Pere Fuset: punto final a un periplo judicial de cuatro años 

VALÈNCIA. El edil de Compromís Pere Fuset pone punto y final al periplo judicial que ha vivido durante los últimos cuatro años debido al conocido como caso Viveros: el accidente mortal de un operario cuando montaba las gradas para los conciertos que se celebraban en el programa de la Gran Fira de València en el verano de 2017. El juicio en el que se iba a sentar en el banquillo estaba previsto que comenzara este lunes, pero las partes alcanzaron una conformidad tras unas negociaciones que se han llevado a cabo durante las últimas semanas y que duraron hasta el último minuto –la vista empezó más de una hora tarde–. 

El juzgado de lo Penal número 17 de Valencia dictó la sentencia in voce, que ya es firme, en la que absolvió a Fuset y condenó a los otros cuatro acusados –responsables de las empresas encargadas del montaje de las gradas– a un año y tres meses de prisión como autores de un delito contra la salud de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio imprudente. Así lo pactaron con la Fiscalía, aunque el juez determinó que ahora se suspende esa pena tras la petición de las defensas. Nadie se opuso. 

A cambio, los acusados abonarán una indemnización a la familia del fallecido de 5.000 euros cada uno con la condición de no cometer un delito en el plazo de dos años a contar desde el día de ayer. Las aseguradoras, entre las cuales se incluye la del Ayuntamiento de València, también llegaron a acuerdo y pagarán una indemnización conjunta de 320.000 euros en favor de los familiares de la víctima (100.000 ya habían sido abonados). Un pacto con el que el consistorio asume responsabilidad en lo ocurrido. 

A la salida de la vista, se produjo un contraste de emociones. De un lado, la de la familia del fallecido. De otro, la de Fuset, que declaró ante los medios. "Si ya era surrealista mantener esta acusación, todavía más desde hace dos años en que ya se puso negro sobre blanco que no había ningún tipo de irregularidad en las gradas. Hoy descanso un poco. Éste es el último de unos cuantos frentes judiciales abiertos. Yo cierro mi despacho aquí, en la Ciudad de la Justicia, muchas veces por culpa del PP, que quiso que hiciera este camino varias veces y ya se ha acabado. Estoy limpio, estoy tranquilo. Ya está. Fin", dijo. 

El edil había acudido al juicio acompañado de cargos de Compromís como la portavoz en Les Corts, Papi Robles, y la secretaria general de Més (antiguo Bloc), Àgueda Micó, quienes le flanquearon también a la salida. 

Se trata de la última causa judicial que le afectaba, al menos por el momento. Fue en noviembre de 2018 cuando el juez ordenó llamarlo a declarar en calidad de imputado en enero del año siguiente. Ocurría pocos días después de que Inspección de Trabajo impusiera al Ayuntamiento de València una multa de 40.986 euros por una infracción muy grave al suscribir un contrato de servicios cuando debería haber sido un contrato de obras. 

Imputación y procesamiento

En su declaración en el juzgado, Fuset –en aquel momento concejal de Cultura Festiva– explicó que no participó en las reuniones preparatorias del evento que se produjeron y que el proceso fue responsabilidad de los técnicos municipales y él únicamente firmó como responsable del área. 

En octubre de 2019, el juez lo procesó por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la seguridad de los trabajadores. Concluyó que "no existía procedimiento de adecuada evaluación de riesgos y adopción de medidas de protección para el montaje de las gradas", lo que "ocasionó el siniestro fatal". Resaltó que existían "indicios racionales de participación criminal en la causación del fallecimiento imprudente" por parte del edil. 

La familia del operario pidió cinco años de prisión para Fuset. La Fiscalía no lo acusó –lo hizo únicamente contra los responsables de las empresas–. Ya en febrero de 2020, el magistrado abrió juicio oral al edil tras avalar la Audiencia Provincial el procesamiento. Fuset dimitió cinco días más tarde como concejal de Fiestas, pero mantuvo sus responsabilidades en el área de Administración Electrónica. 

Aunque la Fiscalía no acusó, pidió que se abriera una investigación paralela por prevaricación, como así acabó ocurriendo, por la concesión de la explotación de servicios de hostelería a cambio del montaje de las gradas de los conciertos de Viveros. A comienzos de este año, sin embargo, el juez decretó un sobreseimiento libre para Fuset al no observar cuestión penal y el Ministerio Público no presentó recurso, por lo que se archivó definitivamente. 

Desde entonces, sólo le quedaba pendiente la causa sobre la muerte del trabajador, que ahora también ha llegado a su fin con absolución para el edil.