El portavoz del PSPV defenderá al empresario Febrer, supuesto cabecilla del 'caso Azud II'

VALÈNCIA. Manolo Mata es portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes y número dos del partido. Y, a partir de ahora, también defenderá a Jaime Febrer, supuesto cabecilla de la trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se indaga en la segunda fase del caso Azud. "Es legal, compatible con mis cargos, ético e incluso estético", defendió este miércoles. El constructor es, para los investigadores, la clave de bóveda de esta última parte de la causa. Creen que habría creado una red de sobornos a políticos de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, incluyendo el de la capital, como pago por adjudicaciones públicas. Cantidades que, supuestamente, blanqueaba su ingeniero fiscal. 

Desde el pasado 15 de mayo se encuentra en prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas junto a otros de los principales acusados: el exvicealcalde de València Alfonso Grau (PP) y el hasta hace poco subdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio (PSPV). Otros dos empresarios se encuentran en libertad desde este martes. Precisamente allí, a Picassent, fue a visitar recientemente Mata a Febrer, tal como publicó Las Provincias. El abogado y socialista –llevo 40 años siéndolo, afirmó este miércoles– era consciente de que el encuentro acabaría trascendiendo, pero su decisión de defenderle parece que se ha visto acelerada por este motivo. 

El síndic del PSPV en Les Corts mantiene una estrecha relación con el principal abogado del empresario, Miguel Vergara, con quien ha colaborado en diversos asuntos judiciales desde hace años. Una vinculación a la que atribuye la procedencia de la oferta de llevar la codefensa de Febrer. "Se me propuso y he decidido esta misma mañana que lo acepto", señaló Mata durante la rueda de prensa de la Junta de Síndics de este miércoles. 

Una explicación simple que, sin embargo, no oculta las complejas consecuencias políticas de lo que supone. El caso Azud, que dirige el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, relata unos hechos ocurridos durante la etapa del PP al frente del Ayuntamiento de València –aunque incluye otros consistorios de la Comunitat y diversas entidades públicas locales y estatales– entre los años 2004 y 2011. Pero el PSPV se encuentra salpicado de lleno en él. Además de Rubio, están investigados otros dos cargos vinculados a los socialistas: el que fuera financiero del partido, Pepe Cataluña, y el actual jefe de prevención de riesgos penales de la empresa pública Divalterra (dependiente de la Diputación de Valencia), José Luis Vera. 

El primero habría realizado el papel de conseguidor de contactos o mediador entre Febrer y consistorios gobernados por el PSPV durante esos mismos años. El segundo habría sido la persona que puso en contacto a Rafael Rubio con el empresario después de las denuncias del primero contra Grau por operaciones urbanísticas. Además, habría ejercido de enlace en otros niveles de la trama y estuvo como apoderado en 2007 y 2008 de Construcciones Valencia Constitución, de la que era propietario el constructor.

Si aparte de lucro personal para estas personas también hubo beneficio para el PSPV es todavía una incógnita. Las sospechas existen, aunque por el momento no hay una línea de investigación judicial abierta al respecto. En las fechas en las que se produjeron los hechos el delito de financiación irregular de los partidos no existía, ya que fue incorporado al Código Penal en la reforma de 2015. Esto supone que no se pueda perseguir. A ello se suma que, en el caso de que incluso esa financiación hubiera sido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 –algo que ni siquiera está comprobado– se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito. Por lo tanto, únicamente se podría tirar por la vía del cohecho a no ser que apareciera algún elemento nuevo. 

"No ha sido una decisión de partido"

Pese a todos estos interrogantes judiciales, la implicación de cargos socialistas resulta evidente. Algo que lleva a Manolo Mata a un posible conflicto de intereses de un dirigente que marca la posición de su formación en el Parlamento autonómico y, a la vez, tendrá que llevar una estrategia judicial en un caso de corrupción que afecta al PSPV. Durante su comparencia tras la Junta de Síndics rechazó "teorías conspiranoicas" del PP de que fuera a visitar a Febrer a la cárcel para obtener información sobre el caso. "Sólo fui a conocerle porque quien tiene que estar seguro de que lo lleve un abogado es quien lo contrata. Ni lo conocía ni lo había visto nunca antes. Me pareció una persona razonable que merecía el derecho fundamental a la presunción de inocencia y sobre todo al ejercicio normal de la defensa", indicó. 

El portavoz socialista quiso dejar claro que no ha sido "una decisión de partido", sino personal, y que "nadie" le pidió que fuera a visitar al empresario a la prisión. "Sé que cuando la tomo puede ser un lío", reconoció. Mata hizo hincapié en que como parlamentario sin dedicación exclusiva cumple "escrupulosamente" con sus incompatibilidades, que son no llevar pleitos contra la Generalitat o a su favor. Incluso prometió que renunciaría a la defensa si se produce el "menor riesgo" de que su labor política afecta al proceso o si en algún momento su papel como abogado "perjudica mucho" a alguien que estima. "Si esto tuviera que ver con el Botànic entre 2015 y 2021, no lo hubiera aceptado, muy a mi pesar", añadió.

Sobre Rubio, cesado y suspendido cautelarmente de militancia, remarcó que cree "en su inocencia" y que "sería una decepción muy grande si hubiera elementos determinantes que pusieran en duda esa afirmación". 

No se trata del único caso de presunta corrupción en el que Mata se encuentra actualmente como abogado. Aunque no resulta comparable en gravedad de hechos ni en las personas a las que defiende, también lo hace en Alquería, la causa que investiga supuestas contrataciones irregulares en la empresa Divalterra y que sentará en el banquillo al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. Aquí lleva la defensa de uno de los altos directivos colocados de forma ilegal, de acuerdo con el juez y el fiscal.