La EMT lleva ahora la estafa al Tribunal de Cuentas tras pedirle hace un mes cerrar la investigación

VALÈNCIA. Los dos partidos que gobiernan el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, acordaron este jueves comunicar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España el fraude perpetrado contra la EMT durante el pasado mes de septiembre y que provocó un agujero de cuatro millones de euros en la entidad municipal que preside el edil Giuseppe Grezzi. Así pues, según fuentes del Consejo de Administración de la empresa, este viernes se aprobará en dicho órgano este acuerdo y es probable que haya unanimidad en la votación.

El acuerdo alcanzado ahora pretende que sea la propia empresa la que comunique lo sucedido, después de que Ciudadanos ya presentara en el mes de octubre una denuncia ante el mencionado organismo, quien desde entonces está practicando las diligencias previas precisas. No obstante, la EMT lo llevará al Tribunal de Cuentas después de que, hace apenas un mes, el gerente de la propia firma municipal, Josep Enric García, solicitara al tribunal el archivo de la investigación en curso.

La empresa presentó ante el Tribunal diversas alegaciones después de ser notificada del inicio de la investigación. Según han corroborado fuentes de la empresa, en el documento suscrito tanto por García como por una abogada de la EMT se pide poner fin a las diligencias previas al considerar que no existe ningún tipo de responsabilidad en la estafa por parte de los directivos.

Asimismo, otra de las razones que ponen de manifiesto para que se archive la causa es que los juzgados ya están llevando a cabo el procedimiento judicial correspondiente. En otros términos, que las responsabilidades no son de carácter contable, a juicio de los directivos de la EMT, sino que se circunscribirían al ámbito del delito penal. Ahora, un mes después de este escrito, el Consejo de Administración aprobará previsiblemente acudir al mismo organismo por el fraude.

Tres meses después de la estafa

El hecho de que la propia EMT comunicara la estafa al Tribunal de Cuentas lleva tres meses sobre la mesa pero todavía no se había tomado la decisión. Durante este periodo, los socios de Compromís, los socialistas, han estado solicitando llevar a cabo esta acción, una exigencia que han protagonizado también los miembros de la oposición -PP, Cs y Vox-. No obstante, las reticencias de la coalición valencianista sustentándose en informes jurídicos, ha retrasado la toma de esta determinación.

La idea se postergó hasta en tres ocasiones. La propuesta fue inicialmente del PSPV a principios de octubre, y con mayor contundencia ya en el Consejo de finales de mes. Entonces, el que fuera secretario de la EMT por aquellos días -ahora dimitido por sus vínculos con el cuñado del acalde-, Salvador Martínez Tarín, rehusó la idoneidad de comunicar a estos organismos lo acaecido.

El informe de Martínez Tarín no fue otra cosa que el precedente a otro informe, el de los abogados contratados por la empresa para llevar la causa judicial. A finales de noviembre ellos presentaron un segundo informe -pedido la tarde de antes- en el que aconsejaban "ver cómo esta investigación [judicial] evoluciona" ya que el ordenamiento penal "prevalece ante cualquier jurisdicción". No obstante, dado que se trataba de un informe poco elaborado -"pobre", en palabras del PSPV-, se solicitó otro documento de mayor profundidad, que se presentó formalmente a principios de este mes.

En esta tercera ocasión, también se retrasó la determinación. Los abogados contratados por la EMT para llevar el caso de fraude en la instrucción judicial aseguraron que era "prematuro" comunicar la estafa tanto al Tribunal de Cuentas como al Banco de España. Los letrados consideraban que no hay responsabilidad penal y contable por parte de los directivos y de los administradores de la empresa dado que "no hay conducta dolosa". Unos informes, todos ellos, que ni socialistas ni oposición consideraban vinculantes.

La delicada situación que atraviesa el gobierno municipal motivó que finalmente, el PSPV amenazara con presentar una moción propia para zanjar la discusión y acudir a los dos organismos -Tribunal de Cuentas y Banco de España-. Finalmente, tras conversaciones entre ambas formaciones de gobierno, Compromís acabó cediendo y presentaron la moción de forma conjunta para instar a la EMT a consumar este acuerdo. En la misma línea todo hace esperar que tanto la coalición valencianista como el PSPV voten conjuntamente este viernes en el Consejo de Administración.

Ciudadanos fue el primer partido que llevó el caso al Tribunal de Cuentas y motu proprio. De hecho, en el último Consejo de Administración, su consejero Narciso Estellés subrayó que los consejeros del equipo de gobierno estaban llegando "ya tarde cada día que pasa" y que era "precipitado" concluir que no hay responsabilidades ejecutivas y directivas tanto del presidente de la EMT -Grezzi- como del equipo directivo. Más tarde, el PP se sumó a la iniciativa y anunció que acudiría también a este ente.