El conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Consell del Botànic II aprobará a la vuelta de las vacaciones estivales una subida salarial del 0,25% de los funcionarios con efectos desde el 1 de julio. Un incremento derivado del acuerdo suscrito con los funcionarios por el Ejecutivo y consensuado previamente con el Gobierno de Mariano Rajoy que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio.
Este aumento se suma al alza del 2,25% que entró en vigor en enero del personal al servicio del sector público que ya validó el Ejecutivo central mediante Real Decreto-Ley en diciembre del año pasado tras no lograr sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019. De esta manera, la subida salarial se sitúa en el 2,5%.
El acuerdo de incrementar a partir de julio un 0,25% venía determinado en el acuerdo, pues el texto establecía que se haría efectivo si la economía española crecía por encima del 2,5%. El INE de marzo de este año recogió que el Producto Interior Bruto (PIB) había llegado al 2,6% en 2018.
Con todo, el incremento de la subida salarial supondrá para las arcas de la Generalitat un gasto de 9,7 millones de ellos entre julio y diciembre. De estos casi diez millones, 7,4 corresponden al aumento de sueldo de los funcionarios que trabajan en las consellerias e instituciones estatuarias; 160.000 euros de los trabajadores públicos de los organismos autónomos; y 646.000 euros los del Sector Público Instrumental. Estos 8,2 millones de euros se abonarán del capítulo 1 del Presupuesto de la Generalitat de 2019, el que recoge los gastos de personal.
El otro millón y medio corresponde al aumento de las nóminas de los empleados públicos de las universidades valencianas y de la enseñanza concertada, que supondrán 833.000 y 703.000 euros respectivamente para las arcas del Gobierno valenciano y serán abonadas del capítulo 4 de las cuentas correspondiente a transferencias corrientes mediante las que se financian las entidades del sector público.
Desde el Ejecutivo valenciano recuerdan que esta es "una medida para reforzar los servicios públicos de la Generalitat Valenciana y viene como consecuencia de los acuerdos que arrancaron los sindicatos a Montoro para que los empleados públicos recuperen en parte los recortes del pasado impuestos por el Ejecutivo del PP".
