VALÈNCIA. Un total de 26 de los 28 acusados por las agresiones del 9 d'Octubre de 2017 han aceptado penas que oscilan entre el año y los cinco meses y los dos años de prisión en una conformidad alcanzada entre las partes. Supone el reconocimiento de los hechos –la comisión de un delito de odio– y que se suspenda la entrada en la cárcel para aquellos que cumplan con los requisitos. Algo que tendrá que establecer el tribunal.
El acuerdo incluye la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas de las agresiones a una distancia de 300 metros–también de su domicilio y su puesto de trabajo– por un plazo de 3 años y 5 meses. La orden de alejamiento también es de 100 metros a las sedes de las entidades que integran la Comissió 9 d'Octubre y a las manifestaciones o actos que convoquen: Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Tirant lo Blanc, Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Revolta, Decidim (Plataforma pel Dret a Decidir), Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua,Societat Coral El Micalet, los sindicatos CCOO e Intersindical y los partidos Compromís, Podem, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y Jovent Republicà.
Igualmente, se les ha impuesto una multa y unas indemnizaciones individuales en concepto de responsabilidad civil que ya han sido abonadas. Los acusados han aceptado el pago conjunto, que asciende a los 47.202,84 euros. Deberán pagar asimismo de forma conjunta y solidaria las costas de las acusaciones particulares y la acusación popular fijadas en 46.950 euros.
El último punto del acuerdo es que cada uno de los acusados realice un curso sobre Derechos Fundamentales.
Todos aquellos que han llegado a la conformidad han circulado este miércoles, uno a uno, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los hechos para comunicar que la aceptaban y renunciaban a su turno de última palabra. El juicio seguirá para los dos acusados restantes, que no han aceptado el acuerdo, a partir del 4 de marzo.
El juicio que ahora se celebra quedó suspendido el pasado septiembre. La previsión era que comenzara en marzo, aunque finalmente se ha adelantado a este miércoles. El motivo fue que no todas las defensas de los acusados estaban de acuerdo con el inicio de conformidad alcanzada. El pacto se había cerrado de manera provisional y se tenía que ratificar durante el juicio, pero en el momento de las cuestiones previas saltó por los aires. Las defensas plantearon desacuerdos con el escrito definitivo. El punto conflictivo era la medida de la orden de alejamiento a 300 metros de las víctimas de las agresiones y de las sedes de las entidades que forman parte de la organización convocante de la manifestación.
Al perecer, los abogados leyeron la 'letra pequeña' del acuerdo respecto a este asunto y recularon en el acuerdo. Un letrado pidió suspender la vista porque los términos de la conformidad eran "desproporcionados y no ajustados". En este sentido, consideró que la medida del alejamiento era, en la práctica, "un destierro de la ciudad de València". A ello se añadió que otro letrado manifestó que no tenía conocimiento del escrito definitivo del pacto.
Ante esta situación, el presidente del tribunal suspendió el juicio y calificó de "falta de seriedad" lo ocurrido. El objetivo desde octubre hasta ahora era llegar a otra conformidad, que en principio pasaba por reducir la distancia de alejamiento de las sedes los 300 a los 100 metros. Algo que sí se ha aceptado.