Por qué Carmen Calvo prefiere la sanidad privada

El ingreso por coronavirus de la socialista Carmen Calvo en la exclusiva Clínica Ruber Internacional de Madrid en lugar de en un hospital público ha debilitado uno de los cuatro pilares del argumentario del aparato propagandístico del Gobierno para justificar su incompetencia; a saber: la culpa es de la privatización de la sanidad, la culpa es de los recortes del PP, no es momento de críticas y nadie pudo prever el alcance de la pandemia.

La vicepresidenta es como esos políticos a los que se les llena la boca defendiendo la educación pública y luego llevan a sus hijos al Colegio Alemán o se cambian de barrio para elegir el mejor colegio concertado. Viendo las imágenes de Urgencias del hospital Infanta Leonor, uno entendería que no quisiera esperar en un pasillo atestado de gente tosiendo y con enfermos tirados por el suelo, pero su decisión no se debe a las actuales circunstancias.

Como funcionaria, Calvo elige cada mes de enero si durante ese año deposita su confianza en la sanidad pública o en la privada a través de Muface, ese sistema de colaboración público-privada que creó Franco y que sobrevive sin que ningún sindicato de los que rechazan la privatización de la sanidad pública haya pedido su supresión. De hecho, el Gobierno al que pertenece Calvo amplió en diciembre un 4,5% la dotación destinada a Muface para mejorar la cartera de servicios a través de hospitales privados. Así que Carmen Calvo elige cada año la sanidad privada, como hace el 80% de los funcionarios. 

Eso no es creer en la sanidad pública. Creer es lo que hago yo –defensor de la colaboración público-privada porque no es incompatible–, que desde hace un par de años soy beneficiario de un seguro médico privado que paga mi empresa pero continúo acudiendo al centro integrado de Juan Llorens y al Hospital General porque hasta ahora me han tratado muy bien. Y porque he oído tantas veces que la sanidad española es de las mejores del mundo, que he acabado creyéndomelo. Hasta ahora.

Menos lobos...

Da la impresión de que la afirmación de que tenemos la mejor sanidad pública del mundo responde, además de a debilidades humanas como la inmodestia o el patriotismo, a la percepción de quienes viajan al extranjero y tienen un problema médico, así como a la evidencia de que el nuestro es un sistema casi universal en el que se atiende sin pedir cuentas a casi todo el mundo, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Desde ese punto de vista sí es el mejor, el más humano.

Probablemente también lo sea desde el punto de vista de la cualificación y dedicación de sus profesionales, muy valorados en el extranjero. Lo están demostrando estos días. La misma profesionalidad que demuestran los sanitarios de los hospitales privados, como habrá podido comprobar la vicepresidenta Calvo, felizmente recuperada. Sin ellos y sin los hospitales donde trabajan el sistema habría colapsado del todo en estas dramáticas circunstancias.

La realidad es que España tiene un gran sistema sanitario gracias a una extensa sanidad pública, a una importante sanidad privada que la complementa y a una colaboración público-privada demonizada por buena parte de la izquierda que cree que es indecente hacer negocio con la salud, como si en la pública no se hiciera negocio.

Si los médicos, enfermeros, auxiliares y celadores son igualmente profesionales, ¿qué diferencia la sanidad pública de la privada? La gestión. La sanidad privada está dirigida por profesionales y la pública está en manos de políticos, amiguetes de Carmen Montón y algunos profesionales elegidos antes por su afinidad que por su valía. Si los hospitales públicos de gestión privada tienen menos listas de espera que los de gestión pública no es porque sus médicos sean mejores sino porque están mejor organizados y son más eficientes.

Hace unos días Ana Barceló dio los datos de personal sanitario contagiado por hospitales. En Elche hay dos hospitales públicos, el General y el Elx-Vinalopó. El primero es de gestión pública y el segundo, de gestión privada. El primero tiene el doble de camas que el segundo. El primero tenía 24 trabajadores sanitarios contagiados, y el segundo, uno. Pregunté a Ribera Salud, concesionaria del hospital Elx-Vinalopó, y me explicaron que como también son concesionarios del hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), localidad donde se situó el primer gran foco de contagios en España, viendo el panorama decidieron ya en febrero asegurarse el aprovisionamiento de material de protección para los trabajadores de todos sus hospitales a través de su central de compras –dicen que no les ha faltado aunque estos días sufren como todos las tensiones del mercado–. Además, antes de tener ningún caso separaron las urgencias, por un lado quienes venían con problemas respiratorios, atendidos por personal protegido, y por otro el resto de patologías, para evitar que posibles infectados por coronavirus contagiasen a quien acude porque se ha roto un dedo. En fin, previsión, que es lo que más se echa en falta en la gestión pública de esta crisis.

A lo que íbamos: ¿por qué Carmen Calvo renueva cada año su confianza en la sanidad privada? Pues porque la vicepresidenta del Gobierno socialista confía más en la privada que en la pública, acaso porque ha conocido a muchos ministros y consejeros de Sanidad y sabe en qué manos estamos.

Decía al principio de la privatización de la sanidad era uno de los mantras gubernamentales para tapar sus carencias. Del resto, la única verdad es que el PP recortó el gasto en Sanidad durante la crisis que empezó en 2008 –lo hicieron todas las CCAA y el PP gobernaba en la mayoría– y sin esos recortes este tsunami habría sido quizás algo más manejable. Aunque en el caso de la Comunitat Valenciana, en esos diez años largos no se han quitado camas en la sanidad pública sino todo lo contrario: se inauguraron los hospitales de Llíria, Dénia –gestión privada–, Gandia y la nueva Fe.

Dice también el Gobierno que no es momento de críticas sino de arrimar el hombro. Es decir, que no se repita la actuación de la oposición cuando gobernaba el PP en catástrofes como el 11M, el Prestige o el ébola, donde hubo manifestaciones en toda España por el sacrificio del perro de una infectada. No es momento de críticas, ahora que miles de ancianos, miles, están muriendo precisamente como perros porque la sanidad española de la que tanto presumimos no tiene sitio para ellos.

Un ERTE en algunas empresas públicas

La EMT de València ha sido la primera empresa pública valenciana que ha planteado a sus trabajadores la posibilidad de un ERTE. Un acierto de Josep Enric García y Giuseppe Grezzi, tan cuestionados en esta columna por el asunto de la estafa china, porque el ERTE es una herramienta de ayuda estatal para que las empresas que no van a poder pagar las nóminas por haber cesado la actividad o haberla disminuido drásticamente no tengan que despedir a nadie y acabar cerrando.

La EMT no va a despedir a nadie ni a cerrar, igual que Cacsa, el Palau de les Arts o el Ivam, por poner otros ejemplos en los que los trabajadores están en casa sin posibilidad de teletrabajar. Pero si no aprovechan la oportunidad de que el Estado se haga cargo de parte del coste salarial –la empresa podría complementar la prestación hasta el 100% del sueldo–, las pérdidas millonarias que este parón causará en estas sociedades públicas las acabaremos pagando los contribuyentes valencianos.