Moragues asegura que el Gobierno "auxilia" a los valencianos a la espera del cambio de financiación

VALENCIA, (EP). El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha asegurado este martes que el Ejecutivo central "apoya y auxilia" a la sociedad valenciana. "En apenas dos años, --ha apuntado--, la situación financiera de la Generalitat ha mejorado en más de 2.000 millones de euros gracias al Gobierno de España, que además de mayores ingresos y menos gastos, está pagando los intereses de la Generalitat, los vencimientos bancarios y a los proveedores".

Así lo ha destacado tras mantener una reunión con el decano del Colegio de Economistas de Valencia y vicesecretario del Consejo General de Economistas, Juan Manuel Pérez Mira, para abordar el último informe del Consejo General de Economistas sobre financiación autonómica, un documento que Moragues ha augurado que será "muy útil" de cara a la negociación de un nuevo modelo de financiación.

En este sentido, ha confiado en que la situación de bloqueo político se soluciones cuanto antes, se dote de gobernabilidad a este país y entre todos cambiar el modelo de financiación" con "informes técnicos objetivos" como éste.

Así, ha resaltado el documento, --consensuado entre los colegios de economistas de toda España-- como un informe "técnico, objetivo y científico que corrobora algo que ya sabemos, que la Comunitat Valenciana está mal financiada y que existe la necesidad de cambiar ese modelo de financiación".

El Gobierno de España, ha aseverado está "comprometido con cambiar el modelo de financiación" por lo que espera que "la situación de bloqueo político se solucione lo antes posible para abordar una de las grandes reformas como es la financiación autonómica", algo en lo que ha llamado a la "unidad" de todos los colegios profesionales, estamentos, instituciones, personalidades, grupos políticos y sociedad civil.

Por el momento, ha precisado, hay un incremento en la financiación para la Comunitat Valenciana en 2017 de 470 millones de euros, "a pesar de estar en un escenario de prorroga de presupuestos". A esto se añade "el ahorro de intereses en 2016 de 600 millones de euros, que sumados a los 1.000 millones de más de ingresos del modelo de financiación en caja de 2016, los 470 de 2017 más los 600 de ahorro de intereses que no paga, la conclusión es que la situación financiera de la Generalitat ha mejorado en más de 2.000 millones de euros en apenas dos años y gracias al Gobierno de España", ha insistido.

Para el futuro modelo de financiación, en todos los informes técnicos hay "un mínimo común que coincidimos todos", ha señalado, y es que las CCAA tienen competencias fundamentales en el Estado de Bienestar --sanitarias, educativas, asistenciales o de protección-- para las que tiene que haber "suficiencia de la financiación de esos servicios" y "tienen que prestar en igualdad de condiciones se resida donde se resida en España". "Esos son los grandes pilares que tienen que definir el nuevo modelo de financiación" y el informe va en esa línea, ha apuntado.

Al respecto, el decano del Colegio de Economistas de Valencia y vicesecretario del Consejo General de Economistas, Juan Manuel Pérez Mira, ha comentado que uno de los principales valores que tiene el informe es que no es un informe de parte de la Comunitat Valenciana sino que contado con la participación de todos los colegios de economistas de España en un grupo de trabajo.

"Los economistas hemos querido estar en ese debate con un planteamiento técnico y profesional, y desde el punto de vista de la Comunitat Valenciana, lógicamente al final los datos corroboran lo que ya sabemos, que la Comunitat Valenciana tiene una situación de infrafinanciación que hay que solucionar en el nuevo sistema de financiación que se ponga en marcha en un futuro muy próximo", ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que la financiación de las CCAA "tiene que asegurar la cobertura de los servicios públicos básicos que tienen que recibir los ciudadanos" y para ello, uno de los criterios importantes en el nuevo sistema tendrá que ser "la población ajustada de cada CCAA" de modo que "los servicios públicos básicos que reciben los españoles estén garantizados en toda España y con un nivel de calidad similar".