VALÈNCIA. La sanidad pública valenciana recupera este miércoles las pruebas de resonancias magnéticas tras más de veinte años en manos de la empresa privada. El pasado viernes, el Pleno del Consell aprobaba el decreto para abordar el paso a la administración de más de un centenar de trabajadores de la UTE Erescanner Salud para dar fin a un servicio cuyo sobrecoste la Sindicatura de Comptes cifró en 16,7 millones de euros anuales.
Una reversión que se ha demorado más de tres años desde que terminó el último concurso de diez años adjudicado a la unión de empresas liderada por Ascires -que controla el 57% a través de Eresa e Iberdiagnosis- acompañada del grupo propietario de Clínica Benidorm, con el 28,5% a través de Inscanner y Beanaca, y Ribera, con el 14,5%. Una licitación a la que precedió un concurso previo licitado en el Gobierno de Zaplana en el año 2000. Un camino de más de veinte años y en el que la administración valenciana ha pagado millones a espuertas por el servicio.
En concreto, la Conselleria de Sanidad ha subrogado a 113 trabajadores de la empresa contratista con la figura de personal a extinguir cuyo coste anual se estima en 5,4 millones de euros y que contrasta con la facturación de 42,6 millones de euros de la UTE en 2019, en la que también se incluiría la explotación de las máquinas.En este sentido, Sanidad calculaba ahorrar 21 millones anuales en la memoria económica definida para la Empresa Pública de Salud.
Fue en 2016 cuando la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón, anunció su intención de revertir el servicio a la gestión publica cuando acabara el contrato, pero cuando dimitió para ocupar el Ministerio en junio de ese año apenas había avanzado y la nueva consellera, Ana Barceló, no mostró ninguna prisa por culminar el proceso que se unió con varios informes entre Abogacía de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu que paralizaron el proceso.
En todo caso, el servicio se ha prestado sin contrato desde que finalizó hace más tres años y las facturas se pagan mediante expedientes de enriquecimiento injusto, fuera del presupuesto. Sanidad pidió en 2019 a Erescanner Salud una rebaja de las tarifas del 50%, a la vista del amplio margen con el que facturaba y que ya tenía casi todos los aparatos amortizados, pero la UTE solo aceptó bajarlas un 17%.
Casi todos los hospitales donde operaba Erescanner se regían por el modelo A inicialmente, en el que los radiólogos de la pública no intervienen, lo que en palabras de los profesionales de la sanidad valenciana ha supuesto un "secuestro del conocimiento" que no ha permitido abordar de la forma más eficiente la disciplina en los centros públicos.
Sin embargo, durante los últimos años se fue virando hacia el modelo C, en el que la resonancia la hace Erescanner pero el radiólogo que informa es del hospital, lo que supone un considerable ahorro. El contrato preveía la implantación progresiva del modelo C no sólo porque es más barato, sino precisamente por la necesidad de mantener en los hospitales públicos facultativos expertos en resonancias para la reversión. Ahora, todo el control desde la petición a la realización e informe de las resonancias vuelve a esta en manos de los facultativos de la sanidad pública.
Cabe recordar que algunos hospitales valencianos sí que han sido un oasis gestionando sus propias resonancias fuera del modelo privatizado como el Peset o San Juan. Esto ha evitado la falta de control que, por ejemplo, organismos como la Sindicatura de Comptes denunciaban en sus informes.
Según señala el ente fiscalizador en su informe de 2013, en ningún hospital (excepto en La Fe de Valencia) se verificaba la equivalencia entre la prueba realizada (rodilla, cerebral, cardiaca, abdomen...) y el tipo de exploración a facturar (RM Simple, doble, triple...), Esto dio lugar entre 2008 y 2012 a "numerosas incidencias", casi todas con exceso de facturación, que Erescanner reconoció y cuantificó en 1,87 millones de euros que debía devolver a Sanidad por errores en las provincias de Valencia y Castellón, por ejemplo.
En Síndic Major mostraba seis casos reales de pacientes por los que se facturaron distintos conceptos en pruebas idénticas. El informe recoge la praxis habitual en el sector médico, donde las exploraciones se clasifican en RM simple, doble o triple, en función de si cubre una zona anatómica, dos o tres.En este sentido, Erescanner registraba en muchos casos diferentes secuencias de la misma prueba como pruebas distintas, lo que disparó la facturación.
Cabe recordar que la gestión pública del servicio a partir del 15 de diciembre supondrá la activación del contrato que adjudicó la Conselleria de Sanidad como refuerzo a los hospitales públicos en caso de saturación, que se distribuyó entre varias empresas, especialmente Eresa e Imed.
El concurso se adjudicó en verano de 2018 pero no había entrado en vigor al no haberse materializado la reversión.
