VALÈNCIA. La jueza del caso Azud ha dejado en libertad al exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio al reducirse el riesgo de destrucción de pruebas por el que ordenó el ingreso en la cárcel para él y cuatro acusados más el pasado 15 de mayo. Igualmente, ha decretado la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la comparecencia semanal en el juzgado.
Fue hace dos meses cuando la titular del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia acordó la prisión preventiva, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de cinco personas en el marco de la segunda fase de la investigación. A finales de junio puso en libertad a la empresaria Mónica Montoro y a Joaquín Pastor, considerado financiero de la presunta trama. Este martes ha hecho lo propio con Rubio, mientras que tanto el exvicealcalde de València Alfonso Grau como el constructor Jaime Febrer seguirán por el momento.
Esta parte de la causa se centra en el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas abarcan el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
Rubio, entonces concejal del PSPV en el consistorio, mantuvo numerosos enfrentamientos con su entonces adversario político Grau, mano derecha de Rita Barberá y a quien durante cuatro años atacó duramente. Éste, de hecho, llegó a denunciarle en abril de 2005 por una supuesta intromisión en su honor al revelar que era administrador de una empresa relacionada con actividades urbanizadoras.
Sin embargo, se da la circunstancia de que a partir de ese mismo año Rubio rebajó sus denuncias políticas y habría pasado a formar parte de la trama en la que se le incluye junto a Grau. Así, la sospecha es que habría cobrado comisiones ilegales por adjudicaciones públicas valoradas en unos 300.000 euros, las cuales posteriormente habría blanqueado. Tanto él como Grau aparecieron en la agenda del presunto corruptor, el empresario Jaime Febrer, donde constaban diversas reuniones con ellos y otros políticos.
Tras la decisión del Juzgado, Rubio ha abandonado sobre las 18 horas de este martes el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia) cargado con sus efectos personales. La causa de Azud, abierta por lotras la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Valèncias presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, todavía permanece secreta desde que se inició en 2017.