Más de 1.160 viviendas del parque público del Consell están ocupadas ilegalmente 

VALÈNCIA. Al problema del estado y tamaño del parque público de viviendas de la administración autonómica se suma otro: los okupas. Una situación que no es nueva, sino que se prolonga en el tiempo con cifras en aumento, pese a las medidas puestas en marcha en la pasada legislatura. Y es que si a mediados se 2015 se contabilizaron más de 500 ocupaciones ilegales, a fecha de julio de este año eran un total de 1.164 casos, según los datos que maneja la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 

Una cuestión que se agudiza y que, según reconoce la propia Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) en sus cuentas anuales del pasado ejercicio 2018, se ha convertido en "uno de los graves problemas del parque público" al que poner solución. "No se pueden tolerar nuevas ocupaciones ilegales en viviendas sociales porque vulneran los derechos de las personas que están registradas en la lista de demandantes, impiden la adecuación y rehabilitación de la vivienda y suponen un riesgo por falta de seguridad para sus ocupantes y el resto de la comunidad vecinal", incide. 

Solo en 2018 se detectaron 170 nuevas ocupaciones ilegales en inmuebles de la administración valenciana, de las que 11 fueron en Castellón, 91 en Valencia y 68 en Alicante, iniciándose los correspondientes expedientes administrativos para su desalojo "con el conocimiento y la participación de los servicios sociales del municipio de que se trate". Además, en el pasado ejercicio se recuperaron 99 inmuebles, la mayoría de ellos en la provincia de València (66), y se presentó denuncia por usurpación en 37 casos, según las cuentas del EVha.

Muchos de los casos son personas con escasos recursos y en situación de vulnerabilidad. Ante esta circunstancia, el anterior equipo al frente de la Conselleria de Vivienda, liderado por María José Salvador, activó un programa de legalización de ocupantes sin título para la adjudicación excepcional de los inmuebles analizando caso por caso. Para ello, se tienen en cuenta una serie de criterios objetivos como cumplir las condiciones para acceder a una vivienda de promoción pública, acreditar situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación; familias numerosas, con hijos mejores o víctimas de violencia de género.

Pero también se precisa el cumplimiento de una serie de criterios subjetivos para regularizar las ocupaciones sin título como demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble o tener arraigo en el barrio. Una información que recaba el EVha de los servicios sociales municipales.

Desde 2015 hasta mediados de este año, se han iniciado 400 expedientes para la regulación estas situaciones y se han legalizado un total de 62 casos, detallan desde Vivienda. Durante 2018, se abrió el proceso a un total de 128 familias que ocupaban viviendas desde antes de julio 2015. Se trata de una vía de lenta tramitación por el estudio caso por caso de cada situación y no exenta de algunas vicisitudes como el estado de algunos de los inmuebles que hacen imposible su habitabilidad y precisan de obras para su rehabilitación, pero que desde la nueva Conselleria se quiere seguir abordando con especial hincapié.

Rehabilitación y demolición

Otra de las cuestiones que serán claves en esta legislatura es la mejora y adecuación del parque público de viviendas, una de las prioridades que ya se ha marcado el conseller Dalmau, quien ya ha avanzado su voluntad de ampliarlo en un 30% para conseguir uno de los objetivos fijados, que la vivienda sea "un derecho y no un privilegio".  

En la actualidad, el parque público de vivienda está formado por 14.000 inmuebles, de los que 12.676 son para alquiler social, personas en riesgo de exclusión social, y 1.367 en régimen de alquiler asequible, es decir, destinadas a colectivos vulnerables. Estos activos se encuentran distribuidos a lo largo de toda la geografía valenciana y conforman un volumen que desde la Conselleria de Vivienda consideran insuficiente y escaso para hacer frente al problema habitacional en la Comunitat Valenciana. Y es que, mientras en autonomías como Castilla la Mancha las viviendas de titularidad pública suman un total de 11.000 viviendas para dos millones de habitantes, en la Comunitat son 14.000 para cinco millones de valencianos.

Del total de inmuebles, 2.051 se encuentran todavía sin contrato, entre ellos los 1.164 inmuebles okupados. El resto está o bien para demoler o rehabilitar. En concreto, está previsto el derribo de 140 viviendas y pendientes de adecuación 747: unas 533 del parque público para alquiler social y 214 del parque propio del EVha para alquiler asequibles. Además, de ese volumen de inmuebles que precisan una rehabilitación 105 están ya en reparación y 392 pendientes de valoración.