La Mesa del Congreso admite a trámite la propuesta de Compromís de reforma de la financiación

VALÈNCIA. La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la proposición de ley presentada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví, de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA). Tras superar este trámite, se remitirá al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación en caso de que aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.

El Gobierno tiene ahora 30 días para manifestar su posición respecto a la tramitación. Si no se opone o transcurren los 30 días sin que se haya pronunciado, se iniciará el trámite con la inclusión de la proposición en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.

Compromís también ha presentado en Les Corts una proposición de ley para que sea la Cámara autonómica la que presente esa misma proposición en el Congreso. La coalición valencianista busca el apoyo de sus socios de gobierno, PSPV y Unides Podemos, en cuyo caso Baldoví retiraría la proposición que ya ha sido admitida a trámite para que, siendo una iniciativa de Les Corts, tuviera más fuerza.

La propuesta

La proposición de ley de Modificación de la Ley 22/2009 (por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía) presentada por Baldoví en el Congreso supone una reforma en toda regla del sistema de financiación autonómica. El cambio más relevante, y seguramente más polémico, es el siguiente artículo: "Todas las referencias a la población ajustada se entenderán realizadas a la población de derecho".

Esta modificación beneficiaría sobre todo a la Comunitat Valenciana y a la Comunidad de Madrid, las que más población pierden, respectivamente, en términos porcentuales y absolutos con el cálculo de la población ajustada que se utiliza en el actual SFA. La población ajustada tiene en cuenta siete variables -entre ellas envejecimiento, población en edad escolar o insularidad- que modifican la población de derecho a la hora del reparto de fondos. En el único esbozo de nuevo SFA que se conoce, el Ministerio de Hacienda proponía incrementar la ponderación de algunas de estas variables con el resultado de que la Comunitat Valenciana aún perdería más población en el cálculo.

Además de este cambio, que parece inaceptable para el grupo de CCAA que, precisamente, pide más población ajustada, Compromís plantea la eliminación de los fondos de Suficiencia Global, de Competencia, de Competitividad y de Cooperación. Estos fondos fueron muy criticados por los expertos que asesoraron en la reforma porque suponen para el sistema una maraña de distorsiones del reparto creadas para beneficiar a unas o a otras autonomías en la que, sin que nadie sepa explicar cómo ni por qué, las comunidades valenciana y murciana acaban todos los años a la cola de la financiación a mucha distancia de la media. El Ministerio que dirige María Jesús Montero no ha desvelado sus intenciones, pero sí había prometido simplificar el SFA, de lo que se deduce que sería partidario de eliminar al menos alguno de estos fondos.

Otras novedades son incorporar al SFA 1.200 millones de euros para dependencia que se repartirían según la población dependiente de cada comunidad autónoma, y 19.854 millones a repartir en atención al peso relativo de la población de derecho de cada Comunidad Autónoma en 2022. Esta última cantidad coincide con la planteada por la mayoría de los expertos que participaron en el comité técnico, que pedían un incremento de la dotación total del sistema de entre 13.000 y 16.000 millones. El aumento estaría justificado por los cinco años transcurridos desde aquella propuesta. En lo que no coincide es en la forma de reparto, ya que los técnicos planteaban que fuera por población ajustada.

Además, Compromís plantea un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales basado también en la población de derecho, y un Fondo de Compensación Transitorial "que tendrá por finalidad que ninguna comunidad autónoma pierda financiación en términos homogéneos, según la liquidación definitiva correspondiente al año base" y que tendrá una duración de entre 5 y 10 años.

Por último, la propuesta se refiere a la deuda histórica derivada de la infrafinanciación con la siguiente disposición: "La Airef calculará los déficits de financiación que han soportado las Comunidades Autónomas y su impacto en la deuda autonómica desde la entrada en vigor del modelo de financiación autonómica del año 2001, para que se proceda a implantar los correspondientes mecanismos de compensación previstos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas". Y añade que esa compensación consistirá en asunción de deuda autonómica por parte del Estado y deberá acordarse en el plazo de seis meses desde que la Airef emita el informe.