Mónica Oltra, en Les Corts. Foto: EP/ROBER SOLSONAVALÈNCIA. Las alegaciones que Mónica Oltra ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han acabado por dejar constancia de la contradicción en sus versiones sobre la gestión de la Conselleria de Igualdad en el caso del abuso sexual a una menor tutelada por parte de su exmarido. En ellas afirma que no ordenó abrir el expediente que elaboró su departamento al respecto, algo que sí aseguró que hizo hace pocas semanas. Una estrategia de defensa con la que trata de alejarse del foco de la toma de decisiones en la Conselleria que encabeza, pero que refleja los cambios de versión sobre lo ocurrido, incluyendo sus declaraciones públicas opuestas.
El escrito fue remitido este lunes después de que el TSJCV diera un plazo a las partes antes de decidir sobre si es competente para iniciar una investigación sobre la actuación de Oltra, lo cual podría conllevar posteriormente su imputación. La Fiscalía, de hecho, sí ve "indicios relevantes" contra ella.
La investigación se llevaba en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que elevó una exposición razonada al TSJCV al llegar un punto en el que Oltra –que está aforada– debía ser llamada a declarar. El juez entendía que había de "ser oída" como imputada por existir "hechos presuntamente delictivos atribuidos a la aforada y demás investigados en la causa".
"Realizó las manifestaciones en un contexto político y claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía"
En un duro escrito, indicó que "no existió en la sede de la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino por el contrario de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos". "Objetivamente no puede negarse que los hechos afectaban de manera muy relevante a Mónica Oltra y no sólo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas ante la carencia en la Conselleria de cualquier protocolo para proceder en supuestos tan graves como el abuso sexual continuado de una niña tutelada. Y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido", señaló el juez.
Los abogados de la vicepresidenta de la Generalitat han esgrimido varios argumentos en su escrito para rebatir estas consideraciones, pero sin duda uno de los más llamativos es que ella no ordenó abrir el expediente que elaboró la Conselleria. El pasado marzo ya cambió su versión ante los medios y dijo esto mismo cuando antes había señalado que sí encargó iniciar la investigación porque "necesitaba saber qué había pasado". Ahora, lo vuelve a mencionar en las alegaciones.
"Realizó las manifestaciones en un contexto político y claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que estaba conllevando poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la Conselleria que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes. Esas expresiones realizadas en ese contexto no pueden ser valoradas como núcleo indiciario para sostener la necesidad de que sea oída como investigada por cuanto la realidad, constatada en la instrucción, es que Mónica Oltra en ningún momento ordenó, indicó, sugirió o indujo a crear ese expediente informativo", explican.
A lo que añaden que tanto la directora general de Infancia, Rosa Molero, como la subdirectora, Gema Plaza, dijeron en sus comparecencias ante el juez que no habían recibido órdenes de la vicepresidenta del Consell.
El reiteradamente mencionado expediente de Igualdad concluyó que el relato de los hechos de la entonces menor era poco creíble y que podían existir intereses espurios por parte de ella. Algo que reprochó la Audiencia de Valencia en la sentencia que condenaba al exmarido de Oltra, y en la cual acusó al personal de la Conselleria de realizar una investigación paralela y de tener un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat.
Al margen de este argumento, los letrados de Oltra piden el sobreseimiento de las actuaciones contra ella al "no existir indicios de criminalidad" e inciden en que ningún funcionario de la Generalitat ni trabajadores de entidades colaboradoras (Centro de Niño Jesús y Centro Espill) "recibió orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente", por parte de ella "para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor".
Pero el escrito va más allá y ataca al juez de instrucción: "Estas elucubraciones no pueden sostener ningún indicio, toda vez que lo relevante es que existiera algún hecho concreto y acreditado de donde se derive la participación de la señora Oltra y que, además, este hecho tuviera naturaleza delictiva, debiendo tener una especial prudencia para evitar la desnaturalización del proceso penal, provocando que un juicio de oportunidad estrictamente político acabe resolviéndose en los tribunales de la jurisdicción penal. La justificación de la imputación penal nos resulta cuanto menos insostenible en el marco jurídico de este procedimiento".
"No se concretan qué hechos han sido cometidos por la vicepresidenta ni cuál es la ilicitud de los mismos; desconocemos si nos encontramos ante un reproche personal, político o de otro tipo"
"El instructor, en la exposición razonada que realiza, no plantea ni razona, ni siquiera con un juicio de provisionalidad, por qué los indicios y juicios de valor que considera concurrentes o imputables a la señora Oltra puedan ser típicos. No se concretan qué hechos han sido cometidos por la vicepresidenta y consellera, ni cuál es la ilicitud de los mismos, ni tampoco a qué supuestos de hecho tipificados penalmente se corresponden. Desconocemos si nos encontramos ante un reproche personal, político o de otro tipo", prosiguen.
Las alegaciones de la vicepresidenta de la Generalitat valoran como una "extralimitación valorativa sobre el objeto del proceso" la sentencia de la Audiencia de Valencia que cuestionó la gestión de la Generalitat. "Se pretende la apertura de una investigación de marcado cariz prospectivo y con finalidad notoriamente espuria" a raíz de la denuncia de la menor abusada contra varios cargos de la Conselleria, comenta. A la vez que valora que la presentada por la exdirigente de Vox Cristina Seguí pretende "visibilizar la existencia de un proceso penal y extraer réditos políticos".
Los abogados de Oltra también aseguran igualmente que ella "no tenía conocimiento" de los hechos relacionados con su exmarido, Luis Ramírez Icardi, hasta el 4 de agosto de 2017 y hacen hincapié en que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "colaboró en todo momento con Fiscalía, atendiendo sus requerimientos en verano de 2017 y con la remisión del expediente informativo en fecha de 1 de diciembre de 2017". "No consta la existencia de ningún hecho que justifique que se realizaron actuaciones encaminadas a encubrir los hechos denunciados por la menor y en perjuicio de ésta", añaden.
