El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y el que fuera presidente de Divalterra, Ramiro Rivera. Foto: DIVALVALÈNCIA. Casi un año después de la última polémica que tuvo lugar en el seno de Divalterra, todo ha quedado en nada en la vía judicial. Un capítulo que, al menos por el momento, ya parece cerrado en la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, en plenos trámites de liquidación.
Se trata del proceso de selección para la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, que acabó en la justicia por partida doble. El candidato que quedó en segundo lugar, José Fambuena, impugnó el resultado en el juzgado. Lo hizo varios meses después de presentar un recurso ante la propia empresa en el que pedía frenar la contratación de la ganadora, Eugenia Fernández, por diversos motivos como posibles incompatibilidades del presidente del tribunal o puntuaciones mal otorgadas.
Todo tomó entonces un cariz político, del que vino informando Valencia Plaza. La solicitud de este candidato fue atendida por el presidente de Divalterra, el diputado socialista Ramiro Rivera, quien en dos ocasiones ordenó suspender el proceso. Pese a ello, el gerente de la firma sí contrató a la elegida y ésta se incorporó a su puesto el 18 de enero de este año. A ello se sumó que el intento de anular el nombramiento fue refrendado, tanto en ese momento como en informes posteriores, por el jefe jurídico de la empresa, José Luis Vera, también vinculado al PSPV. Sin embargo, el Consejo de Administración no sacó adelante estas conclusiones pese a las maniobras.
La controversia surgió porque tanto cargos de la corporación provincial como expertos o la propia Agencia Antifraude consideraban que el aspirante 'perdedor' no podía recurrir en vía administrativa puesto que Divalterra es una empresa pública pero se rige por derecho privado. En su opinión, únicamente podía acudir a la vía judicial, a la jurisdicción laboral, ya que sólo un juez podría anular el resultado del proceso y no, como se pretendía, el presidente de la firma.
Ya posteriormente a lo ocurrido, el aludido sí impugnó ante el juzgado. En mayo se celebró un acto de conciliación entre él y un representante de la empresa. Este último, después de todo lo sucedido y de los intentos de algunos cargos de Divalterra de frenarlo, defendió la tesis de que el proceso de selección se realizó correctamente.
La empresa, por tanto, no aceptó las peticiones de Fambuena y no hubo avenencia. De manera que el siguiente paso tenía que ser el de la formalización de la demanda por parte del aspirante. Algo que, después del transcurso de los meses, no ha tenido lugar y se interpreta que ha habido desistimiento, según ha podido saber este periódico.
Mientras tanto, Divalterra sigue su proceso de liquidación. El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, anunció la disolución el pasado marzo. Precisamente tras semanas de dimisiones, ceses y tensiones internas por el lío de Recursos Humanos, que finalmente derivó en que el PSPV perdiera ese control del área de personal.
El otro motivo por el que la gestión del asunto también acabó en vía judicial fue por una denuncia del PP ante la Fiscalía en la que consideraban que los hechos podían ser constitutivos de tráfico de influencias –por la influencia ejercida por la autoridad sobre otro funcionario para beneficiar a terceros– y de prevaricación –por una resolución administrativa cuyo contenido es arbitrario a sabiendas de su injusticia–. En ella apuntaban a Rivera y Vera.
Anticorrupción, sin embargo, la archivó un mes después de admitirla y llamar a declarar a varios testigos al no apreciar delito. Por el momento, el polémico proceso de RRHH da por finiquitado su episodio en la justicia.
