VALÈNCIA. Ni solución, ni buena idea. La propuesta del Ayuntamiento de València de hacer una permuta de dos solares con la constructora Guadalmedina, para solventar la anulación del convenio de Tabacalera, se ha convertido en un imprevisto conflicto vecinal que se va agravando conforme pasan los días. El convenio fue aprobado por el Ayuntamiento de València cuando gobernaba Rita Barberá. Ha sido esta legislatura que el Govern de la Nau ha tenido que ofrecer una solución, y han decidido entregarle dos pastillas a la constructora Guadalmedina a cambio de la recuperación de los terrenos de Tabacalera.
La más pequeña corresponde a lo que debería haber sido un colegio. Se trata de una parcela en la confluencia de las calles Penya-Roja y Río Escalona de más de 1.180 metros cuadrados de forma triangular. Esta peculiaridad geométrica, dicen en la Concejalía de Desarrollo Urbano, hace que no se puede emplear ya que se trata de un tipo de solar que la legislación expresamente prohíbe para colegios.
No lo comparten así los vecinos, quienes matizan que la ley no prohíbe sino que recomienda que los solares destinados a colegio sean regulares, y además sostienen que esa parcela que se rechaza podría incrementar el número de alumnos en el colegio. Guadalmedina tiene derecho a construir aquí 7.400 metros cuadrados de suelo techado en un edificio que como máximo puede tener 10 alturas.
La segunda parcela formaba parte de una gran zona verde prevista en la calle 3 de abril 1979, junto a las naves de Cros. En este solar de 1.680 metros cuadrados la empresa podrá construir un edificio con 8.700 metros cuadrados de techo que como máximo tendrá 13 alturas. En este caso, en el Ayuntamiento defienden que los vecinos continuarán teniendo más de 7.000 metros cuadrados de parque.
En el Govern de la Nau han justificado estas soluciones desde una perspectiva global y así lo defendió el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, quien llegó a señalar en un comunicado que con esta doble entrega el consistorio se ahorraba 45 millones de euros. En su día fuentes de su Concejalía destacaron también que esta cesión de suelo, que sostenían que se debía hacer a Guadalmedina sí o sí, sería mucho mayor en otros barrios ya que se hace en función del valor del metro cuadrado y éste es uno de los barrios más caros de València.
Pero los argumentos del Ayuntamiento no han convencido a los vecinos que este jueves iniciarán una serie de caceroladas que culminarán el 14 de abril, conmemoración de la II República, con un gran almuerzo de hermandad. Los vecinos protestan contra la modificación del PGOU de València que permitirá esta cesión que transformará suelo dotacional en suelo residencial libre.
1- El convenio es nulo; nuevo convenio. El primer punto de disputa con el Ayuntamiento es la consideración, por parte de los vecinos, de que el convenio está declarado nulo. Para ellos el Ayuntamiento debería plantearse un nuevo convenio. Así lo sostenía el abogado José Luis Ramos en un artículo en El periòdic.com en el que pedía que el Ayuntamiento de València hiciera “un nuevo convenio de permuta de los bienes permutados en el convenio anulado”. “Debe procederse a una nueva tasación de esos bienes”, añadía Ramos, “y si aparece una diferencia de valor entre los bienes permutados, la parte que haya recibido menos valor podrá reclamar que se le compense la diferencia entre lo acordado y lo recibido. Si no se le compensa, podrá plantear una demanda por enriquecimiento injusto, pero en ningún caso en cumplimiento del convenio anulado”, sostenía el letrado.
2-En el borde de la legalidad. Siguiendo la tesis de Ramos, lo que está haciendo el Ayuntamiento podría incurrir vía de hecho, porque está reincidiendo en la ilegalidad. Así, lo creen los vecinos quienes recordaron que, precisamente, los responsables del PSPV, los mismos que ahora gestionan Desarrollo Urbano, habían denunciado lo que en su día consideraron “enriquecimiento injusto”. En concreto se refieren a que el PSPV llegó a calcular que la permuta había supuesto unas pérdidas para la ciudad de 60 millones de euros, por la baja valoración de los bienes municipales. El propio Sarrià llegó a exigir a Barberá y a los dirigentes del PP que “pidieran perdón” por un acuerdo que había sido perjudicial para la ciudad en términos económicos.
