ALICANTE (EP). El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha calificado de "debate bastante ridículo" que se polemice sobre si debería ser él quien respondiera ante Les Corts sobre la situación financiera de la Comunitat y los posibles recortes y no el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Aún así, ha anunciado que comparecerá "en una semana" y podrá "dar explicaciones".
Puig ha recalcado, no obstante, que es el Consell quien decide quién da explicaciones "en cada momento" y ha señalado que él mismo acudirá a Les Corts "dentro de una semana", aunque el responsable de Hacienda es el conseller. "Si vamos a dar explicaciones y ahora se genera otra discusión, me parece que no se quiere saber realmente lo que ha pasado", ha considerado.
A preguntas de los medios en Alicante al respecto de la polémica, Puig ha sostenido que "lo que ha pasado es que la alianza entre los independentistas y las derechas ha hecho posible la destrucción del mejor presupuesto posible que había para la Comunitat Valenciana en décadas", en alusión a los Presupuestos Generales del Estado.
En ese sentido, ha exigido que la oposición "asuma su responsabilidad" y "no quienes intentamos que hubiera un proyecto de presupuestos que beneficiara a los valencianos".
Asimismo, preguntado sobre el modelo de financiación vasco y navarro y su posible traslado a la Comunitat Valenciana, Ximo Puig ha alegado que el sistema que se defiende desde el Consell es el de la "igualdad entre ciudadanos y singularidad entre territorios".
"Entendemos la singularidad, pero lo que no se puede es acabar generando una desigualdad y una discriminación objetiva", ha dicho y ha sostenido que su modelo es el que atienda "al principio básico: la igualdad entre ciudadanos", sin que puedan dándose "diferencias de trato" que ahora, a su juicio, existen dentro de España.
Cuestionado sobre si se podría trasladar a la Comunitat Valenciana el modelo vasco y navarro, Puig ha insistido en que lo que se plantea es "la igualdad" dentro del sistema común.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal