Hoy es 10 de octubre
VALÈNCIA. El concurso para convertir la antigua Estación Marítima de València en un hub tecnológico se encuentra en un momento clave. Tras entrar en vía muerta desde hace semanas, ha sido incluido entre los puntos de la próxima comisión delegada del Consorcio Valencia 2007, que se celebrará este martes 30 de octubre, según confirman desde la Marina de València.
La intención es que el ente gestor apruebe la adjudicación a la empresa belga Fosbury and Sons –la que mayor puntuación registró de las dos propuestas presentadas con su propuesta Valencia Innovation Bay–. Sin embargo los informes que la Conselleria de Hacienda solicitó a técnicos harían que la Administración autonómica votara en contra de que se adjudique, al establecer reparos al desarrollo del concurso, según aseguran fuentes conocedoras de dicho informe.
El foco de las dudas sobre la legalidad del proceso convocado por el gestor de la Marina de València fueron señalados por la candidatura Valencia Innovation District –apoyada por la Asociación Valenciana de Startups– y ya llevaron a que, hace semanas, la Generalitat paralizara cualquier decisión mientras no se resolvieran las incertidumbres.
A juicio de la propuesta valenciana, los belgas incumplieron los pliegos al presentar un canon variable, cuando la exigencia era la de un canon fijo obligatorio. Pese a ello, la Mesa de contratación no solo dio por buena la propuesta, sino que la puntuó por encima de su rival, que había obtenido mejor calificación en la parte técnica.
Ángela Pérez, CEO de Imegen y cara visible de la de la candidatura valenciana, denunciaba en una entrevista con este periódico las "graves deficiencias jurídicas" detectadas en el proceso y advertía de que las iban a poner al descubierto. Pérez aseguraba que la oferta belga dejó la casilla del canon fijo vacía y aportaron un párrafo por escrito. "Por lo poco que pudimos ver, planteaban un canon en el que se daba un tiempo de carencia en el que el canon iba de menos a más. Es un canon que no es fijo sino que es variable", apuntaba, y recordaba que en los pliegos el canon fijo es obligatorio, entre otras cuestiones.
Tras todos estos desencuentros, son varios los informes que están sobre la mesa. Entre ellos dos de la candidatura valenciana, con los que refrendan su teoría de que la oferta belga no es válida, tesis que se vería apoyada por el informe en el que se basara la Generalitat para tomar la decisión.
También hay sobre la mesa, según las mismas fuentes, un informe encargado por la Marina de València al despacho murciano Acal, especializado en asesoramiento a administraciones públicas, que consideraría legalmente válida la adjudicación a la empresa belga mientras que Fosbury and Sons también habría incluido un informe a favor de la adjudicación de su proyecto.
La comisión delegada del Consejo Rector, en la que están representadas las tres instituciones que integran el Consorcio –Ayuntamiento de València, Generalitat y Administración General del Estado–tendrá que abordar todas las cuestiones.