La jueza archiva el caso de la compra de Valmor al aceptar que fue "la solución menos perjudicial"

VALÈNCIA (EP/VP). El Juzgado de Instrucción número 2 de València ha archivado la investigación abierta por la compra de la empresa Valmor Sports -encargada de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en València- por un euro por parte de la entidad pública Circuito del Motor, dependiente de la Generalitat Valenciana. Con esta operación, las arcas públicas asumieron la deuda de la mercantil privada, con cuyos socios pactaron el compromiso de no reclamarles nada, y asumieron unas pérdidas de 24 millones de euros, según la Sindicatura de Comptes.

El juzgado ha adoptado esta decisión tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción y en oposición a la Abogacía de la Generalitat, según consta en la resolución, contra la que cabe recurso de reforma.

Se trata de la pieza 2 del procedimiento, relativa a las negociaciones para la organización del Gran Premio a través de Valmor y la posterior absorción de esta sociedad por parte de Circuito del Motor. En la misma ya se sobreseyeron las actuaciones con respecto al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la exconsellera de Turismo y Deporte, Lola Johnson, entre otros.

Con este archivo, quedarían abiertas dos piezas más del procedimiento de la F1: una de ellas relativa a contrataciones; y la otra sobre la organización del evento -en lo relativo al aval- en la que sigue investigado Camps.

Anticorrupción pidió el archivo de la pieza 2 el pasado verano al considerar que la compra de Valmor por parte de la Generalitat, cuando su máximo responsable era el popular Alberto Fabra, fue la decisión "menos perjudicial" para los valencianos debido a que, de lo contrario, no se podría haber celebrado el Gran Premio en 2012 -la mercantil estaba en concurso de acreedores- y esto supondría una penalización de más de 70 millones de euros por parte de la organización de la F1.

Al respecto, el ministerio público entendió que se buscó la solución "menos gravosa", absorber Valmor y asumir su deuda, de más de 20 millones de euros. Con ello, sostenía que no existió ánimo de malversar, sino que se adoptó la decisión menos perjudicial para las arcas públicas, dada la amenaza de sanción.

Esta es la tesis que ha acogido la jueza instructora para acordar el archivo de las actuaciones. Entiende que no parece que la solución jurídico/económica que se adoptó fuera "pura y simplemente" producto de la voluntad del funcionario o político correspondiente, ni parece "irrazonable" visto desde el punto de vista de lo concluido por el Tribunal de Cuentas, que específicamente ha analizado la cuestión en sus aspectos económicos y financieros.

"Era manifiesto que Valmor no podía continuar organizando el Gran Premio, que esta imposibilidad llevaba a unas pérdidas en millones y a un descrédito para la Comunitat, que una posible solución era la adquisición de las participaciones de Valmor de manera que se evitaba la penalización impuesta por la Formula One Administration (FOA) y se podía continuar con la celebración del evento", apunta la magistrada.

En resumidas cuentas, añade, tal y como concluyó el Tribunal de Cuentas, la compra de participaciones "lo que tenía era el fin de evitar unos perjuicios en diversos aspectos para la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV)". La resolución del Tribunal de Cuentas la adoptó la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exdiputada del PP y exministra de Justicia en el segundo mandato de José María Aznar.

Oposición de la Generalitat

La Abogacía de la Generalitat se distanciaba de esta tesis. Apuntaba que el informe elaborado por Garrigues presentado por la empresa pública SPTCV que recomendaba la compra no fue encargado por esta última sociedad, sino que fue impulsado por Valmor, la empresa adquirida. Por otro lado, aseguraba que el principal beneficiario de la compra no fue la Generalitat, sino los socios de Valmor y, entre ellos, fundamentalmente Bankia, sucesora de Bancaja.

A juicio de la magistrada, "ésta es una posible interpretación de los hechos tan solo bajo el prisma de que, al parecer, la solución que se llevó a cabo para resolver los problemas económicas del Gran Premio tan solo era una mera excusa para salvar de la bancarrota a los socios de Valmor". Pero la instructora difiere de esta postura y se une a la manifestada por la Fiscalía.