VALÈNCIA. "Nahitaezko gutxieneko diru sarrera kudeatu nahi dugu". Con esa referencia en euskera que se traduce como "queremos gestionar el ingreso vital (obligatorio)", ha respondido la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, a la pregunta de un periodista que le requería su opinión sobre la" cogestión" del ingreso mínimo vital que este viernes ha aprobado el Gobierno central.
En la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, Oltra querido tirar de ironía en una clara referencia al acuerdo entre el ejecutivo central con País Vasco y Navarra para que estos territorios gestionen el ingreso, aspecto que se ha negado para el resto de CCAA que lo han solicitado, como la valenciana.
Oltra ha insistido en la necesidad de mejorar "esta gran medida" y considera que se debe mejorar la coordinación con las comunidades autónomas.
La vicepresidenta ya ha remitido dos cartas formales al ministro de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para proponer una serie de mejoras al borrador del Real Decreto sobre el ingreso mínimo vital (IMV), recibido este miércoles por la tarde. El objetivo de esta comunicación es tratar de mejorar la aplicación de esta prestación en coordinación con las comunidades autónomas.
Oltra ha declarado que una herramienta tan importante como quiere ser el ingreso mínimo vital requiere de la coordinación y participación necesaria de las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión de los servicios sociales.
Tras descartar el Ministerio la formula de que el IMV se gestione como la dependencia –que el gobierno transfiera los fondos y las comunidades lo gestionen en función de unos mínimos marcados por la Administración General del Estado–, Oltra apuesta por la suscripción de un convenio entre la Comunitat Valenciana y el INSS (o el Ministerio) para la gestión unificada del IMV y de la Renta Valenciana de Inclusión. De manera que ambas prestaciones se tramiten de manera paralela y adaptadas a la circunstancia personal de cada solicitante.
El objetivo es evitar que un mismo valenciano o valenciana cobren el importe de la prestación estatal y autonómica a la vez un mismo mes, con los perjuicios que supondrían luego para la persona usuaria tener que devolver las cuantías que cobró de forma indebida.