La mayoría de inmuebles de la Sareb están en zonas con alta necesidad de vivienda en la Comunitat

VALÈNCIA. Las políticas de vivienda pública que el Gobierno impulsa en la recta final de la legislatura tienen en la Sareb a uno de sus actores principales. Tal y como anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su intención es movilizar unas 50.000 viviendas de esta entidad a alquiler asequible para atender la actual emergencia habitacional y dar una solución a muchas familias que no pueden hacer frente el alza de precios. Según datos de la propia compañía, la Comunitat Valenciana es una de las regiones donde más pisos en propiedad posee con un 19% del total. De ellas, algo más de la mitad, cerca de 5.000, están ya a disposición de la Generalitat para su adquisición. Pero, ¿están los inmuebles de la cartera de la Sareb ubicados en localidades con necesidades de vivienda social?

En el caso de la autonomía valenciana, y como se desprende del inventario de la Sareb y del último informe sobre áreas de necesidad de vivienda (ANHA) elaborado por la Conselleria que dirige Héctor Illueca, un 54% de los casi 9.000 inmuebles totales de la entidad en suelo valenciano estarían en una localidad con elevados requerimientos habitacionales. En estas poblaciones, según el estudio realizado por el Observatorio del l’Hàbitat dependiente de Vivienda, es donde se producirían los mayores desajustes entre la gran demanda y la escasa oferta de pisos públicos. Además, allí se darían con mayor intensidad factores como la existencia de un alquiler tensionado o de riesgos de inundaciones o seísmos, que se tendrían igualmente en cuenta para la ponderación de los municipios.

En concreto, en las 83 localidades donde la Conselleria identificó altas necesidades de vivienda pública, la Sareb cuenta con más de 4.800 inmuebles. Las poblaciones más afectadas por la emergencia habitacional se ubicarían en la provincia de Alicante, como son Pilar de la Horadada (la Vega Baja), donde el ente público posee 28 pisos; o Monòver (Vinalopó Mitjà), donde se hallan 43. La propia ciudad de Alicante, en la que hay 82 viviendas, figura también entre las más necesitadas, mientras que justo en Aspe (Vinalopó Mitjà), el municipio con mayores requerimientos de toda la Comunitat Valenciana, no habría ninguna.

En el caso de la provincia de Valencia, y como ya informó Valencia Plaza, las localidades con más requerimientos de viviendas públicas son Sollana (la Ribera Baixa) y Gandia (la Safor). La primera de ellas no cuenta tampoco con pisos que son propiedad de la Sareb, aunque la segunda, que posee un total de 114, está entre la veintena de poblaciones donde se superan los cien inmuebles del conocido como ‘banco malo’. En este sentido, y dado que muchos de estos pisos fueron asumidos por la Sareb en los años de la crisis financiera, su distribución por la geografía valenciana ofrece un reflejo de los puntos calientes de la crisis inmobiliaria tras el estallido de la burbuja.

Así, la mayoría de los inmuebles de la Sareb se reparten a lo largo de la costa autonómica, y en municipios turísticos de la provincia de Castellón como Moncofa (la Plana Baixa), se alcanzan incluso las 714 unidades. Tanto en ese municipio como en Dénia (la Marina Alta), donde la Sareb posee 242 pisos, la Conselleria de Vivienda califica de muy elevadas las necesidades habitacionales, un escenario que se replica de la misma forma en Benicarló (158 inmuebles), Sagunto (138 pisos), o Torrevieja (71 viviendas).

Asimismo, las capitales de provincia de Castellón y Valencia, así como las áreas metropolitanas las ciudades de València y Alicante, son ubicaciones con grandes necesidades habitacionales y donde la Sareb posee una buena cartera de inmuebles. En el caso de Castelló son 272 viviendas, y en la capital de la comunidad autónoma se alcanzan las 279. Muy cerca de allí, en Torrent, se superan igualmente los doscientos pisos, mientras que en Paterna hay inventariadas más de cien.

