VALÈNCIA. (Agencias). Unidos Podemos ha llamado a llevar a cabo una "gran movilización cívica" este sábado a partir de las 18 horas frente a la sede del Tribunal Supremo en protesta por su decisión de que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados --impuesto sobre hipotecas-.
Así lo han confirmado varios dirigentes de la coalición en sus redes sociales, como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, o el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movilizaciones Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, este último en una rueda de prensa celebrada en el Congreso.
La formación liderada por Pablo Iglesias ha denunciado que la "independencia" del TS ha quedado en "entredicho" tras acordar la Sala de lo Contencioso-Administrativo corregir a la sección que innovó la doctrina y volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
"Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada", ha escrito el secretario general de Podemos en su cuenta personal de Twitter. Así, ha llamado a convertir "la vergüenza y la rabia" ante esta decisión en "una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría".
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, que ha defendido salir a la calle a defender "que se haga justicia". "En el Tribunal Supremo, 15 a 13, gana la banca. La verdad es que todo el mundo se lo imaginaba. Queda comprometida la seguridad jurídica, y saldremos a la calle a defender que se haga justicia", ha señalado en Twitter.
Para el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, la decisión del TS demuestra que "los ricos" han comprado el alto tribunal. "No les importa destruir el prestigio de nuestro sistema de justicia con tal de que la banca se siga forrando a costa de la gente. Ya sabíamos que los ricos se compraban gobiernos. Hoy se han comprado el Supremo. Hay que llenar las calles de la dignidad que ellos no tienen", ha defendido.
También el coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha calificado de "indignante" y "lamentable" la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas y ha acusado a la banca de "chantajear" al Poder Judicial. "¡Qué bien le sale a la banca chantajear al poder judicial! ¡Qué bien relacionados algunos jueces del Supremo, que hacen de todo menos justicia! Indignante, lamentable, un despropósito impropio de una democracia: el Supremo decide que pagan los clientes", ha escrito en Twitter.
A continuación ha sostenido en otro tuit que los bancos privados "son unos ladrones" y "el principal enemigo de las democracias", así como "los responsables de saquear nuestras economías". "Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado", ha añadido.
Por su parte, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, el diputado de Podemos Rafa Mayoral ha lamentado que este episodio "supone uno de los más graves desprestigios para la democracia y la judicatura". "El mensaje es demoledor para las grande mayorías sociales de nuestro país", ha resumido.
En este sentido, ha señalado que, hasta ahora, la banca "ha articulado los abusos más flagrantes que se han registrado en Europa en cuanto a abusos financieros, con la más absoluta impunidad", y ha recordado que esta "no es la primera resolución incongruente del Supremo" en materia hipotecaria, en referencia a la "vergonzosa" de las cláusulas suelo.
"Esto no es un Estado financiero, tiene que ser un Estado social, democrático y de derecho. Y lo que hemos visto es un Estado que defiende a las entidades financieras frente a la población, ha insistido el diputado de la formación morada, que cree que "es el momento del ejercicio de los derechos civiles, de la movilización".
"Ponemos nuestra organización política al servicio del movimiento popular para garantizar el éxito de las convocatorias de respuesta frente a lo que entendemos que es un abuso incomprensible", ha aseverado Mayoral, quien cree que "es necesario dar una respuesta inmediata" a la sentencia del Supremo.
Por otro lado, la portavoz de Justicia de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Carolina Telechea, considera "una vergüenza" que el Tribunal Supremo haya rectificado su sentencia sobre el pago del impuesto de las hipotecas, lo que achaca a que "alguien hizo una llamadita", en referencia a la banca. "Aquí no hay división de poderes y la Banca está por encima de todos", ha resumido.
En declaraciones en el Congreso, la diputada independentista ha recordado que la sentencia original que cargaba sobre la banca el impuesto de las hipotecas era firme y se ha quejado de que todo se haya visto rectificado: "Ha podido más el poder económico por encima de la Ley y de la Justicia", sostiene.
Y todo ello, ha añadido, "pese a que la banca ha sido rescatada con dinero público y "lo único que podían haber hecho era conceder ese derecho a los ciudadanos para no tener que asumir ese impuesto". Así las cosas, espera que los ciudadanos acaben recurriendo y que el tema acabe en los tribunales europeos y que allí se encuentre la justicia.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la resolución definitiva que ha tomado este martes el Tribunal Supremo, que ha decidido con 15 votos frente a 13 que los clientes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), y la ha calificado de "bochornosa" por perjudicar a más de 12 millones de familias en España.
Para la OCU se trata de una sentencia "inaudita" que supone una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia de Tribunal, que hace unas semanas emitió un dictamen contrario al acordado finalmente en el pleno.
Por ello, la organización de consumidores considera que esta sentencia pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca y que crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad. "Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad", dice en un comunicado.
Ante esta situación, la OCU ha pedido la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Díez Picazo, de forma inmediata "por la nefasta gestión de esta sentencia sin precedentes que en tiempo récord ha doblado el pulso de la verdadera justicia".
No obstante, la organización todavía es optimista y espera que, al igual que sucedió en el caso de las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rectifique la sentencia del Supremo.
Además, la OCU ha recordado que, para ellos, el problema de fondo está en la aplicación de un impuesto socialmente "injusto". "El AJD penaliza a todos aquellos que no tienen otra vía para adquirir la vivienda que recurrir a la hipoteca", subraya.
