VALÈNCIA. Cuando el president de la Generalitat, Ximo Puig, se enfrentó a su segundo Debate de Política General lo hizo cargado de una buena cantidad de compromisos, algunos de ellos muy ambiciosos. Entre estos, un proyecto estrella: el plan de construcción y mejora de centros escolares en colaboración con los ayuntamientos dotado de 700 millones de euros para acabar con los barracones.
Este lunes, apenas un mes después de anunciar aquella pretensión, se presentó en el Palau de la Generalitat Edificant, el instrumento de colaboración entre el Gobierno valenciano y los consistorios para agilizar los trámites y alcanzar el objetivo proyectado: edificar 200 colegios y reformar otros 500. A través de esta herramienta, el Consell transferirá a los ayuntamientos su correspondiente línea presupuestaria, y estos, a su vez, deberán encararse de adjudicar las obras y realizar el seguimiento para evitar sobrecostes como sucedió con Ciegsa.
Sin embargo en Podemos no se fían. La formación morada ya planteó sus dudas sobre este proyecto en el mismo debate del 13 de septiembre y, más tarde, en una rueda de prensa en la que anunciaron cuáles iban a ser sus prioridades para apoyar los Presupuestos de la Generalitat en 2018. Ahora, tras la presentación de Edificant y a la espera de que este viernes el pleno del Consell apruebe el decreto ley que dará forma a este plan, la formación que lidera Antonio Estañ quiere dejar claro que va a estar vigilante.
El exsíndico de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, y su sucesor, registraron este jueves una moción en la que instan al Consell a "asumir el compromiso de presentar en la comisión correspondiente de Les Corts informes semestrales" sobre el ritmo de implantación y estado de ejecución de Edificant, así como de las inversiones de la Conselleria en materia de infraestructuras educativas.
La intención, recoge el texto, es que la ciudadanía pueda verificar que lo prometido, se está haciendo. Pero la propuesta no acaba ahí. El socio crítico parlamentario del Botànic quiere que se fije un ritmo "ordenado y continuo" para "erradicar de manera definitiva y con urgencia" los barracones. Una cuestión que los partidos del Botànic llevaron en sus programas electorales y que al Consell le está costando más de lo esperado acometer.
La formación morada también quiere que estas inversiones se planifiquen de tal manera que se "favorezca la equidad territorial y social", que se evite la "desigualdad entre municipios o barrios por razón de su situación económico presupuestaria, mayoría política o cualquier otro criterio meramente coyuntural".
Para terminar este paquete de exigencias, Podemos pide al Consell que no haga "dejación de sus responsabilidades" para asegurar que las inversiones no dependan "exclusivamente de la voluntariedad de las adhesiones de unos u otros municipios". Además de que adopte las medidas pertinentes para garantizar la continuidad de las actuaciones recogidas en el mapa de infraestructuras, tanto de las localidades ya adheridas a aquel plan, como para aquellas que no lo hicieran en su momento.
Como si se tratara del Hermano Mayor de 1984 de George Orwell, Podemos no cesa en su papel vigilante con las políticas del Consell. La fiscalización de los morados a menos de 20 meses de las autonómicas de 2019, no cesa.