Vicent Cucarella, síndico mayor de cuentas. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Sindicatura de Cuentas ya ha hecho público el informe sobre el control interno de los ayuntamientos en municipios de 20.000 a 25.000 habitantes. Este documento pretende evaluar los mecanismos de control que han puesto en marcha los consistorios para garantizar que todos los procesos de gestión, inversión y contratación se llevan a cabo con la máxima garantía legal. Así, la principal conclusión del informe es que los ayuntamientos de Aspe, Paiporta, Alfafar y Riba-roja de Túria son los más avanzados en esta materia, mientras que Moncada, La Nucia, Alboraia y Carcaixent son los que más aspectos tienen que mejorar.
Llama particularmente la atención la posición de Moncada, que queda en último lugar con una puntuación de 25.520 puntos sobre el total de 50.000. Esto es, un aprobado muy raspado del 51%. Bastante ventaja le saca el municipio que ha quedado en segundo lugar por debajo de la tabla, La Nucia, que con 29.261 puntos ha alcanzado el 58,5% de la puntuación. Así, estos dos consistorios son los únicos que entran dentro de lo que la Sindicatura de Cuentas ha denominado como zona crítica, es decir, por debajo del 60% en cuanto al cumplimiento de los criterios evaluables. Según afirma la entidad: "A menor puntuación, menor confianza en el control interno establecido por las instituciones y mayor riesgo de que se produzcan errores".
Por su parte, Alboraia y Carcaixent, los otros dos municipios en la parte más baja de la lista, se salvan por la mínima de caer en la zona roja. Alboraia reúne 30.615 de los 50.000 puntos y asciende al 61,2% de criterios cumplidos, mientras que Carcaixent presenta 31.020 puntos y sube al 62%. Estos dos ocupan los puestos más bajos dentro de lo que la Sindicatura de Cuentas considera la zona de riesgo medio.
Por el contrario, el ayuntamiento que más mecanismos de control ha puesto sobre su gestión interna es el de Asp, en Alicante. Así, se hace con el puesto de oro en la lista al reunir 44.313 de los 50.000 puntos posibles, lo que supone un cumplimiento de las normas del 88,6%. Le sigue por detrás el de Paiporta, con 40.362 puntos y un 80,7%. Muy cerca se le queda Alfafar, que reúne 40.201 puntos y un 80,4% de los criterios cumplidos. Y, en cuarto lugar, Riba-roja de Túria con 40.129 y una puntuación del 80,3%. Todos ellos con más del 80%, lo que quiere decir que, según los criterios de la Sindicatura, presentan un riesgo muy bajo.
Por orden, les siguen los siguientes consistorios: en quinto lugar Picassent (79,6%), en sexto Requena (78,5%), en séptimo Llíria (77,3%), luego Bétera (75,7%) y Altea (75,4%). Cullera ocupa el décimo puesto con el 72,1% y después le siguen: Ibi (71,3%), L'Alfàs el Pi (71,3%), Almoradí (69,9%), Sant Joan d'Alacant (69,4%), Mutxamel (67,8%), Pilar de Horadada (67,3%), y La Pobla de Vallbona (65,5%). A continuación estarían los cuatro últimos ya mencionados.
La Sindicatura de Cuentas ha analizado el funcionamiento de hasta cuatro áreas diferentes para llegar a esta puntuación final: gestión administrativa, gestión financiera, intervención y entorno tecnológico. Todo ello con el objetivo de "comprobar si la información financiera se presenta adecuadamente conforme a los principios contables" y "determinar si se ha cumplido la legalidad en la gestión de los fondos públicos". Además, con estos datos también pretende constatar: el nivel de protección de los bienes propios del consistorio, verificar la legalidad e integridad de la información, comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable, y valorar la organización administrativa y su grado de transparencia.
En su conjunto, y sacando la media de todos los ayuntamientos valorados, el área de gestión administrativa es la que mejor salud presenta para la Sindicatura. Su puntuación es del 75%, y dentro de la misma se han valorado cosas como los aspectos organizativos del consistorio y sus entes públicos, el personal, la secretaría, los registros y actas, el inventario de bienes y patrimonio, la gestión de las subvenciones y la contratación y compras. Los consistorios que mejor salud han presentado de manera individual dentro de esta categoría son: Asp, Alfàs del Pi, Paiporta, Almoradí y y Sant Joan d'Alacant. Por su parte, ocupan los últimos puestos Moncada, La Nucia, La Pobla de Vallbona y Bétera.
