El plan 'España 2050' proyecta un alza del 50% en la productividad para que el PIB crezca un 1,5% anual

VALÈNCIA (EP). El Producto Interior Bruto (PIB) español podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual en las próximas tres décadas si se incrementa la productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo y aumentan las tasas de empleo.

"Esto nos permitiría recortar la brecha en renta per cápita que nos separa de la UE-8", ha señalado el Ejecutivo en el proyecto 'España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo' presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Aunque desde el Ejecutivo admiten que conseguir este fuerte repunte de los niveles de productividad "puede parecer mucho", lo cierto es que varios países europeos, incluido España, ya lograron un progreso similar en el pasado reciente.

Según destaca el Gobierno, el hecho de que España parta de unos niveles de productividad y empleo más bajos y que existan tendencias favorables en marcha como la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y laboral de la mujer, el aumento de la formación o la transición ecológica "aumentan las probabilidades de conseguirlo", según ha recalcado el Ejecutivo.

No obstante, en ausencia de mejoras de productividad, la contracción de la fuerza laboral podría hacer que la economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que España registró entre 1996 y 2019, lo que alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.

Para evitar este escenario negativo, España tendrá que hacer una apuesta decidida y contundente por la educación (desde el nacimiento hasta la senectud), multiplicar sus esfuerzos en I+D, acelerar la modernización del tejido productivo aprovechando las oportunidades de la digitalización y la transición ecológica, fomentar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas, y atajar con éxito el problema de la economía sumergida.

Sin apoyo demográfico: 4 millones de personas menos trabajando

El problema de la baja productividad española no está, por tanto, en un determinado sector, sino que afecta a la práctica totalidad de la economía, siendo causado por cinco factores transversales que limitan la eficiencia del conjunto de nuestro tejido productivo: el capital humano, la capacidad innovadora, la implantación tecnológica en el tejido empresarial, el marco institucional, regulatorio y laboral y el funcionamiento del tejido empresarial, indica el documento.

A diferencia de lo que ocurrió en el pasado reciente, en las próximas décadas España no va a contar con el apoyo de la demografía para crecer. La mayoría de los pronósticos apuntan a que el envejecimiento de la población se traducirá en una reducción severa de la fuerza laboral, incluso si se logra mantener el saldo migratorio de las últimas dos décadas.

En concreto, apunta que la población española de entre 16 y 64 años podría caer en 3,7 millones de personas de aquí a 2050,
situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996). Esto significa que, a mediados del presente siglo, en España podría haber casi 4 millones de personas menos trabajando, generando riqueza y pagando impuestos.

Así, solo por este efecto demográfico, el país pasaría de crecer a tasas del 2% (promedio del período 1996-2018) a hacerlo a tasas del 1%. Si a este escenario de menor población en edad de trabajar, se suma una dinámica de la productividad similar a la observada durante las últimas décadas, entonces el crecimiento económico podría ser incluso más reducido: de entre 0,3% y 1,1%, en media, para el período 2023-2050.

Reducir la brecha per cápita con la UE en 2050 

Ante esto, el Gobierno ha fijado una serie de objetivos para ganar productividad, entre los se plantean reducir la brecha de renta per cápita que separa a España de la UE-8 a un 10% en 2050, además, de elevar la productividad laboral de la economía de aquí a 2050 hasta niveles próximos de los países de la UE-8.

También se proyecta aumentar la tasa de empleo del 62% al 80% antes de mediados de siglo e incentivar la I+D privada para que, junto con el impulso a la I+D pública, aproximar los niveles en 2030, al objetivo del 3% del PIB y al menos en el 4% en el 2050.

Por último, el Ejecutivo ve necesario incrementar el tamaño medio de las empresas y reducir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE de aquí a 2050.

Elevar los ingresos fiscales 8 puntos

En materia de redistribución de la riqueza, los objetivos pasan por elevar la recaudación fiscal hasta el 43% del PIB en 2050, ocho puntos más que ahora, y por reducir a la mitad la economía sumergida, desde el 20% al 10% del PIB.

En el documento, de unas 700 páginas, el Gobierno asegura que el sistema fiscal español recauda menos y redistribuye la renta y la riqueza peor que el de otros países europeos, situación que se agravó a partir de la crisis de 2008. Según el análisis del Gobierno, la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal se debe, por un lado, a las características del tejido productivo, pero también al "elevado" peso de la economía sumergida.

De esta forma, apunta que en 2019 la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la UE-27 y del 43% de la UE-8, por lo que el objetivo del plan 'España 2050' es situar este porcentaje en el 43% del PIB en 2050, con dos pasos previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 40% en 2040.

De hecho, el Gobierno ha encargado a un comité de expertos un estudio sobre el sistema fiscal español, que deberá presentar sus conclusiones en febrero de 2022, y la intención del Gobierno es que algunos de los cambios fiscales puedan entrar ya en vigor en 2023, siempre que la recuperación económica se haya consolidado.

En el caso concreto del IRPF y del IVA, que son las figuras tributarias que más recaudan en España, el documento del Gobierno afirma que los beneficios fiscales de ambos merman su recaudación; mientras que en el caso del Impuesto sobre Sociedades sus ingresos han caído "sustancialmente" desde la crisis de 2008.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, afirma que la falta de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, así como los beneficios fiscales introducidos por estas, limitan, "notablemente" su alcance.

La transición energética generará 250.000 empleos

El Gobierno estima además que la transición energética se traducirá en un aumento neto de empleo de en torno a 250.000 personas, de media al año, y en un incremento en el nivel del PIB próximo al 2% respecto a un escenario tendencial en 2050.

El Ejecutivo considera que las oportunidades que traerá aparejadas la transición energética a 2050 "son enormes", ya que España tiene un alto potencial fotovoltaico y eólico, cuenta con empresas punteras en el ámbito de las energías renovables y varias estrategias "ambiciosas" en marcha que marcan la hoja de ruta del proceso de descarbonización a medio y largo plazo.

Por ello, cree que "bien ejecutada y acompañada" de la modernización del tejido productivo, la transición podría generar esas "ganancias importantes" de empleo y actividad, y un ahorro sustancial de la factura que España paga anualmente por la importación de combustibles fósiles.