El conseller Vicent Soler junto al diputado José Muñoz. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Entre las 10.00 y las 20.00 horas de este miércoles, el posicionamiento público de las fuerzas que conforman el Botànic dio un vuelco en uno de los temas de la agenda política más relevantes que existen actualmente: la financiación autonómica. La jornada finalizó con una votación en Les Corts Valencianes en la que todos los partidos menos Vox exigían al Gobierno central que la reforma del modelo se apruebe en 2021 y entre en vigor el 1 de enero de 2022. Lo que ocurrió entre medias le sorprenderá. O ya no.
El Parlamento autonómico acoge esta semana el Debate de Política General o Debate del estado de la Comunitat, una de las citas más importantes del año junto a la de la aprobación de los Presupuestos. Ésta da inicio al periodo de sesiones y arrancó el pasado lunes con el discurso del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ayer miércoles continuaba con el debate de las propuestas de resolución que presenta cada grupo de la Cámara. Unos textos que, aunque no son vinculantes, marcan la línea política que los partidos seguirán en los próximos meses en forma de deberes al Consell y que, teóricamente, suponen un compromiso.
La financiación autonómica, cuestión capital para el territorio, no podía faltar. Pero combinada con las intencionalidades estratégicas de cada formación provocó un buen lío. El PP llevaba una propuesta y el Botànic otra. Y los primeros, con ganas de buscar las cosquillas a los socios de Gobierno, lo consiguieron.
El texto de los populares recogía muchas de las reclamaciones que tanto Puig como el conseller de Hacienda, Vicent Soler, han verbalizado a lo largo de los últimos años. Al igual que el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. Entre ellas, que el nuevo modelo debe asumir los costes básicos de las comunidades autónomas en materia de educación, sanidad y políticas sociales con la premisa de la población ajustada o que deberá abordar la deuda histórica de la Comunitat con la articulación de los mecanismos necesarios que hagan efectiva la devolución de las cantidades asumidas.
También que, en caso de no producirse la aprobación del modelo en 2021, el Gobierno central transfiera a la Comunitat un fondo de nivelación de, como mínimo, 1.336 millones de euros no retornable (cantidad que cada año se incluye de manera ficticia en las cuentas de la Generalitat como ingresos). El texto incluye igualmente que se ejecuten todas las inversiones que constan en los actuales Presupuestos Generales del Estado y que las próximas sean de acuerdo al peso poblacional.
La propuesta fue defendida al inicio del pleno de Les Corts por el diputado del PP Rubén Ibáñez, mientras que el turno de réplica fue ejercido, en nombre del Botànic, por el socialista José Muñoz. En su intervención, expuso que había dos puntos con los que no estaban de acuerdo. Uno, con las fechas de luz verde y entrada en vigor de la reforma. Y otro, con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que finalizara el próximo octubre para que el Ejecutivo central presente a las comunidades el borrador del nuevo sistema.
"No podemos apoyarlo. La aprobación no depende del Gobierno, requiere un acuerdo parlamentario en el Congreso. ¿Qué hará el PP cuando llegue la propuesta? ¿Lo que le diga Feijóo o Mañueco? ¿Lo que le diga Génova? ¿Apoyará un sistema en contra de los intereses valencianos?", indicó. En cuanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, señaló que lo que se lleva a él se acuerda con anterioridad a su celebración en la comisión Consell-Cortes. "Usted está intentando trampear. Nosotros no estamos rompiendo el consenso. Elimine esos dos puntos porque la mano del Botànic para este tema esta tendida", zanjó el diputado del PSPV.
Desde el PP, Ibáñez respondió que Muñoz le había llamado para tratar de pactar sólo 45 minutos antes del pleno y que no iba a retirar los puntos que pedía. Y ahí quedó la cosa en lo que al debate dentro del hemiciclo se refiere. Pero en los pasillos y en privado continuó.
El portavoz del PSPV Manolo Mata afirmó ante los medios que "lo que hay que pactar con el PP sobre financiación es lo que ya se viene pactando desde hace tres años; sobre agua lo que ya está en el Acuerdo de Reconstrucción; y sobre infraestructuras lo que ya se viene haciendo, pues no han realizado ni una propuesta nueva ni osada, solo la crítica destructiva". Frente al no y no del debate parlamentario, ya llegaba algo de ambigüedad.
Las contradicciones por algo como una propuesta de resolución iban a ser demasiado visibles. Y eso debían pensar en Compromís, donde su portavoz, Fran Ferri, sí se mostró abierto al acuerdo con los populares en declaraciones a los periodistas. En privado, fuentes de la coalición admitían que "lo que decía ese texto no era nada que nosotros no hubiéramos dicho ya antes". Su intención desde el primer momento sí parecía que era intentar llegar a un entendimiento y así se lo hicieron saber a los socialistas.
A ello contribuía todo lo ocurrido hasta ahora. La financiación autonómica ha logrado poner detrás de la misma pancarta a la gran mayoría de partidos valencianos. Incluso ha llevado a escenificar alianzas políticas entre Ximo Puig y otros presidentes autonómicos de signo contrario como el andaluz, Juanma Moreno (PP). Que las fotografías y los gestos no sirvieran para que Consell y parte de la oposición llegaran a un acuerdo en Les Corts resultaba sorprendente.
Con el paso de las horas, nuevas conversaciones a varios niveles y mientras Compromís presionaba, el posicionamiento del PSPV viró (hay quien afirma que realmente iba a ser ese desde el principio pese a lo sucedido públicamente). La importancia del frente unido pareció pesar y, a mitad tarde, los socialistas recularon oficialmente y decidieron apoyar la propuesta inicial de los populares, de la que no se tocó una coma. Éstos no hicieron lo mismo con la del Botànic, que fue rechazada por toda la oposición.
Pasadas las 20.00h, tuvo lugar la votación entre indisimulado cachondeo en la bancada del PP. El texto salió adelante con el apoyo de todos los partidos menos Vox. Y la historia acabó con comunicados oficiales. El PSPV, Compromís y Unides Podem explicaron en el suyo que habían apostado "por conseguir la máxima unidad en Les Corts Valencianes para defender una financiación justa para la Comunitat". "La prioridad del Gobierno valenciano siempre será la búsqueda del máximo consenso para exigir un modelo que asegure un reparto justo de los recursos, sin caer en el frentismo y la confrontación", argumentaron.
Con una coletilla en la que hacían constar que habrían preferido "una mayor predisposición del Partido Popular para llegar a acuerdos más beneficiosos para la Comunitat como los que incluía la propuesta Botànica", consideraron "esencial" que en debates tan importantes como el celebrado estos días en el Parlamento autonómico "salga una voz lo más unida posible en defensa de los intereses" valencianos.
Los populares lo vendieron como un éxito. "La posición firme del PP y la voluntad de aunar consensos ha logrado que el Botànic, que había anunciado su voto en contra, tuviera que echar marcha atrás, de lo que nos alegramos", señaló su portavoz, María José Catalá. "Nos hubiera gustado llegar a acuerdos con el agua y las infraestructuras, pero es un paso positivo que se haya apoyado nuestra propuesta sobre financiación. La lealtad a los valencianos está por encima de las siglas", concluyó. Y así se marcharon sus señorías a reposar.
