Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA (EFE/Loli Benlloch). A finales de marzo se cumplen cuatro años de la aprobación de la ley trans valenciana, que ha permitido avanzar en el reconocimiento de derechos y en el apoyo institucional a este colectivo y que, aunque aún tiene puntos por desarrollar, aspira a ser referente y espejo para la ley trans estatal.
La ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, que se aprobó en marzo de 2017 con el único voto en contra del PP, reconoce el derecho de autodeterminación de género sin necesidad de prueba psicológica o médica, e incluye medidas sanitarias, educativas, sociales y laborales en favor de estas personas.
Desde entonces se han puesto en marcha las Oficinas Orienta de asesoramiento, se ha facilitado el cambio de nombre en documentos como la tarjeta sanitaria, se ha ampliado la cobertura sanitaria al colectivo y un protocolo educativo garantiza el acceso del alumnado a los lavabos y vestuarios según el género sentido.
También se ha constituido el Consejo consultivo trans de la Comunitat Valenciana, que en mayo espera presentar su primer informe sobre el cumplimiento de la ley, mientras que tiene pendientes de desarrollar cuestiones relacionadas con la inserción laboral y con recursos habitacionales para personas trans vulnerables.
La ley trans fue la primera que impulsó la Conselleria de Mónica Oltra la legislatura pasada, que al convocar a las entidades LGTBI para cumplir el compromiso del pacto de gobierno en la Generalitat de elaborar una ley de igualdad de las personas LGTBI se encontró con la reivindicación de que primero era necesaria una ley trans.
"Era una ley urgente", indica a EFE la activista trans y representante de Lambda en el Consejo Consultivo Trans de la Comunitat Valenciana María Homsani, quien explica que había "mucha discriminación y desconocimiento" sobre el colectivo trans, aún "muy invisibilizado".
Para lograr "un consenso lo más amplio posible", la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas creó mesas de trabajo con las entidades de personas trans, expertos, otras Consellerias y los grupos de Les Corts, y se trabajó "artículo por artículo" la ley, señala a EFE el director general de Igualdad en la diversidad, José de Lamo.
"En cuatro años no ha habido ningún problema en la aplicación de esta ley", explica De Lamo, quien no entiende la polémica en torno a la nueva norma estatal, cuando la aplicación de las autonómicas y de las de otros países no ha tenido controversias significativas, y pide que "se tenga en cuenta" la experiencia valenciana, que ha supuesto "un avance muy importante".
El colectivo trans "sufre una discriminación brutal en su día a día", lamenta De Lamo, quien opina que el debate público no debería estar en la cuestión de su identidad, sino en "el rechazo que siguen sufriendo", y destaca que la norma valenciana, aunque tiene "margen de mejora", les permite que "tengan los problemas que cualquier persona, pero no por ser trans".
La activista trans María Homsani reivindica que la norma valenciana ha supuesto un avance, ya que es "una base que ha dado mucha facilidad para tener una vida más digna", y sobre la ley trans estatal opina que el principal problema es que "hay una lucha política en la que están usando" a este colectivo.
"Pero antes o después saldrá adelante, no queda otra; las personas trans tienen menos derechos que el resto y es necesario sacar adelante una legislación", asevera Homsani, quien también alerta: tener una ley es importante, pero luego hay que aplicarla y no es solo cuestión del Gobierno, "como sociedad nos tenemos que implicar en que las personas trans tengan una vida digna".
La ley trans, junto a la ley de igualdad de las personas LGTBI que se aprobó posteriormente, ha permitido poner en marcha las oficinas Orienta, un servicio público se asesoramiento que entre 2019 y 2020 ha prestado 3.152 atenciones a personas trans (1.643 mujeres trans, 1.284 hombres trans y 225 personas trans no binarias), en su mayoría en la franja de 18 a 30 años.
En el ámbito educativo, en los últimos dos cursos la Conselleria de Educación no ha recibido ninguna queja de alumnado al que se le haya impedido en su centro usar el lavabo y los vestuarios según el género sentido, pese al recurso judicial inicial de las patronales de centros concertados católicos, que fue rechazado; y las cinco universidades públicas tienen protocolos para que en las clases este alumnado pueda cambiar el nombre.
En el ámbito sanitario, las unidades de referencia de identidad de género de las tres provincias han atendido a más de 1.400 personas entre junio de 2017 y septiembre de 2020, mientras que en el apartado de sanciones todavía no se ha impuesto ninguna, aunque la Generalitat se personó el caso de una agresión verbal de un policía local de Benidorm a una mujer trans y se está a la espera del resultado del proceso judicial.
Respecto a la documentación valenciana -que motivó la apertura de una comisión bilateral pero se solucionó sin necesidad de interponer recurso de inconstitucionalidad-, se ha gestionado una treintena de cambios de nombres en documentos como la tarjeta sanitaria o carnés de biblioteca, solicitados en su mayoría por jóvenes que han iniciado su transición y tienen que esperar dos años para cambiar el DNI.
