La historia interminable: la Ley del Juego se aplaza por tercera vez

VALÈNCIA. Ni a la tercera fue la vencida. La ley de Murphy, definitivamente, se ha ensañado con la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Hasta en tres ocasiones se ha visto aplazada la validación de esta norma del Consell del Botànic II que integran PSPV, Compromís y Unides Podem cuya pretensión es poner freno al auge de la ludopatía en la autonomía y actualizar la regulación en vigor de 1988. La última suspensión, la que tuvo lugar este miércoles en el pleno de Les Corts. 

La llegada de los diputados al Parlamento valenciano a primera hora de la mañana ya avanzaba cómo de tosca iba a ser la sesión: varios representantes del sector del juego se concentraron a las puertas de Les Corts para "abuchear" y hacer un "paseíllo" tanto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, como a algunos diputados del tripartito, según sostienen distintas fuentes parlamentarias. Una recepción tildada de "escrache" por las mismas fuentes que, explican, tuvo que ser disuelta por la policía.

Dentro de la cámara, y con un ambiente tenso entre las distintas formaciones con representación en Les Corts, a la norma le esperaba un escrito que el grupo parlamentario Vox había registrado la noche anterior dirigido a la Mesa del Parlamento para mostrar su disconformidad con el formato de votación elegido por la institución para proceder al sufragio: el voto ponderado. Un sistema al que días atrás la formación no había puesto reparos -tampoco ningún otro partido de la oposición como, por contra, sí mostraron en la jornada de este lunes-, pero que sirvió para dejar de nuevo en standby el sufragio de esta ley y, con ello, la entrada en vigor de los cambios que introduce.

El documento, firmado por la síndica del grupo, Ana Vega, en representación de los 10 diputados de Vox, explicaba que el voto ponderado vulneraba el derecho de los parlamentarios a ejercer su derecho a sufragio y solicitaba que la cámara recurriera al sistema de votación telemático en su lugar. El escrito, además, se apoyaba en que el Reglamento de Las Cortes Valencianes no contempla "la posibilidad del voto ponderado en Pleno", aunque sí lo hace "para las decisiones de la Junta de Síndics y las distintas Comisiones de Las Cortes". 

Una argumentación que comparte las conclusiones del informe que la patronal había solicitado días atrás al catedrático y exmiembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Vicente Garrido, sobre la legalidad de este formato de votación ponderada. Dicho dictamen concluía que no parecía "admisible el sistema establecido para la celebración de sesiones plenarias".

El sistema de voto ponderado se basa en que cada portavoz vota por sí mismo y por todos los diputados de su formación. Así, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, hubiera votado por los 27 diputados socialistas; el síndic de Compromís, Fran Ferri, por los 17 de la coalición; el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, por los 18 diputados de Cs; la portavoz del PPCV, Isabel Bonig, por los 19 parlamentarios que tiene el Partido Popular; Naiara Davó hubiera hecho lo mismo con los ocho parlamentarios que tiene Unides Podem; y Ana Vega, por los 10 que tiene Vox. 

Para evitar cualquier tipo de recurso posterior en los tribunales que pudiera anular la validación de la ley, la Mesa de Les Corts acordó al inicio del pleno posponer el sufragio al jueves y habilitar para entonces el voto telemático al que se ha recurrido otras veces. El debate, aún así, tuvo lugar este lunes, que era cuando estaba previsto. En él, el diputado de Unides Podemos, Ferran Martínez, lamentó que durante la tramitación parlamentaria de esta norma haya habido gente que ha intentado "por todos los medios" que la ley pudiera debatirse y votarse. Una alusión encubierta a la patronal del juego y distintos representantes del sector, que durante las últimas semanas, pero también durante los meses previos al estado de alarma, ejercieron una fuerte presión para rebajar el impacto de la normativa. Incluso, con la concentración de este lunes a las puertas de Les Corts contra la nueva ley "para intentar condicionar", en palabras del diputado del PSPV, José Muñoz. 

PP y Ciudadanos basaron su -futuro- rechazo a la ley con argumentos que giraron en torno a la "imposición" del tripartito por "no escuchar" al sector, mientras que el parlamentario de Vox, José María Llanos, avanzó que su grupo se abstendría porque no podían rechazarla en su totalidad, pero que no era conveniente aprobarla ahora porque sería "un duro varapalo para autónomos y pequeños comercios cuyo sustento en mayor o menor porcentaje son los juegos recreativos".

"Lo que mal empieza, mal acaba y esta caótica tramitación parlamentaria de la ley tiene este caos en su final; esta ley debía tener como fin regular el juego responsable a base de derechos y obligaciones pero no lo cumple, es una imposición, un trágala", criticó el diputado del PP, Rubén Ibáñez. La parlamentaria de Cs, Ruth Merino, por su parte, criticó los efectos económicos que tendrá su entrada en vigor y censuró que PSPV, Compromís y Unides Podem no hayan escuchado al sector: "Reunirse no es escuchar". 

