La CEV pide que el plan de ayudas directas incluya al calzado, el mármol y el transporte por carretera

VALÈNCIA. La modificación del Real Decreto Ley del último paquete de ayudas directas a empresas y autónomos permite a las Comunidades Autónomas extender estas ayudas a otros sectores económicos más allá de los 95 marcados inicialmente. Ante esa posibilidad, la Conselleria de Hacienda ya contempla incluir en el reparto a sectores de la Comunitat Valencia inicialmente excluidos pese a haber sufrido especialmente el impacto de la pandemia.

Es el caso del sector de fabricación de componentes del calzado, una actividad industrial de carácter estratégico en la economía de la Comunitat Valenciana y España y muy localizada en polos productivos como los de la comarca del Vinalopó en Alicante.

Sin embargo, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha trasladado al Consell la petición para que estas ayudas directas a empresas y autónomos, de las cuales la Comunitat recibirá 647 millones de euros, se amplíen a una decena de sectores no previstos.

Aunque el convenio para la llegada de estas ayudas debía firmarse antes del 12 de abril, fue el pasado viernes cuando el pleno del Consell aprobó el texto y lo envió al Ministerio de Hacienda para que lo firme, un trámite que permitirá la llegada a la Comunitat de esos 647 millones en el plazo de diez días.

Hasta entonces, la Conselleria de Hacienda, la patronal CEV y sindicatos CCOO-PV y de UGT-PV podrán definir en la comisión mixta creada a tal efecto la forma de aplicar esas ayudas directas, que serán de hasta 3.000 euros por autónomos que tributan por facturación, y de entre 4.000 y 200.000 euros para empresas y el resto de autónomos.

95 sectores que pueden ser ampliados

En el Real Decreto original, del pasado 12 de marzo, el Gobierno central acotó los 95 sectores de actividad para repartir el dinero. El requisito básico es acreditar una merma en sus ingresos en 2020 de como mínimo el 30% respecto al año anterior y la ayuda prevista es de 3.000 euros como máximo para los autónomos que tributan por módulos y entre 4.000 y 200.000 para las empresas.

El pasado martes, el consejo de ministros aprobó una revisión de la norma original para dar más flexibilidad a las comunidades autónomas en la inclusión de nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios.

Ante esa posibilidad, la patronal que preside Salvador Navarro ha solicitado a la Generalitat que incluya  en el reparto a todas aquellas actividades económicas que se quedaron fuera de la previsión inicial pese a resultar perjudicadas, directa o indirectamente, por la crisis del Covid-19.

En este sentido, tal y como ya prevé el Consell, la organización empresarial pedirá la inclusión del sector de fabricación de calzado, pero también de otros como el transporte de mercancías por carretera, la venta al por mayor de productos del campo o el sector de extracción de mármol.

En el caso del calzado, afectado especialmente por la caída del consumo de moda a nivel global, ha sufrido los efectos en toda su cadena de valor. El índice de producción industrial ha caído un 28,2%, además de haber visto hundirse sus exportaciones y de haber experimentado una importante destrucción de empleo. A ello se suma que España es el segundo fabricante y exportador de calzado en Europa.

Adicionalmente, la CEV pide que se incluya a otros sectores de actividad relacionados con el sector del mármol, que contempla actividades extractivas y la elaboración de mármol y piedra natural. En su caso, el impacto de la crisis es triple: caída de la producción por falta de movimiento económico; cierre por confinamiento; y, en último lugar crisis internacional del transporte marítimo derivada también directamente de la pandemia. "Es un sector de importancia económica vital dado que además de generar miles de empleos directos, es fundamental en otros eslabones de la economía productiva como la construcción", justifica la organización empresarial.

La organización también llama la atención sobre el impacto de la crisis en algunos sectores perjudicados por el cierre de la hostelería que deberían tener acceso a las subvenciones. Se trata del comercio al por mayor de frutas y verduras, cuya facturación se ha visto mermada al perder las ventas a establecimientos de hostelería y restauración.

Lo mismo sucede con algunos subsectores del transporte por carretera como el asociado al canal Horeca, que ha visto reducida su actividad de una forma muy intensa debido por el cierre de establecimientos y la reducción de horarios de apertura, o el vinculado a las mudanzas, también golpeado por los cierres perimetrales de municipios, comarcas y comunidades autónomas.

Los fabricantes de pan y productos frescos de panadería y pastelería han sufrido pérdidas de facturación superiores al 30% por el cierre de la restauración o el descenso en la llegada de turistas, por lo que también se solicita que se les incluya en el reparto, del mismo modo que las empresas clasificadas en los epígrafes de gestión de instalaciones deportivas (CNAE 9311) y determinadas actividades académicas clasificadas en el CNAE 8559.

Por último, la organización empresarial también aboga por incluir dentro del reparto de ayudas por la caída de facturación a algunos subsectores del comercio excluidos inicialmente como el comercio en establecimientos especializados de artículos como libros o material deportivos, entre otros, los gestores de viviendas turísticas por cuenta ajena.