Juanma Bádenas y María José Catalá. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València afronta desde este lunes una semana que apunta a ser decisiva ante la posibilidad de que el PP y Vox lleguen a un pacto. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, anunció tras hacerse con la vara de mando después de las elecciones municipales el que sería su gobierno provisional. Un equipo conformado por los 13 concejales del PP entre los que repartió las diferentes competencias municipales.
En sus declaraciones públicas, siempre ha mantenido que nombraría gobierno definitivo después de engrasar la maquinaria municipal. Y desde su entorno se ha venido apuntando a que lo haría "antes" de lo que lo hizo Joan Ribó en el anterior mandato. Una promesa que, por lo pronto, no se ha cumplido, dado que la fecha límite para ello era el 19 de julio y ya se ha rebasado.
Ahora bien, una vez decidió ser proclamada alcaldesa sin el apoyo de Vox, la fecha clave para determinar si finalmente habría acuerdo o no con el partido de extrema derecha se situó a partir del 23 de julio. Primero porque Catalá ha querido trasladar durante estas semanas previas una imagen centrista y poner en marcha sus primeras medidas en solitario –atribuibles a ella en exclusiva– mientras el foco se encontraba en el Consell que ya ha conformado Carlos Mazón con Vox. Y segundo porque, una vez superados los comicios, el resultado deja una foto fija de la fuerza en la que se encuentran los dos partidos.
Esto último, por tanto, se trataba de un factor importante para abordar cualquier negociación sobre un hipotético pacto entre ambas formaciones también en la ciudad de València con el objetivo de buscar una estabilidad institucional que no solo permita aprobar unos presupuestos cada año para impulsar las políticas deseadas, sino también las iniciativas que se lleven a las comisiones previas al pleno de la corporación local.
Ahora, los resultados de las elecciones generales ya conocidos –con un PP que ha ganado los comicios, pero no obtiene la suma suficiente para gobernar–, marcarán la relación que mantengan los dos partidos. Algo que se extenderá a los territorios, ya sea los próximos meses o los próximos años. Los populares necesitan a Vox en la Comunitat y lo necesitarán en València, aunque los segundos no se encuentran en una situación de fortaleza tras el 23J que les permita excesiva presión o capacidad de exigencia. Así que en este escenario se podrían ultimar las negociaciones.
Cabe recordar que Catalá es alcaldesa desde el pasado 17 de junio. Lo fue gracias a los votos de los ciudadanos y a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que establece que, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera y única votación, será proclamado alcalde aquel que encabece la lista más votada. Así quiso ella que se cumpliera en su caso. Una decisión por la que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juanma Bádenas, le recriminó en el pleno de constitución de la corporación local que su gobierno era "amoral".
A partir de ese momento, defendió la viabilidad de gobernar en solitario y tratar de dirigir el consistorio con acuerdos puntuales. Pero no descartó tajantemente llegar a pactos con Vox, consciente de su minoría en el Cap i Casal. En este sentido, hay quien reconoce que la situación se puede complicar mucho si durante cuatro años han de dedicarse a pelear cada medida que requiera mayoría absoluta de cara a los plenos o sacar adelante los presupuestos. Salvo que, sorpresivamente, Vox decidiera llegar a un acuerdo para dar apoyo al PP desde fuera.
Por este motivo, una de las opciones que circula desde hace tiempo –y de la que ha venido informando Valencia Plaza– es que los populares dieran entrada a Vox con competencias menores en lugar de, por ejemplo, con una concejalía completa. Hay quien apunta a alguna delegación o a algunas de las empresas o entidades públicas que dependen del consistorio. Ceder ahora competencias de menor entidad a cambio de estabilidad cuatro años es una opción que dentro del PP se percibe como lógica. Sin embargo, Vox tiene aspiraciones de gestionar alguna concejalía y no quedarse tan solo con la dirección de entidades públicas.
Por lo pronto, nadie ha querido admitir oficialmente que se hayan producido contactos en este sentido. Pero en los círculos populares la opción se ve cada vez más cercana y señalan esta semana como la que puede hacerse público –aunque algunas fuentes indicaron en su momento que otra opción era septiembre–. Desde la oposición se da por hecho. Así, vienen insistiendo desde hace semanas en que las diferentes decisiones adoptadas por Catalá han puesto de manifiesto que existe un pacto oculto con el partido de extrema derecha: la designación de un gobierno provisional con la intención de realizar un reparto definitivo cuando estos se incorporen; que en la distribución provisional de despachos Compromís y PSPV hayan salido del edificio consistorial pero Vox se haya quedado junto al PP; o que los populares no hayan nombrado el tope de asesores que tienen de forma definitiva. Valencianistas y socialistas piensan que la alcaldesa acabará cediendo alguno a su futuro socio, dado que los concejales de gobierno tienen derecho a más apoyo que los que no lo son.
La semana, en cualquier caso, resulta clave para que haya o no pacto, dado que deberá celebrarse el primer pleno ordinario en el que todas estas cuestiones queden definidas (la ley marca un límite de 30 días para que se convoque desde la constitución del consistorio): salarios, nombramientos de asesores por cada uno de los grupos municipales, o sobre qué concejales de la oposición recaen las dedicaciones parciales.
Esta última, de hecho, se convierte en una cuestión trascendental para definir si habrá pacto o no. La ley establece que tan solo 25 concejales pueden tener dedicación exclusiva de los 33 ediles que componen el Ayuntamiento de València. Eso significa que ocho concejales de la oposición deben acogerse a la parcial, cuyo salario es inferior al del resto. A priori, el reparto establecido sería proporcional: 4 Compromís, 3 PSPV-PSOE y 1 Vox.
No obstante, fuentes de la oposición aseguran que desde Alcaldía no les han pedido los nombres de los concejales a los que atribuyen la dedicación parcial, ni tampoco saben la cantidad de parciales que deben asignar dentro del grupo porque no se les ha dictado una cifra exacta. Algo que también ha despertado recelos, puesto que a pesar de que los números deberían ser los citados anteriormente, no se les ha comunicado como tal. Una circunstancia por la que intuyen que se estaría negociando que ningún concejal de Vox tenga dedicación parcial y Compromís y PSPV deban asumir las ocho.