Un razonamiento que despertó las criticas de Muñoz, que recordó a los tres grupos de la oposición que se habían mantenido desde reuniones en el Parlamento, hasta varios desayunos informativos con todos los medios en los que patronal y partidos debatieron de forma abierta. "Hoy es uno de esos días en los que uno se da cuenta de la importancia de la política, de aguantar y resistir; se ha señalado a diputados y luego eso tiene consecuencias", sostuvo el socialista en referencia al cambio de posicionamiento de los partidos de la oposición. 

Tres veces aplazada

El periplo burocrático de esta ley, sin duda, rompe la media temporal del Botànic para ver aprobado alguno de sus proyectos legislativos, ya que desde que empezó a redactarse hasta ahora han pasado más de dos años. 

Así, Les Corts iban aprobarla después de que la ley sufriera dos aplazamientos en apenas un año: la primera, a cuenta del adelanto electoral de Ximo Puig en marzo de 2019; la segunda, por el cierre del Parlamento valenciano hace dos meses por el estado de alarma decretado por el Gobierno central por la pandemia del coronavirus. 

En ambas ocasiones, la ley estaba a punto de validarse: en la legislatura pasada las enmiendas se iban a votar el día que se disolvió la cámara, y en esta última ocasión, la ley al completo se iba a debatir pocos días después de la suspensión del periodo de sesiones. Con lo ocurrido este lunes, de nuevo, habrá que esperar por tercera vez. Eso sí, en este caso, el retraso será de días y no meses. 

En cualquier caso, huelga resaltar, el retraso de la votación por el escrito de Vox no supondrá un cambio en el resultado del sufragio, ya que el tripartito cuenta con mayoría parlamentaria para sacar adelante la ley a pesar de que Vox, Ciudadanos y PPCV se opongan en la votación del jueves. 

Las enmiendas

Los cambios más significativos que entrarán en vigor cuando la ley obtenga la luz verde el jueves en Les Corts ya fueron aprobados en marzo, por lo que no deberán volver a debatirse. Sin embargo, los partidos sí deberán pactar transaccionales que afecten, por ejemplo, a la exposición de motivos, ya que el texto legal ha cambiado sustancialmente desde que inició su trámite parlamentario. Las modificaciones más relevantes son las siguientes: 

-Distancia a los colegios. Uno de los principales acuerdos alcanzados por el tripartito es el que se refiere a la distancia mínima que deben respetar los nuevos salones de juego respecto a los centros escolares o centros de salud. Socialistas, valencianistas y morados aprobaron en la comisión antes de que estallara la pandemia que el espacio que deberán respetar los operadores es de 850 metros, tal y como anunciaron semanas antes. Ahora bien, con un matiz significativo: el método para medir esta distancia no será radial, sino de dominio público -es decir, por trayecto peatonal-, con lo que se reduce considerablemente el espacio afectado por esta nueva cláusula. 

-Licencias. Una vez se apruebe la ley, esta parte del articulado no solo afectará a locales de nueva apertura, también a los salones ya operativos una vez caduquen sus licencias. Es decir, aquellas casas de apuestas que ya se encuentren en funcionamiento porque obtuvieron la licencia de apertura y actividad con la ley actualmente en vigor de 1988, podrán seguir operando hasta que finalice su permiso. Pero una vez venza, si desean renovar la licencia, deberán cumplir lo que dice la nueva normativa. O lo que es lo mismo, si se encuentran a una distancia inferior a la que marque la nueva legislación, tendrán que traspasar el local. 

-Excepciones. El tripartito eximirá de cumplir este trecho de 850 metros a los colegios a los casinos y bingos. En el primer caso, explicaron en su día que tenían una serie de controles muy estrictos de acceso y no era un tipo de negocio al que solieran tratar de entrar menores. Respecto al segundo, consideraban que ya contaban per se con una baja afluencia de público. Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta esta distancia en el caso de las tragaperras de los locales de hostelería. 

-Publicidad. En un principio, Compromís había propuesto prohibir la publicidad institucional de la Generalitat en los medios que incluyeran anuncios de apuestas entre sus páginas. El PSPV, por su parte, puso encima de la mesa la posibilidad de que la Generalitat otorgara "ayudas, subvenciones y/o incentivos fiscales para clubes deportivos y medios de comunicación (especialmente online) que rechacen financiarse a través de publicidad vinculada con el juego con los operadores de juego". Ninguna de estas finalmente se llevó a la comisión. Las pretensiones fueron rebajadas sustancialmente: el tripartito aprobó una enmienda que establecía simplemente que la Generalitat concedería subvenciones a aquellos medios de comunicación y clubes deportivos que hicieran campañas contra la ludopatía.