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Militantes de Vox denuncian en Anticorrupción una 'caja B' en València "que conoce Ortega Smith"

10/07/2020 - 

VALÈNCIA. Militantes de Vox han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que el partido en València tiene una caja 'B' con la que presuntamente se habría financiado irregularmente. Además de dicha denuncia, interpuesta este miércoles, los denunciantes señalan que el número dos del partido, Javier Ortega Smith, tuvo conocimiento de los hechos y no hizo nada.

Según las fuentes internas de Vox consultadas por Valencia Plaza, el pasado enero le fueron notificadas en persona en Madrid a José Hidalgo, director nacional de seguridad, las presuntas irregularidades y tampoco reaccionó. Tras el primer revés, viendo que el partido no actuaba, en junio pasado se notificaron los mismos hechos al Comité de Derechos y Garantías de Vox y, según los ahora denunciantes, "no se hizo nada".

Fue dicha falta de respuesta la que les llevó a enviar a Ortega Smith, además de otra vez al Comité de Derechos y Garantías, un nuevo correo electrónico. Una vez más, no hubo respuesta, ante lo cual se envió un burofax a Vox cuya respuesta fue la misma, el silencio.

Las denuncias

En las denuncias, a las que ha tenido acceso Valencia Plaza, se explica que el número uno de Vox en la Comunitat Valenciana, José María Llanos, indicó a los afiliados valencianos que pagaban religiosamente su cuota de un mínimo de nueve euros al mes, en una reunión, que "era necesario entregar unas cantidades que posteriormente ingresaríamos en la cuenta del partido con el concepto de donación".

Hasta ahí, todo sería correcto, pues una persona que pertenece a un partido político puede hacer ingresos inferiores a 50.000 euros. El problema viene porque, según la denuncia, se han utilizado datos personales como el DNI para realizar ingresos, de hasta 4.000 euros, de personas afiliadas a Vox sin que ellas tuvieran conocimiento de dichos ingresos.

José María Llanos, líder de Vox en la Comunitat Valenciana. Foto: EP

Fuentes de la Fiscalía consultadas por este periódico aseguraron que, de demostrarse esta operativa, no solo podría darse un delito de financiación irregular, sino varios delitos más del Código Penal como los relacionados con la protección de datos y el blanqueo de capitales.

En la denuncia presentada en Anticorrupción, explican que "como quiera que la cuenta donde se ingresaban las donaciones está en Madrid, y no se disponía de autorización, Vox-Valencia, llevaba una 'Caja B', manejada por Joaquín Díaz (exgerente de la empresa pública Fervasa) y José María Llanos, de la que se pagaban los eventos, comidas, salidas, cuya cuenta deberá tener altos ingresos para atender pingues gastos. Este metálico lo portaban en sobres los reseñados, e incluso de estos sobres se efectuaron distintos ingresos en la cuenta del partido por indicaciones de Llanos y a efectos de su lavado".

Es más, en la denuncia se llega a decir que, resulta extraño que un funcionario profesor de la universidad, y un concursado, en referencia a Joaquín Díaz, "disponga de tanta cantidad de efectivo para los pagos fútiles y necesarios de la campaña electoral, algo que resultó chocante", y que según la denuncia "está anotado a mano en una libreta".

La denuncia también incluye pagos en efectivo, pues según consta en el escrito "Llanos, acompañado de Joaquín Díaz, entregó un dinero en metálico (1.000 euros en billetes de 100), para, como favor, ingresarlo en la cuenta del BBVA del partido".

Llanos, Santiago Abascal y Gil Lázaro, en un mitin en noviembre de 2019. Foto: EDUARDO MANZANA

Los ahora denunciantes ante la Fiscalía, tras ser conocedores de las presuntas irregularidades cometidas por Llanos y Díaz, pusieron en conocimiento del partido en Madrid estas cuestionables actuaciones enviando un escrito explicando lo sucedido. Sin embargo, Vox jamás contestó a ese primer escrito, ni a los posteriores correos y burofaxes.

Ante la falta de respuesta mencionada anteriormente los denunciantes enviaron, entre otras cosas, un correo electrónico una semana después de haber interpuesto la denuncia ante el Comité de Derechos y garantías en el que dicen: "Trascurridos mañana siete días naturales desde el envío del email, sin respuesta por parte del comité, sin merecer siquiera un acuse de recibo, entendemos que quedamos libres para actuar en justicia".

El correo electrónico enviado al comité llegó el pasado 22 de junio. Ante la inacción de Vox, que fue conocedor de los presuntos actos delictivos, los denunciantes finalmente han optado por poner una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que ahora deberá decidir si aprecia indicios de delito e inicia una investigación.

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