La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Mónica Oltra ha encontrado la manera de seguir con sus planes para paliar la llamada pobreza energética, amenazados por un recurso del Gobierno contra un artículo de la ley aprobada hace casi un año. Antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, en previsión de que acabe anulándolo, el tripartito derogó en diciembre casi toda la ley de pobreza energética e incluyó en una nueva ley cláusulas para dar ayudas para el consumo de energía.
El primer eje del Acord del Botànic –Rescate de personas– fijaba como uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno valenciano garantizar a los ciudadanos el acceso a un consumo mínimo de luz, agua y gas. Con el fin de que los "impagos de servicios básicos de las familias en situación de pobreza extrema" no comportaran la retirada de estos servicios, en febrero de 2017 el pleno de Les Corts aprobó la ley para paliar y reducir la pobreza energética. Una norma redactada por Podemos que nueve meses después fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC).
El TC admitió a trámite el pasado mes de noviembre el recurso del Ejecutivo central dirigido exclusivamente contra el artículo 3, que declaraba competente a la Generalitat para determinar cuándo un hogar es "vulnerable energéticamente" y restringía a las empresas de suministro el corte del servicio a los ciudadanos. El Gobierno consideró que esa competencia es estatal, por lo que se formó una comisión bilateral entre ambas administraciones –central y autonómica– con la finalidad de llegar a un acuerdo para evitar tener que dejarlo en manos del Constitucional.
Casi un mes después, otro proyecto de ley se aprobó en el parlamento valenciano, el de Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Una normativa también recogida en el primer eje del pacto rubricado en los jardines del Botánico y que sería el proyecto estrella de legislatura de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. La ley, que fue aprobada el 30 de noviembre y publicada en el DOGV el 20 diciembre, incluía una disposición derogatoria que servía al Consell para sortear las trabas que el Gobierno interponía a la aplicación de la ley de pobreza energética.
Así, durante el trámite parlamentario, Podemos presentó una enmienda a la ley de RVI que derogaba prácticamente la totalidad de la normativa valenciana paralizada, modificación que fue validada también por PSPV y Compromís. Concretamente, quedó derogada la Ley de la Generalitat para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) "en sus artículos 3, 4, 5, 6 y 7".
Con esta supresión, solo tres artículos de la ley de pobreza energética quedan vivos: el objeto de la ley, su definición y un plan de micromedidas destinadas a mejorar la eficiencia energética en los hogares. El resto de la normativa quedó invalidada. Lo mismo sucede con la comisión bilateral, ya que el motivo de discrepancia ha desaparecido y el TC tampoco tendrá objeto sobre el que pronunciarse.
La enmienda de la formación morada y respaldada también por PSPV y Compromís se gestó, indican fuentes de la coalición valencianista a Valencia Plaza, pensando en anticiparse a la declaración de inconstitucionalidad de la norma valenciana que pretendía que ningún hogar no pudiera tener acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas. "Intuíamos que nos la iban a tumbar, y la enmienda presentada por los tres grupos lo que hacía era abrir la puerta a poder incluir en la Renta Valenciana de Inclusión un complemento por pobreza energética", manifiestan desde la coalición.
No en vano, el artículo 17.3 del proyecto estrella de Oltra permite que la cuantía percibida por RVI pueda incrementarse hasta en un 25% por este concepto. "En los términos que se establezcan reglamentariamente, las cantidades percibidas en concepto de renta valenciana de inclusión se podrán incrementar hasta el 25% de su importe reconocido para dichas prestaciones, para sufragar los gastos derivados del alquiler o del pago de cuota hipotecaria de la vivienda habitual de la persona titular de la vivienda y para garantizar su acceso a los suministros energéticos básicos, siempre que ninguna persona beneficiaria reciba ninguna cuantía por el mismo concepto procedente de cualquier administración", recoge la ley.
Ahora bien, la concesión de este tipo de ayudas no podrá ser una realidad hasta el próximo mes de abril, ya que la ley no entra en vigor hasta el 20 de abril y el reglamento que la desarrolla todavía está en proceso de elaboración. En él, se deben definir los criterios por los que una persona puede percibir este incremento.
