Joan Ribó. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El programa de incentivos ideado por el Ayuntamiento de València para animar a los propietarios a sacar sus viviendas vacías al mercado, conocido como Plan Reviure, ha vuelto a fracasar un año más. Su reformulación a la vista de que, otra vez más, no estaba despertando demasiado interés entre los ciudadanos tampoco ha sido un atractivo suficiente para darle la vuelta a un plan que parece gafado desde que arrancó.
La concejalía del ramo que dirige Isa Lozano ha acordado incluir cuatro inmuebles en el programa municipal. Exactamente, las únicas ofertas que recibió el Cap i Casal en 2022 para participar en el plan. La cifra es incluso inferior a la que logró en las tres ediciones anteriores: en 2021 fueron ocho; en 2020, seis; y en su primer año, en 2019, fueron nueve. De manera que el año pasado fue el peor desde que se puso en marcha el programa.
El Plan Reviure echó a andar al inicio de la legislatura actual con unas bases simples: el Ayuntamiento ofrecería ayudas económicas a los dueños de pisos vacíos para que pudieran reformarlos y posteriormente sacarlos al mercado del alquiler. El consistorio cubriría con hasta 20.000 euros las obras, pero como condición, los propietarios no podrían arrendar los inmuebles por más de 650 euros.
Con este programa el consistorio esperaba resolver dos problemas al mismo tiempo: incentivar el alquiler de pisos vacíos en la ciudad de València, donde el mercado se encuentra particularmente tensionado. Y por otro lado, ofrecer una solución habitacional a todas aquellas personas que no se pueden permitir los precios del alquiler actual.
En su primera edición no tuvo la acogida esperada, pero tampoco en la segunda ni en la tercera. Así que la institución que lidera Joan Ribó decidió cambiar las reglas del juego de cara a su cuarta edición para que tampoco esta fuera un revés: el pasado mes de abril, el consistorio reformuló el diseño de este programa. Si antes los dueños alquilaban los inmuebles directamente a los inquilinos, a partir de entonces sería el Ayuntamiento el que alquilaría las viviendas para, después, subarrendarlas a los inquilinos.
Eso sí, en total, los propietarios no podrían sacar sus pisos al alquiler por un importe superior a 650 euros mensuales. Con el cambio, la concejalía de Isa Lozano aseguraba a los caseros el pago de los alquileres, dado que este era uno de los principales temores que estos tenían: arrendar sus inmuebles vacíos y que luego les dejasen en algún momento de pagar.
De hecho, uno de los barómetros municipales reflejaba que cerca del 33% de las personas encuestadas que tenían una segunda vivienda, la mantenían vacía por la "desconfianza" que les generaban los inquilinos. La nueva metodología, por tanto, restaba inseguridad e incertidumbre en este sentido.
Pero ni siquiera esta variación ha servido para que aumente el número de interesados. De hecho, todo lo contrario: ha sido el año en el que peor resultados se han obtenido con la inclusión de apenas cuatro viviendas al parque público de la ciudad. Y con ellas, apenas se habrán podido incorporar 18 pisos en total en toda la legislatura.
Así pues, la concejalía de Lozano buscará a la desesperada 'perseguir' a los propietarios. "A principios del año que viene vamos a sacar una campaña de publicidad con el eslogan 'El Ayuntamiento alquila tu vivienda vacía'", explicó la munícipe en una entrevista a Plaza Radio, donde avanzó que emprenderá una acción de buzoneo "a todas las viviendas de la ciudad con cartas explicando el programa". Con ello, dijo la edil, busca quedarse "tranquila de que no es un problema de que la información no llega".
Con estos resultados sobre la mesa, la reacción del principal partido de la oposición no se ha hecho esperar. El Partido Popular de María José Catalá calificó de "fracaso" el plan estrella de vivienda del alcalde. Un programa que, de hecho, ha visto mermar su crédito desde 2019: del medio millón que tuvo reservado en 2021, a los 300.000 euros que tuvo en 2022.
"Con la minoración del crédito de la partida de Reviure para empresas privadas y para familias y entidades sin lucro en 200.000 euros, el Gobierno de Ribó y PSOE reconoce el fracaso de su programa", censuró este martes la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento. En opinión de Catalá, el bipartito debería activar "un plan serio de vivienda en la ciudad para dar respuesta a la demanda de piso de alquiler asequible y social", dado que en lista de espera "hay más de 2.500 familias y casi la mitad del parque de viviendas municipales está vacío por falta de gestión municipal".
