Hoy es 7 de octubre
VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, encargado del conocido como caso Voloh, ha citado a declarar en calidad de imputado a Eugenio Calabuig, presidente del grupo Global Omnium y propietario a su vez de Aguas de Valencia.
Según una providencia avanzada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, Calabuig tendrá que comparecer ante el juez el próximo 15 de diciembre. Lo hará en una pieza separada de esta causa dirigida contra políticos y empresarios independentistas catalanes por presunto desvío de fondos públicos para el procés.
El magistrado cree que el grupo valenciano Global Omnium, propietario de Aigües de Catalunya, pretendía "comprar" la compañía catalana Aguas de Barcelona (Agbar) "con las cartas marcadas", según las conversaciones intervenidas al presidente de Aigües de Catalunya, David Madí. Este ejecutivo fue uno de los detenidos en octubre de 2020.
Aguas de Valencia había fichado a Madí en 2018 para pilotar su expansión en Cataluña debido al estrecho contacto que mantenía con relevantes políticos independentistas. De hecho, fue durante años la mano derecha de Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Catalunya. A pesar de haber dejado la política en 2010, estas relaciones lo convirtieron en un potencial conseguidor en diversos negocios relacionados con las administraciones.
Un presunto delito de "tráfico de influencias" que le atribuye la investigación y que se materializó en decisiones como contratar en Aigües de Catalunya a Joan Puigcercós —exlíder de ERC, exconseller y exdiputado en el Congreso— y Cinta Pascual —presidenta de la patronal española de residencias de ancianos Ceaps—. "Era consciente de que le abrirán los consistorios gobernados por ERC y las residencias", indica el juez.
En la operación que apunta a Eugenio Calabuig, el magistrado sostiene que Madí le comentó, tras hablar con Juan Maria Nin —exvicepresidente de CriteriaCaixa y de la Fundación y ex consejero delegado de Caixabank—, "que jugarían con las cartas marcadas" para la compra de Agbar. A su vez, el grupo también se llevó varios contratos de municipios controlados por partidos independentistas.
Así, de acuerdo con las indagaciones, Madí habría hecho gestiones opacas con dirigentes de Junts y ERC con el objetivo de obtener un trato a favor para sus clientes, entre los cuales se encontraba la filial catalana de Aguas de Valencia.