Por provincias, Valencia sería la que concentraría un mayor porcentaje de viviendas de la Sareb en municipios con altas necesidades habitacionales, con un 57% del total por el 54% de Castellón y el 50% de Alicante. Un adicional 20%, además, estarían en localidades de la provincia de Valencia con un nivel medio de requerimiento de pisos, como Meliana o Chiva, a la vez que otro 14% se ubicaría en poblaciones que, como Rocafort o Godella, tienen necesidades bajas de vivienda pública.

Casi 5.000 viviendas, ya a disposición de la Generalitat Valenciana 

Por su parte, la Sareb dio a conocer este viernes que, de las casi 9.000 viviendas que componen su parque en la Comunitat Valenciana, cerca de 5.000 reúnen las condiciones óptimas de habitabilidad para ponerlas a disposición de la Generalitat Valenciana para su compra. En este sentido, y aunque su ubicación exacta no ha sido revelada, el ente público ha desvelado que la provincia de Valencia será la que cuenta ya con un mayor número de pisos para su adquisición por parte de la Administración autonómica, con 2.266, seguida de Murcia (2.093) y Castellón (1.769).

De hecho, el equipo de Illueca se adelantó al anuncio de Sánchez y lleva ya meses negociando con la entidad la compra de un paquete de 325 viviendas, una operación que, según avanzó el vicepresidente de la Generalitat, se cerrará en breves. Todavía se estaban ultimando algunas cuestiones como el precio final de la transacción. Y es que, aunque fue el presidente del Gobierno el que anunció el plan para dar salida a la amplia cartera de la Sareb, serán las autonomías las que cerraran los acuerdos de compraventa con la entidad y, por tanto, pagarán por las viviendas.

En un principio, la Sareb ofreció 1.706 viviendas a la Generalitat, pero los técnicos de la Conselleria concluyeron que había 583 en condiciones favorables de habitabilidad para incorporarlas al parque público. Tras las inspecciones correspondientes, se eligieron las primeras 325 unidades en base a su tipología y situación geográfica preferente para garantizar el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables.

Actualmente, la Sareb cuenta con un stock de 21.000 viviendas que pueden ya incorporarse al parque público de las comunidades autónomas y ayuntamientos para alquiler. De ellas, unas 9.000 están en condiciones de venta inmediata, mientras que las otras 12.000 unidades están pendientes de procesos de adecuación, que en muchos casos ya se están acometiendo para ser habitadas en un plazo de entre seis y 12 meses.

Asimismo, tiene otras 14.000 que se encuentran habitadas, la mayoría de forma irregular, y dispone de suelos disponibles para desarrollar otras 15.000, pero que están sin construir. Todo esto suma las 50.000 unidades que aseguró el presidente del Gobierno que se quieren movilizar. 

Otras promesas electorales en vivienda

Pero no solo este plan forma parte de las muchas promesas electorales en materia de vivienda que el Gobierno ha anunciado en los últimos días. Con la convocatoria electoral a la vuelta de la esquina y la emergencia habitacional actual, ante el alza continua de los precios y la imposibilidad de muchas familias de acceder a un piso, el Ejecutivo ha centrado gran parte de sus anuncios en resolver esta situación.

Así, además del plan con la Sareb, el Gobierno también prometía una línea ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para financiar otras 43.000 viviendas sociales a través de la colaboración con el sector. No obstante, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) advertía de que, para que la iniciativa privada se involucre, la rentabilidad de estos proyectos debería oscilar entre el 6% y el 8%, con los tipos de interés actuales.

La última de sus propuestas pasa por la construcción de otros 20.000 nuevos inmuebles en suelos de Defensa, una iniciativa que rescata Sánchez, ya que es similar a un plan que anunció el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, hace cinco años. El programa contempla la compra de los terrenos por parte del Sepes, (Entidad Estatal del Suelo), dependiente de Transportes, al Ministerio de Defensa, ya que la ley no permite la cesión sin que haya una contraprestación económica.

Por el momento, se desconocen el desglose de suelos en cada autonomía. De hecho, preguntados al respecto por este diario, desde los ministerios involucrados en la operación -Transportes y Defensa- afirman no tener el detalle autonómico. Eso sí, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba este jueves que los suelos se pondrán a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de forma gratuita. El acuerdo se aprobará en el Consejo de Ministros del 9 de mayo, según avanzó el calendario que baraja el Gobierno.