Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA (EP). La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves a su llegada al Congreso que ha alcanzado un acuerdo con su socio Unidas Podemos para el plan de medidas fiscales, mientras que desde el grupo confederal han rechazado que el acuerdo esté ya cerrado.
Preguntada a su llegada a la Cámara Baja sobre las negociaciones con su socio, con el que mantiene negociaciones para sacar adelante los Presupuestos, Montero ha dicho que "todavía no hay acuerdo" sobre las cuentas públicas, pero "sobre las cuestiones fiscales sí".
Sin embargo, varias fuentes del grupo confederal han precisado a Europa Press que el pacto aún no está cerrado y se continúa negociando.
Desde el Ministerio de Hacienda han convocado a las 11.30 horas una rueda de prensa en la sede del Ministerio "para analizar la situación fiscal de España y trasladar las novedades en materia tributaria".
Por su parte, la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este jueves por la mañana en el Congreso que el acuerdo con el PSOE sobre medidas fiscales "está cerca" y que espera que en él se incluya el compromiso de rebajar el IVA aplicado a los productos de higiene menstrual.
"Todavía seguimos negociando, tenemos que acordar el global de los Presupuestos", ha dicho, preguntada por los medios de comunicación instantes antes de acudir a la sesión plenaria en la Cámara Baja, aunque ha señalado que en materia fiscal están "cerca" de cerrar el acuerdo.
"Es verdad que en fiscalidad estamos cerca", ha apostillado la ministra, considerando "especialmente importante" que en ese acuerdo se cumpla "el compromiso" de rebajar el IVA aplicado a los productos de higiene menstrual, conocido como 'tasa morada', y que ha defendido que "debe verse reflejado en los Presupuestos".
Otro de los aspectos que ha destacado y que ambas partes negocian es endurecer la fiscalidad a las rentas del capital en el IRPF para acercar su tributación a las rentas derivadas del trabajo.
A su vez, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha negado este jueves que el Ejecutivo esté protagonizando un "cambio de posición" en materia fiscal y ha tachado de "frivolidad tremenda" la decisión de gobiernos de comunidades autónomas como Andalucía de eliminar el impuesto de patrimonio.
Ribera se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si el nuevo paquete de medidas fiscales que ultima el Ministerio de Hacienda puede suponer un cambio en la postura del PSOE en esta materia.
"En absoluto, nosotros siempre hemos considerado que la herramienta de mayor equidad social es un sistema fiscal justo que nos permita recaudar entre quienes más ingresos tenemos para poder garantizar medidas sociales, de educación, de acceso a salud pública, de prestaciones de desempleo y jubilación para las personas que lo necesitan, porque cuando nos va mal a cada uno de nosotros, no nos basta solamente con lo que tengamos acumulado en nuestra casa, sino que necesitamos una protección del Estado del bienestar", ha respondido la vicepresidenta tercera.
Ribera ha defendido que "otra cosa es que puntualmente se puedan introducir limitaciones en la carga fiscal, sobre todo las personas con rentas más bajas", y ha subrayado que en el Gobierno "tampoco hemos cambiado de posición con respecto a lo que nos parece un atropello, que es eliminar una carga fiscal precisamente de las personas o instituciones que tienen más riqueza, lo que representa el impuesto de patrimonio".
"Si me permiten la simpleza en la contestación, el mensaje es que si hay comunidades autónomas que consideran que les sobra el dinero que recaudan de las fortunas más importantes en su territorio, deberían recaudarlo igual y destinarlo a un fondo de ayuda de alimentos para quienes lo pasen mal o deberían poder aportarlo, por ejemplo, para paliar el incremento de los precios de la energía", ha añadido la vicepresidenta tercera del Gobierno, que ha calificado como una "frivolidad tremenda" este tipo de medidas fiscales desde los gobiernos autonómicos.