El president de la Generalitat, Ximo Puig, habla con la síndica del PPCV, Isabel Bonig. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. El pleno de Les Corts aprobó este miércoles una reforma de la Ley de Espectáculos Públicos para eliminar la disposición que establecía la obligatoriedad de contar con dos médicos durante la celebración de los 'bous al carrer'. Una propuesta planteada por el PP y que sumó los votos a favor de Ciudadanos, Vox y PSPV. Compromís y Unides Podem se quedaron solos en esta ocasión.
La circunstancia que resulta significativa por dos cuestiones principales. Por una parte, los socialistas fueron junto a valencianistas y morados quienes propusieron y aprobaron en la legislatura pasada que en este tipo de festejos fuese necesaria la presencia de un segundo médico. Por otra, porque con la reforma de este miércoles se elimina una exigencia que en la práctica nunca ha llegado a aplicarse porque el Botànic validó una moratoria de dos años para su entrada en vigor tras la protesta del sector taurino.
La historia se remonta a diciembre de 2017, cuando PSPV, Compromís y Podem introdujeron una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos a través de la Ley de Acompañamiento que obligaba a los municipios valencianos a contar con un segundo médico durante la celebración de festejos taurinos. Un cambio normativo que despertó numerosas quejas en las peñas taurinas y en la que tomó partido también el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el socialista José María Ángel, que pidió la suspensión de este requisito pocos meses después de haberse aprobado la norma.
Un contexto por el que los grupos parlamentarios del bloque de izquierdas buscaron alternativas a esta exigencia para mitigar la polvareda levantada. El PSPV halló en la moratoria de dos años una solución transitoria para el malestar que la ley había generado. Compromís y Ciudadanos vieron con buenos ojos la oferta, ya que consideraban que era un plazo óptimo para intentar llegar a un consenso con los sectores implicados, analizar la viabilidad económica de los municipios valencianos para cumplir con esta obligación, estudiar qué localidades se verían afectados y la disponibilidad de médicos existentes para hacer frente a esta fiesta.
Esta moratoria fue finalmente presentada por la coalición valencianista y los socialistas en febrero de 2018. Esto es, dos meses después de haberse aprobado la ley de Acompañamiento para ese año en el último pleno de diciembre. El cambio fue apoyado por ellos mismos y también por Ciudadanos, mientras que el PP y Podem se abstuvieron. Los primeros, porque consideraban que este aplazamiento era "una trampa" y pedían directamente su derogación; los segundos, porque no querían que esta moratoria pudiera interpretarse como la antesala de la supresión de la obligación de contratar un segundo médico. Aún así, los votos de PSPV, Compromís y Cs bastaron para que la ley no tuviera que empezar a aplicarse hasta el 1 enero de 2020.
Ahora bien, la historia no quedó ahí. Un año después, los socialistas propusieron en una Junta de Síndics incluir en el último pleno de febrero una Proposición de Ley para derogar definitivamente este apartado que exigía el segundo médico de la normativa de Espectáculos Públicos. Ciudadanos y el PP secundaron esta una iniciativa y fue presentada de forma conjunta por estas tres formaciones.
Sin embargo, en la siguiente Junta de Portavoces el síndic de los socialistas en Les Corts, Manolo Mata, propuso cambiar esta proposición de ley del orden del pleno por la reforma del Estatuto valenciano que adecuaba las inversiones que realiza el Estado en la Comunitat Valenciana al peso poblacional de la autonomía y que la semana anterior había sido aprobada en el Senado. ¿El motivo para hacer este intercambio? Poder adelantar las elecciones autonómicas del 26 de mayo al 28 de abril.
No en vano, el president de la Generalitat tenía como fecha límite el 5 de marzo para poder adelantar los comicios, ya que tal y como señala la Ley Electoral, la convocatoria de elecciones y disolución de una cámara debe realizarse a 54 días de la cita en las urnas. Con ese escenario, si la reforma del Estatuto no se hubiese introducido en el pleno del día 28 de febrero, el debate sobre la modificación de la Carta Magna valenciana se hubiera tenido que dejar para la siguiente sesión parlamentaria que hubiera tenido lugar el 6 y 7 de marzo, algo imposible si hay adelanto por la obligatoria disolución de Les Corts.
Es decir, la probabilidad de adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana hubiera quedado completamente descartada porque se habría superado el margen temporal establecido por la ley. Y sin estar esta reforma del Estatuto aprobada, Puig no se hubiera planteado adelantar las elecciones y disolver la Cámara dado que esta es una modificación histórica cuya tramitación se retrasó más de 40 veces en el Congreso de los Diputados y más de siete años. Con estos mimbres, resultaba impensable que el jefe de Consell la hubiera desplazado a un cambio de calendario por razones simplemente electorales.
Con todo, la proposición de ley para derogar el segundo médico en los bous al carrer firmada por PSPV, Ciudadanos y PP quedó en el cajón. Pero después de las elecciones autonómicas los populares registraron la misma iniciativa en solitario. Con una diferencia significativa, eso sí: no pidieron que se hiciera por procedimiento de lectura única, por lo que antes de la votación de este miércoles, PSPV y PP pactaron una enmienda transaccional para que fuese incluido en el texto.
El matiz no era baladí, ya que al hacerse por procedimiento de lectura única la reforma de la ley es inmediata a la espera de ser publicado el cambio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). De lo contrario, la norma tendría que pasar por todos los trámites parlamentarios -toma en consideración, fase de participación, enmiendas de los grupos parlamentarios...- y esto habría retrasado su validación aproximadamente tres meses. Un plazo del que PP, Ciudadanos, Vox y los socialistas no disponían, pues el 1 de enero de 2020 finalizaba la moratoria y la obligación de contar con un segundo médico habría entrado en vigor.
