La UCO investiga la relación del Levante UD con el cuñado de Barberá cuando se aprobó el PAI de 2005

VALÈNCIA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue la pista de todos los movimientos que como asesor que realizó el principal imputado del caso Azud, el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Corbín está en prisión desde el pasado 4 de abril investigado por presuntamente cobrar cuatro millones de euros procedentes de mordidas de empresas contratistas del Ayuntamiento o beneficiarias de operaciones urbanísticas. 

Las pistas que siguen los agentes con la documentación incautada los han llevado hasta el Levante Unión Deportiva, para el cual el ‘cuñadísimo’ realizó trabajos de asesoramiento en los años en que se modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que incluía la recalificación y reparcelación de terrenos que actualmente ocupa el centro comercial Arena, junto al estadio del Levante UD. 

Esta semana, agentes de la UCO se personaron en las instalaciones del Levante UD para solicitar, tras un requerimiento de la magistrada instructora, toda la información que tuvieran sobre los trabajos realizados por Corbin para esta sociedad anónima deportiva. Sin embargo, el club no pudo aportar ningún documento, pues solo conserva la información contable desde el año 2010, y la información solicitada era del 2005.

En julio de ese año, bajo el mandato de Pedro Villarroel, el club presentó el programa de actuación integrada (PAI) de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana denominado Estadio Levante Unión Deportiva. Además de la modificación del PGOU que suponía la recalificación de terrenos, el programa incluía la reparcelación forzosa de la zona afectada por la modificación. En esos terrenos se construyó el centro comercial Arena. 

Valencia Plaza se puso en contacto con el Levante UD y desde el club, explicaron que la Guardia Civil no logró su objetivo: "Aunque solo hay que conservar la información de los últimos cinco años, nosotros guardamos todo desde el año 2010 y, por tanto, no hemos podido ayudar a los agentes" porque no tenemos la de 2005, afirman desde el cl.

Este periódico también llamó al que en 2005 era presidente de la entidad deportiva, Pedro Villarroel, para tratar de averiguar qué clase de asesoramiento realizó Corbin para el club. El expresidente afirmó no solo no saber quién es Corbin, sino además, no recordar si el cuñado de la alcaldesa trabajó para el Levante UD. "Es posible, se contrataba a despachos externos al club para determinadas situaciones", manifiestó.

Reparcelación y recalificación

Es llamativo que Corbin realizara labores de asesoramiento para el Levante UD el mismo año que se produjo una reparcelación de los terrenos aledaños al estadio del club que, un año después, y tras una recalificación posterior que se produjo entre el 2006 y 2007, pasó a ser zona terciaria y terminó por ser vendido para que se construyera el centro comercial Arena. El suelo de la zona terciaria se vendió en el 2007, dos años antes de que entrara en el club el actual presidente, Quico Catalán.

Fuentes de la investigación informaron a Valencia Plaza que la UCO investiga si esos movimientos tuvieron como final, además de la susodicha recalificación, una presunta mordida para el cuñado de la alcaldesa. El problema para los agentes es que la documentación en poder del Levante ya no existe.

'Operación Azud'

En la operación Azud se investigan presuntas mordidas que el cuñado de Rita y un amigo, el también abogado Diego Elum, presuntamente habrían cobrado de media docena de empresas contratistas del ayuntamiento con el único fin de incrementar su patrimonio.

La Guardia Civil, además de los contratos, también investiga diversas recalificaciones y reclasificaciones de terrenos de las que el preso habría cobrado en ‘especie’. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que varios contratistas le habrían pagado, por un lado, con pisos, y por otro, con la venta de inmuebles muy por debajo de su valor real.

El dinero total que el cuñado de Rita Barberá habría obtenido con este ‘negocio’ paralelo habría superado los cuatro millones de euros. José María Corbin, supuestamente acumuló ese dinero a base de mordidas de contratistas del Ayuntamiento de València al menos desde el año 2006, es decir, los últimos tres mandatos de Barberá al frente del consistorio. 

No es la primera vez que el nombre de Corbin rozaba, y muy de cerca, un caso de corrupción. En el caso Taula, donde ejerce de abogado de la principal imputada por la pieza del ‘pitufeo’, la exsecretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster, una de las testigos explicó que Corbin cobraba 3.000 euros al mes por asesorar a Laterne, la supuesta empresa pantalla de la financiación irregular del PP de Barberá.