Entorno natural del Turia a las afueras de Pedralba VALÈNCIA. (EP) La Fiscalía Provincial de Valencia solicita el archivo de las actuaciones abiertas a raíz de la querella interpuesta por el Ayuntamiento de Pedralba por el "bloqueo continuado" que, a su parecer, se está produciendo en la construcción de la variante Sur.
El Juzgado de Instrucción número 11 de València abrió el julio diligencias previas al considerar que los hechos expuestos por el consistorio presentan características que pueden apuntar a la posible existencia de una infracción penal. Asimismo, y al no estar determinadas las circunstancias ni las personas que han intervenido, ordenó instruir diligencias previas y practicar aquellas acciones encaminadas a determinarlo.
El Ayuntamiento de Pedralba, gobernado por el PP, dirigió su querella contra la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat, Paula Tuzón, y el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, por un presunto delito de prevaricación "al paralizar de manera continuada" la construcción de esta infraestructura.
En el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que este caso, "no se advierte inactividad por parte de la Diputación Provincial encargada de continuar la obra de la Variante de Pedralba, sino que, tal y como se deduce de la documentación administrativa del expediente, después de dictado el auto de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo (por el que se desestimó la suspensión cautelar de la declaración de impacto ambiental pedida por la Asociación en defensa de paisaje de Pedralba) ha realizado sucesivas actuaciones dirigidas a la reanudación de la ejecución de las obras que descartan cualquier tipo de omisión o inactividad que pueda considerarse arbitraria o susceptible de reproche penal".
Para el Ministerio Público, "también ha quedado acreditado que la Conselleria de Agricultura ha expuesto las razones por las que se ha demorado la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), esto es la necesidad de cumplimentar una voluminosa tramitación administrativa, puesto que concierne a numerosas administraciones y colectivos".
Además, añade, la ley que regula el patrimonio natural de la biodiversidad "permite que durante al sustanciación de un PORN no puedan realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho plan". En consecuencia, concluye, esta actuación "tampoco puede deducirse que sea arbitraria o contraria a procedimiento alguno".