A nivel global, este apartado presenta sus principales problemas en la elaboración de los inventarios de bienes y patrimonio, que muchos consistorios tienen desactualizado. También preocupa a la Sindicatura de Cuentas que muchos de los libros de actas no presentan los requisitos legales y se actualizan con retraso.
El área de gestión económica y financiera, por su parte, presenta una salud media del 73,1%, si se suman los resultados de todos los ayuntamientos. Aquí se ha tenido en cuenta para la evaluación: el presupuesto, los gastos en inversión, los ingresos tributarios, precios públicos y multas, los ingresos por transferencias, la recaudación, la tesorería, la contabilidad y el endeudamiento. En este apartado, destacan por su buena salud Asp, Alfafar, Picassent, Paiporta y Riba-roja de Túria, mientras que quedan al final de la tabla Moncada, Alboraia, Alfàs del Pi y Carcaixent.
La principal carencia que presentan todos los consistorios es en el apartado "gastos de inversión", ya que la Sindicatura de Cuentas ha detectado que la mayoría no tienen un plan suficientemente elaborado para las inversiones. En este sentido, señala poca previsión en el coste de estas inversiones y también poca capacidad para garantizar la financiación en presupuestos posteriores. También preocupa la existencia de valores prescritos o en riesgo de prescripción en el apartado de recaudación, y la poca información al pleno municipal sobre la ejecución de los presupuestos y los movimientos de tesorería.
Por su parte, en el área de intervención, la Sindicatura de Cuentas ha tenido en consideración aspectos como la organización y regulación, la función interventora y el control financiero. Los ayuntamientos mejor parados son Aspe, Riba-roja de Túria, Bétera y Requena. Por el contrario, quedan a la cola La Nucia, Moncada, Mutxamell y Carcaixent. A nivel general, sacando la media de todos los consistorios, la nota de este área es del 71,1%. Lo que más preocupa a la entidad evaluadora de este apartado es la falta de control financiero, que en muchos ayuntamientos no se ha llegado a implantar de manera eficiente. Así, el área de intervención no tiene suficientes mecanismos como para supervisar la actividad del gobierno local.
Finalmente, el apartado de entorno tecnológico es el que peor parado sale y con mucha diferencia. La nota media de los ayuntamientos auditados en este aspecto es del 55,1%, muy por debajo del resto. Una circunstancia que preocupa a la Sindicatura de Cuentas porque deja a los consistorios muy expuestos a posibles ataques digitales. En este área se ha tenido en cuenta el marco organizativo, la gestión de cambios en aplicaciones y sistemas, operación de los sistemas de información, controles de acceso a los datos y programas, y continuidad del servicio.
Aquí, el único ayuntamiento que queda en la zona verde y por lo tanto libre de riesgo es Paiporta. Por detrás siguen Pilar de Horadada, Picassent, Alfàs del Pi y Llíria. En cuanto a los ayuntamientos que se quedan a la cola, llama especialmente la atención el caso de Almoradí, que supera por muy poco la nota del 20%. Por su parte, no llegan al 50% La Pobla de Vallbona, Carcaixent ni Mutxamell. Nuevamente, también a la cola queda Moncada. En este apartado, inquieta principalmente a la Sindicatura de Cuentas que no exista documentación para acreditar el nivel de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, tampoco informes elaborados por una auditoría externa tal y como exige la ley.
Con todos estos datos, la Sindicatura de Cuentas ha emitido una serie de recomendaciones en función de las principales carencias que ha detectado a nivel general en los ayuntamientos. Así, por ejemplo, los ha instado a elaborar un manual de responsabilidad y funciones para cada una de sus áreas de gobierno; estimar el coste de las inversiones para poder garantizar su financiación, o elaborar un plan de inversiones realista, en función de las capacidades de cada ayuntamiento. También pide la elaboración de un reglamento orgánico actualizado, o un organigrama actualizado.
Del mismo modo, también ha remarcado que la contabilidad tiene que ser objeto de una "atención especial", para que los movimientos económicos se registren de acuerdo con los principios contables y se pueda ofrecer información fiable sobre la situación financiera de la entidad. Asimismo, la Sindicatura estima que sería conveniente que en las actas del pleno se haga referencia a los informes de la intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Para esto, también especifica que el área de intervención no debería participar en la gestión económica del ayuntamiento, para que así haya una segregación de funciones adecuada.
Finalmente, también recuerda que es necesario llevar la contabilidad al día y por en práctica todas las medidas carentes en el apartado de entorno tecnológico. Una de ellas, por ejemplo, aplicar herramientas informáticas en los gestores de expedientes para agilizar el proceso y garantizar la integridad en todo momento.
