VALÈNCIA. El director general de Relaciones Informativas, Pere Rostoll, acudió este lunes a Les Corts para presentar las líneas maestras del nuevo contrato programa de À Punt. Un documento que debe regir los objetivos de la radiotelevisión pública entre 2021 y 2023 que, por el momento, ya ha despertado recelos en Compromís. Una circunstancia que podría dejar en el aire su futura validación en un pleno del Consell.
Rostoll desgranó en la comisión de RTVV y del Espacio Audiovisual del Parlamento valenciano algunas cuestiones relevantes del contenido de este documento: que la previsión de la subvención que aporte la Generalitat a la televisión valenciana anualmente será de, al menos, 58 millones de euros -lo que la situaría por debajo del límite legal que marca la ley de creación-, o que el objetivo de audiencia para finales de 2023 se sitúa en el 4%, entre otras cuestiones.
Ahora bien, los detalles que ofreció el director general no satisficieron a Compromís, sus socios en el Gobierno del Botànic. Y es que los valencianistas ya asistieron a la cita de ayer con cierto resquemor por haber estado un año a la espera de conocer la letra pequeña de esta hoja de ruta. No en vano, el anterior contrato programa caducó en diciembre de 2020 y desde entonces han estado reclamando conocer el contenido sin que sus peticiones hayan sido escuchadas por sus socios. "Demasiado secretismo ha envuelto este documento", apuntan fuentes de Compromís, donde aseguran que siguen sin tener acceso a él.
En la coalición quieren leer todos los pormenores, pero además reclaman que este contrato programa presentado "no está cerrado" dado que, más allá de que debe todavía sumar el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos, aseguran que es la comisión mixta Consell-Corporació la que debe validarlo para trasladarlo a un pleno del Consell que lo apruebe.
Una comisión integrada por PSPV y Compromís: de ella forman parte el propio Rostoll; la consellera de Educación y exsecretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit; y el secretario autonómico de Hacienda y Modelo Económico, Francesc Gamero. También la integraba la exsecretaria autonómica de Comunicación, Beatriz Gallardo, que decidió abandonar su cargo hace ya un mes. En las últimas horas se ha barajado situar en su lugar al secretario autonómico de Promoción Institucional, Alfred Boix. Este órgano, sin embargo, lleva sin reunirse un año.
Un telón de fondo por el que los valencianistas advierten que, si cuando el texto pase por esta comisión no están conformes con alguna cuestión, no darán su visto bueno en el 'consellet' -cita que mantienen los subsecretarios de las consellerias en la que dan luz verde a los acuerdos que pasarán el día siguiente por el pleno del Consell-.
La marejada es importante, pues en el PSPV entienden que esta es una comisión de seguimiento y no una comisión que deba dar su visto bueno o no a un documento de este tipo. De hecho, recuerdan que este contrato programa ya fue aprobado en diciembre del año pasado el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), y tan solo le queda obtener luz verde del Gobierno valenciano. Así, los socialistas ya dan por bueno el texto actual y simplemente esperan al informe de Presupuestos para llevarlo a un pleno del Consell. "En Compromís pueden decir misa, pero el documento ya ha pasado el filtro de los propios consejeros de la tele. ¿Van a votar en contra de eso? ¿No queríamos independencia para À Punt?", concluyen.
Aún así, en Compromís insisten. Uno de los aspectos que más suspicacias ha despertado entre los valencianistas es el hecho de que el contrato programa recoja la posibilidad de que pueda ser prorrogado. Una figura que la diputada de Compromís en la comisión Mònica Àlvaro preguntó bajo qué paraguas normativo se situaría. En la UTE electoral integrada por Més, Iniciativa y VerdsEquo no creen que este pueda sustentarse en la Ley de creación de À Punt, ni tampoco que lo permita el mandato marco que caducará a en 2023.
Más puntos de fricción
Más allá de que este sea el documento definitivo o no que marque la hoja de ruta de À Punt hasta el año que viene, Rostoll ofreció algunos datos tales como que la Generalitat asumirá las posibles obligaciones derivadas del IVA que pueda tener la radiotelevisión valenciana, o que la CVMC tendrá una línea presupuestaria para el sector audiovisual de 12 millones de euros este año -tal y como quedó marcado en el presupuesto- y 13 en 2023. Siempre y cuando, eso sí y tal como puntualizó el diputado de Cs Fernando Llopis, si las cuentas autonómicas lo contemplan y obtienen el visto bueno en Les Corts.
También se mantendría el mínimo del 35% de la emisión anual a la difusión de obras audiovisuales y cinematográficas de productores audiovisuales valencianos. Un 24% de las inversiones se dedicarán a contenidos de producción y coproducción en valenciano y un 5% al doblaje.
Otras dos cuestiones que escaman en Compromís es, precisamente, por qué el Consell no le paga la publicidad institucional a À Punt, lo que le permitiría a la cadena contar con mayores ingresos. De hecho, este tema era uno de los que quería abordar la coalición en las 'nonatas' reuniones de la comisión mixta.
El segundo asunto que no agrada en las filas valencianistas es que cinco años después se siga sin poner en marcha el segundo canal de radio con música en valenciano y que el nuevo documento tampoco contemple su inauguración, pues el propio Rostoll preguntado por esta cuestión aseguró que no era momento de "fragmentar la audiencia" que tiene la radio.
El director general de Relaciones Informativas aseguró que, en materia de personal, se estabilizaría la plantilla que actualmente presta sus servicios en la radio y la televisión durante todo el período de vigencia del contrato programa, de manera que la dirección pueda "trabajar con margen para la celebración de las oposiciones" que tengan que cubrir las plazas de À Punt. Sin embargo, no ofreció más detalles al respecto a pesar de que este ha sido uno de los principales escollos de la televisión pública en cada presupuesto desde que se puso en marcha.
Foto: CORTS/INMA CABALLER
