La Audiencia pide la documentación que originó 'Erial' al juzgado de 'Taula' ante el juicio de Zaplana

VALÈNCIA. El juicio al exministro Eduardo Zaplana y a otras 18 personas ya tiene sección de la Audiencia de Valencia. Será la cuarta la encargada de juzgar al que también fuera presidente de la Generalitat tras recaer en ella por reparto. Ahora, habrá de fijar la fecha en la que se celebrarán las sesiones, que se prevé que tengan lugar a finales de este año o comienzos de 2024. 

Los investigadores del conocido como caso Erial, coordinado por el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia junto a la Fiscalía Anticorrupción, han situado a Zaplana y a los principales acusados en el centro de una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.  

La Fiscalía pide para el exministro 19 años de cárcel y una multa de más de 40 millones de euros. Para su círculo de colaboradores las solicitudes de pena oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión –como es el caso de los empresarios Vicente y José Cotino. Para el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, Anticorrupción pide 6 años.

El origen del caso Erial fue una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en un registro en 2015 –en el marco de otra causa, Taula– del despacho del abogado Ramiro Blasco, que en aquel momento ejercía la defensa del exgerente de Imelsa Marcos Benavent. El conocido como 'yonki del dinero' fue un colaborador de la justicia hasta 2021, cuando cambió de letrado. 

La sorpresa llegó cuando los citados papeles correspondían a otras operaciones totalmente diferentes a las que se investigaban en Taula y también eran indiciariamente delictivas. Los agentes tomaron entonces declaración a Benavent, quien explicó, de acuerdo con el informe que elaboraron, que la documentación se la entregó sobre el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, "un miembro destacado de la mezquita de Valencia y muy conocido dentro de la comunidad árabe" que, además, presumía de tener vínculos con el CNI. 

A continuación acudieron a hablar con él y, de acuerdo con el sumario, les relató que, efectivamente, entregó unos papeles a Benavent que encontró diez años atrás (es decir, sobre 2007) en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler. La Guardia Civil averiguó entonces que se trataba de la época "inmediatamente posterior a la transmisión de la vivienda realizada por Eduardo Zaplana y su mujer Rosa Barceló". 

Esta rocambolesca historia nunca resultó creíble para el exministro y ha tratado de desmontarla en reiteradas ocasiones, pero el juzgado le ha rechazado todas las peticiones. Entre ellas, que Benavent, en su nueva estrategia judicial –que incluía afirmar que se armó un montaje contra Zaplana– declarara de nuevo ante la jueza. 

Documentación en el juzgado de Taula

Ahora, la Audiencia, ante el juicio, ha dirigido un exhorto a Instrucción 18, encargado del caso Taula, para solicitar la documentación que allí obra. Y la cual tiene que ver precisamente con la del origen de Erial y el famoso registro. Todo lo cual Zaplana ha tratado y tratará de anular.

Los magistrados de la sección cuarta han sido los encargados de varios pronunciamientos de relevancia en los últimos años. Uno de ellos fue el archivo en diciembre de 2021 de la investigación sobre el supuesto blanqueo de capitales de varios exconcejales del PP del Ayuntamiento de València dentro del caso Taula. Una decisión que contó con un voto particular en contra y que, tras seis años de instrucción de la causa, provocaba que el procedimiento sólo siguiera adelante para, entre otros, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster. A ambos se les ha abierto ya juicio oral por la supuesta financiación irregular de varias campañas del PP. 

Otros de los pronunciamientos fueron el aval a la investigación el caso Alquería –sobre las contrataciones presuntamente irregulares en la empresa pública Divalterra– o la orden de reabrir la causa sobre la posible obstaculización de la investigación judicial por parte de cargos de la Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales del exmarido de Oltra a una menor tutelada. 

En 2017, esta sección de la Audiencia confirmó la pena de año y medio de prisión impuesta por un juzgado de lo Penal a José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat, y al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, por fraude.