El Corte Inglés explota la vía de los pagarés: desde marzo pasado ha emitido 733 millones de euros

VALÈNCIA. El Corte Inglés (ECI) ha encontrado una válvula de escape para seguir financiándose a través de los pagarés de empresa, dado que hacerlo en los mercados mayoristas siendo 'bono basura' -y con pocas posibilidades de salir a día de hoy- es harto complicado... salvo que el gigante español de la distribución esté dispuesto a pagar unos jugosos intereses propios de los 'high yield' o bonos de alto rendimiento.

La compañia presidida por Marta Álvarez ha llevado a cabo desde el pasado mes de marzo 19 emisiones por valor de 732,8 millones de euros con fecha 2 de septiembre, tal y como se advierte en la imagen tomada de la base de datos pública de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Todas ellas, eso sí, cotizando en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Todo lo contrario que las dos de bonos -por un montante total de 1.290 millones-, que lo hacen en la Bolsa de Irlanda como ha venido contando este diario.

De los prácticamente 733 millones de euros emitidos en pagarés desde que se iniciara la pandemia faltan por vencer 9 emisiones, por valor de 285,7 millones de euros. Sin embargo no hay que olvidar que ECI puede seguir emitiendo hasta los 1.200 millones del programa que tiene registrado en el MARF, el mayor de todos los que hay en este mercado para inversores institucionales. Conviene recordar que dicho importe fue ampliado a finales del pasado mes de diciembre desde los 750 millones. La compañía señaló entonces que que dicha ampliación le permite continuar "con la estrategia de diversificación de fuentes de financiación, así como con la optimización de costes".

Los pagarés emitidos por ECI, que rondan el 0,3% de interés, están enfocados única y exclusivamente a grandes inversores como fondos, sicavs, planes de pensiones, aseguradoras... No en vano tienen un nominal de 100.000 euros propio de los institucionales, los mismos que siguen confiando en el gigante de la distribución española a la vista de la veintena de emisiones en los últimos cinco meses.

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Como bien lo define el Banco de España, los pagarés "constituyen un vehículo de apelación directa a los mercados de valores a corto plazo ampliamente utilizado por las empresas no financieras. Su puesta en circulación puede permitir al emisor reducir el coste financiero de su deuda en comparación con el crédito bancario a corto plazo, del que es instrumento sustitutivo, y al adquirente obtener mayor rendimiento que el que proporcionan otros activos financieros alternativos, a cambio, generalmente, de un mayor riesgo".

El Corte Inglés ya se aseguró liquidez a primeros de abril de este año para tener recursos frente al coronavirus. Lo hizo firmando un nuevo contrato de financiación por 1.311 millones de euros, que fue suscrito por un total de 14 entidades nacionales e internacionales. Los bancos que participaron en la operación fueron Banco Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankia, BNP, Crédit Agricole, Société Genérale, Goldman Sachs, KutxaBank, Commerzbank, Ibercaja, Liberbank y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

Pool bancario

Dicha financiación complementó al anterior acuerdo sellado el pasado 26 de febrero por 2.000 millones de euros, con un pool bancario formado por 24 entidades. A saber: Banco Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merril Lynch, Société Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Ibercaja, Liberbank, Targobank, ICBC, Banco Cooperativo, Aresbank y Deustche Bank.

La compañía precisó entonces que dicho convenio le permitía "mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y sin garantías". De esta forma, se ampliaban los plazos hasta febrero de 2025 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente. Asimismo, en dicho acuerdo se incluyó el desarrollo del negocio de real estate, que permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 millones de euros a dicha unidad de negocio sin obligación de amortización de deuda en el ECI.