordenarlo todo y decidir qué hacemos. Algunas de las viviendas las vamos a rehabilitar y otras las vamos a subastar a lo largo de 2022, porque se encuentran en un estado demasiado ruinoso y no nos es rentable empezar con las obras. De este modo, el dinero que consigamos de la venta podremos reinvertirlo en el acondicionamiento de las que sí que nos interesan. Luego, los Next Generation también nos van a permitir rehabilitar algunos edificios de renta limitada que se construyeron en los 60 y los 70 y que están en muy malas condiciones. 

- En materia de servicios sociales, ¿está el Ayuntamiento preparado para atender las situaciones de crisis que se puedan derivar de la pandemia?

- Sí, estamos preparados. El 2020 fue un reto enorme y lo superamos. Tuvimos que hacer frente a una demanda de ayudas impresionante, gente que de un mes para otro se había quedado sin dinero para pagar el alquiler, la comida, cosas fundamentales. Y como ya he dicho, las ayudas económicas son un derecho de las personas, y por lo tanto tenemos que atenderlas todas. Eso supuso un esfuerzo muy importante a nivel presupuestario. 

- ¿Cuál es el presupuesto para 2022?

- En principio el presupuesto para ayudas sociales en 2022 asciende a los 7,9 millones de euros, pero si detectamos necesidad se irá ampliando. Es una cifra superior a la de 2021, que gastamos finalmente 6,3 millones de euros. Aunque el año de mayor esfuerzo fue sin duda el 2020, con 11,4 millones. 

- El Ayuntamiento de València acaba de firmar el contrato programa con la conselleria de Igualdad para armonizar las inversiones en materia de servicios sociales con perspectiva plurianual. ¿Cómo valora el acuerdo?

- Es vital. En los próximos años va a llegar la mayor revolución del gobierno del Botánico y de los Ayuntamientos porque se va a dotar de infraestructura, personal y recursos a todos los programas. Por ejemplo, se incrementan las figuras profesionales en plantilla, porque van a entrar asesores jurídicos en los centros sociales, cosa que antes no había, y también personal administrativo. En la primera anualidad, se espera la incorporación de 158 personas que se van a distribuir entre los distintos servicios sociales del Ayuntamiento.