3- Incoherencia política. Los vecinos consideran asimismo que el PSPV está incurriendo en una incoherencia política completa, ya que con la nueva propuesta lo que en realidad están haciendo, desde su punto de vista, es prolongar el convenio que ellos mismos denunciaron. Es por ello que consideran que, si el Govern de la Nau siguiera adelante con esta iniciativa, se le podría acusar de lo mismo que en su día criticaron al PP.
4-No es el constructor, es el Ayuntamiento. Los vecinos también contemplan una ecuación en la que el constructor queda fuera y la responsabilidad recaería únicamente en el Ayuntamiento. Según explican la inmobiliaria Guadalmedina, propiedad de Enrique Ballester, no tendría ninguna responsabilidad en este nuevo convenio ya que en ningún momento esta empresa, que les conste, ha exigido que se le diera en concreto esos solares. La decisión, dicen, de quitar suelo escolar y verde al barrio ha sido del Govern de la Nau.
5-La peor decisión. Así pues, señalan que, incluso en el caso de que el constructor tuviera derecho a esa compensación, se habría adoptado “la peor decisión que se podría elegir”. “De todas las posibilidades que había para ceder solares, en lugar de acudir a aquellos que tuvieran ya la consideración de suelo para viviendas, han elegido una opción que es la más perjudicial al interés general al restar suelo de carácter dotacional. La ilegalidad sería doble”.
6- Sin diálogo. Otro aspecto que imposibilita para ellos aceptar el cambio propuesto por el Govern de la Nau es que no se ha negociado en ningún momento con los vecinos. Es más, creen que “no ha existido ninguna voluntad por parte del Ayuntamiento para hablar con los vecinos” y para sostener esta afirmación se remiten a los hechos. Es aquí donde ven otro error de procedimiento grave que a su juicio anularía la nueva permuta, y es que, recuerdan, “existe un trámite participativo que no ha sido realizado: el plan de participación pública”, incluido en la LOTUP. Esto aseguran que les ha colocado en una situación de “indefensión”.
7-Unanimidad en público. La unidad mostrada durante las diferentes protestas, el hecho de que siempre que se han realizado asambleas no haya habido voces discrepantes, les convence aún más de la justicia de sus reclamaciones. “Desde que hicimos la primera Junta se optó por extender la afección a todos los habitantes del distrito 46023”, explican. Y siempre han encontrado una respuesta positiva hasta el punto que, lo que inicialmente era sólo una asociación por el solar de Penyaroja, se ha extendido al solar de las naves de Cros. Es la rebelión del distrito 46023.
8. El ritmo de asociados por día. Las impresiones van acompañadas también de hechos. Este lunes por la tarde repartieron más de 2.000 carteles en el barrio anunciando las caceroladas. Comercios locales los han incluido en sus escaparates. Asimismo, el ritmo de vecinos que se van incorporando a la recién nacida asociación es constante, porque se fundó a finales de febrero y en poco más de un mes bordea los dos centenares de asociados.
9. Continuidad de las protestas. Conscientes de la necesidad de mantener una acción persistente, los vecinos han organizado protestas y caceroladas que se extenderán hasta el 14 de abril. En esa fecha, que se conmemora la instauración de la II República, los vecinos organizarán un almuerzo de germanor en el que quieren que se sume el mayor número posible de personas, para así hacer una demostración de fuerza de cara a un Ayuntamiento que, insisten, no ha querido sentarse a negociar con ellos y les ha impuesto su solución.
10- Transversalidad política. Uno de los aspectos que más valoran los vecinos, explican, es el hecho de que hayan recibido el apoyo de todos los partidos de la oposición, incluso algunos próximos, en teoría, al Govern de la Nau, como es el caso de Esquerra Unida. Este apoyo, que incluye a PP y Ciudadanos, es para ellos fundamental ya que despolitiza su lucha y la convierte en una protesta vecinal en esencia. Son ellos contra una administración que no escucha, indican. “Estamos dispuestos a reunirnos y hablar con el Ayuntamiento, pero lógicamente no pueden mantener su postura”. Si no reciben respuesta, el siguiente paso serán los tribunales.