Por otro lado, la organización de consumidores Facua Consumidores en Acción considera que la decisión del Tribunal Supremo de que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca es una "absoluta aberración" y denuncia que el alto tribunal le hace "un gran favor a los banqueros".
"La decisión del Supremo nos parece una absoluta aberración", ha dicho a EFE el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien ha añadido que "no nos sorprende en absoluto, ya que era una de las posibilidades que barajábamos con mayor nivel de probabilidad".
El Gobierno de Pedro Sánchez ha indicado que va a analizar y estudiar el impacto de la decisión del Tribunal Supremo de que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados --impuesto sobre hipotecas- y se ha emplazado al Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo jueves para fijar una posición, según han indicado fuentes del Ejecutivo a Europa Press.
Además, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha dicho que "hay que respetar las decisiones judiciales", en alusión a la sentencia emitida este miércoles por el Tribunal Supremo, que ha fallado que pertenece a los clientes el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no al banco.
La ministra ha señalado que los jueces del Alto Tribunal pospusieron la decisión al pleno de este miércoles, de forma que finalmente han decidido volver a la doctrina previa pese al cambio de criterio emitido hace unas semanas.
De esta forma, Valerio, tras la finalización del pleno del Senado de este miércoles, se ha limitado a decir que respeta las decisiones judiciales y que todavía no se pronunciará en nombre del Gobierno.
El jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, ha asegurado que el hecho de que sea el cliente quien tiene que pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) "aporta luz al proceso", al mismo tiempo que ha llamado a "recuperar la seguridad jurídica".
"El cliente sabe lo que paga en todo momento y este importe no se camufla en comisiones o subida de diferenciales dependiendo de la comunidad en la que se realice la operación", ha explicado el jefe de estudios de Idealista.
No obstante, Encinar ha adelantado que "puede" que este no sea el final del recorrido jurídico y que sea reclamanda "en Europa". Aunque "teniendo en cuenta que en ningún otro país europeo es el banco quien paga el AJD, sería posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificara esta decisión", ha añadido.
Encinar también ha apostillado que sería "deseable" que esta sentencia "acelerara" la aprobación de la nueva ley hipotecaria y que esta se hiciera "sin ambigüedades e indefiniciones" con el objetivo de crear un "ámbito jurídico seguro" para evitar estas situaciones.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha tildado hoy de "indignante" la rectificación del Tribunal Supremo, al que ha acusado de plegarse a los intereses y la "presión del lobby financiero e inmobiliario".
El Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
En declaraciones a Efe, Delgado ha considerado que este cambio de criterio en el TS es un "reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros".
"No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello hay que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por los ciudadanos y no por los grupos de presión", ha añadido la portavoz de la PAH.
El PP reconoce que es "difícil de entender" que el Tribunal Supremo haya podido dictaminar "una cosa y su contraria" respecto a quién corresponde asumir los gastos del Impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), tras dictaminar que, finalmente, recaerá en los consumidores de las hipotecas.
"Tenemos que leer los fundamentos jurídicos de la sentencia, pero es difícil de entender que, en tan poco tiempo, se haya podido dictaminar por dos salas una cosa y su contraria", ha manifestado este martes en una rueda de prensa en el Congreso el secretario general del PP en la Cámara Baja, José Antonio Bermúdez de Castro.
En todo caso, Bermúdez de Castro ha subrayado el "respeto" de su organización por todas las decisiones judiciales. "Nos gusten más, nos gusten menos, o no nos gusten, pero acatamos las decisiones judiciales porque estamos en un Estado de derecho y es nuestra obligación", ha aclarado.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado este martes de "incomprensible" la decisión del Tribunal Supremo de que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados --impuesto sobre hipotecas-.
En un apunte en su cuenta personal de Twitter, el líder de la formación naranja ha llamado a legislar en el Congreso de los Diputados y en el Senado para garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar así este tipo de situaciones.
"No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro", ha indicado.
En esta misma línea se ha pronunciado Toni Roldán, el portavoz económico de Ciudadanos, que ha incidido en que la decisión del TS ha generado "una enorme inseguridad jurídica" y se ha mostrado partidario de "intentar tener una regulación clara y nítida, sin generar desequilibrios, histrionismos, como lo que está generando este cambio de posicionamiento".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la justicia "se ha vuelto a poner de nuevo del lado de los más poderosos", tras hacerse pública este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que ha fallado con 15 votos a favor y 13 en contra que pertenece al cliente el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no al banco.
Para Álvarez, este nuevo cambio de criterio del Alto Tribunal genera "inquietud, incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía en la justicia", sobre todo después de que hace unas semanas el mismo Supremo cambiase la doctrina presente hasta este momento fallando a favor de los clientes.
Según ha declarado Álvarez a Europa Press, se trata de una sentencia "difícil de entender", aunque ha afirmado que su organización seguirá trabajando "para defender los intereses de los ciudadanos y en concreto de los trabajadores y trabajadoras que son los que proporcionalmente soportan el mayor peso por esta sentencia".
Para el sindicato, este fallo supone un paso atrás en la consideración de la vivienda como un valor social y refuerza el carácter especulativo de un bien que debería tener una consideración social al hacer recaer sobre los ciudadanos estos impuestos.
Esta sentencia, según UGT, además de generar incertidumbre, agrava el problema de acceso a la vivienda que tiene el país. "UGT siempre ha reclamado la necesidad de configurar el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, como un auténtico derecho subjetivo, inviolable, no solo de los poderes públicos, sino ante los tribunales", ha añadido.
