La Plataforma del Paisaje defiende que la DIA de la variante sur no contempla el riesgo de inundación

VALÈNCIA. La Plataforma por la Defensa del Paisaje de Pedralba ha presentado un contencioso-administrativo contra la ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la variante sur. Un documento que se emitió por primera vez en el año 2015 y que a finales de 2020 fue ampliado por la conselleria de Agricultura hasta 2022, lo que daría permiso para continuar con la ejecución de las obras dentro de ese periodo.

Sin embargo, la plataforma considera que la DIA ha quedado obsoleta y que además no contempla todos los riesgos ambientales que podría acarrear la construcción de una carretera en el entorno más inmediato del río Turia. Por ello, han llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana todas las deficiencias que han encontrado.

Y además, sabiendo que el proceso judicial podría alagarse durante años, también han pedido que se decreten medidas cautelares sobre la variante sur para que esta no se pueda ejecutar mientras la justicia se pronuncia con respecto a la DIA. 

"La Declaración de Impacto Ambiental se basó en un estudio que no contempló el rico patrimonio etnológico que existe por donde discurre el trazado de la carretera. Esto es, el conjunto formado por las huertas tradicionales del municipio y su estructura de acequias de origen árabe que forma parte del Parque Natural del Turia y conecta con su casco urbano", aluden en un comunicado desde la plataforma.

Del mismo modo, también denuncian que el informe tan solo tuvo en cuenta la existencia de tres especies piscícolas, "mientras que en la zona hay un total de 20 especies catalogadas", exponen. "Tampoco se calculó correctamente el riesgo de inundaciones, un aspecto que Juan Calduch, doctor en Arquitectura especializado en Urbanismo, señaló años atrás", critican. 

"Resulta difícil aceptar un proyecto con estas deficiencias tan importantes, igual que resulta difícil aceptar que la Diputació pidiera la prórroga de la DIA después de las inundaciones que se produjeron en el año 2019 como consecuencia de la DANA", continúan al respecto. Por ello, han llevado el documento al TSJ, que deberá pronunciarse sobre las presuntas deficiencias de este informe y determinar si la DIA es válida o no para continuar con el proyecto.

Alternativas al trazado propuesto

La Plataforma por la Defensa del Paisaje sigue insistiendo en la necesidad de construir una carretera que pueda aliviar el paso de vehículos pesados por el interior del municipio. Sin embargo, consideran que el trazado que se ha escogido para la variante sur no es el indicado, y añaden: "Durante la pasada legislatura, la Diputació de València contempló en sus presupuestos el estudio de alternativas, pero quedaron descartadas por motivos económicos". 

Según explican, estas alternativas harían posible la construcción de una carretera sin que el trazado tuviera que pasar necesariamente por el entorno del parque natural. Sin embargo, la Diputació ya comenzó en su momento a expropiar los terrenos para poder ejecutar la obra, y estima que las pérdidas de cambiar el trazado podrían ascender a los 417.000 euros en indemnizaciones para los propietarios. 

Finalmente, el ayuntamiento de la localidad tampoco se muestra de acuerdo en estudiar otras alternativas y exige a la Diputació que comience inmediatamente a ejecutar el proyecto tal y como estaba previsto. "La variante tiene toda la documentación en regla y ahora mismo podríamos estar ejecutándola porque no hay ningún impedimento legal para hacerlo", apuntaba la alcaldesa, Sandra Turégano.

Por el contrario, la Diputació de València ha preferido actuar con cautela y no realizará más movimientos hasta que los tribunales se pronuncien sobre el contencioso-administrativo que ha presentado la Plataforma por la Defensa del Paisaje: "Tendremos que ver si les dan las medidas cautelares que han pedido o no", reconocen desde el ente provincial. Una actitud que no ha gustado en absoluto al gobierno local, que incluso se manifestó este lunes a las puertas de la institución para exigirle que pusiera en marcha las obras inmediatamente.

Actualmente, la Diputació debía invertir 600.000 euros de su remanente de tesorería en seguir pagando expropiaciones de terrenos. Un proceso que por el momento está paralizado. En total, el ente provincial tenía previsto invertir más de 3,5 millones de euros en la ejecución de esta obra, la cual ha pasado por muchos escollos desde que se aprobó en 2014.